El Gobierno llevará a la ONU la ofensiva de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana contra la Ley de Memoria

El Gobierno elevará “por su gravedad” a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y principales instancias europeas las iniciativas por parte de la coalición PP-VOX en Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana contrarias a los valores que recoge la ley de Memoria Democrática. Hace tres días, el Ejecutivo Central también anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Las tres comunidades autónomas, donde el PP gobierna junto a la ultraderecha, decidieron presentar las llamadas “leyes de concordia” por las que pretenden derogar la actual ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el pasado 2022 en la pasada legislatura.

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Fuentes gubernamentales aseguran que el Ejecutivo recurrirá al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación, así como al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, para que evalúen la conformidad de estas medidas con “las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos”.

También elevará el caso al Parlamento Europeo y el Consejo de Europa (CdE), donde promoverán distintas iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Parlamento Europeo para su debate y votación por parte del Grupo parlamentario Socialistas y Demócratas (S&D) .

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Según afirma el Ejecutivo, se estaría cometiendo una posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos. Por ello promoverán en el CdE las siguientes actuaciones, por lo que instará al Consejo de Europa, un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria “para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox”.

Debido a la “gravedad de la situación”, Moncloa informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos para ponerles en conocimiento de la “gravedad de la situación”. Por último, solicitarán la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en nuestro país.

Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera comunidad en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de los tres grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y el Partido Aragonés (PAR).

A continuación, PP y Vox presentaron el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición, una proposición de ley de la “concordia” que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria y que, según Vox, eliminará los “términos guerracivilistas” y mantendrá la reparación de todas las víctimas.

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En la misma línea, el PP y Vox, que gobiernan juntos en Castilla y León -la primera comunidad en la que entró la extrema derecha-, presentaron allí el 26 de marzo una proposición de ley de la “concordia” para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica, aprobado dos años atrás por los populares.

Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Constitución española de 1978, al tiempo que suprime la palabra “dictadura” para referirse únicamente como franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya anunció este martes que el Gobierno incluirá “de oficio” en la Ley Estatal de Memoria Democrática todo lo que los ejecutivos autonómicos del PP y Vox eliminen de sus leyes.