Juicio al rey: la ejecución de Carlos I de Inglaterra

En noviembre de 1648 llegó a su fin la guerra civil inglesa, que había enfrentado al ejército parlamentario con las fuerzas del rey Carlos I. Durante los seis años que duró, aquel terrible conflicto había dejado un reguero de sangre y destrucción. También había demostrado la capacidad de manipulación y la terquedad del soberano inglés, que en las diversas negociaciones que había mantenido con sus adversarios empleó toda clase de artimañas para preservar sus poderes. 

Al final, Oliver Cromwell, jefe del ejército parlamentario, y otros dirigentes radicales empezaron a hablar de la «providencia y necesidad» de que el rey muriese. Para ellos, había llegado el momento de instaurar una república e introducir la tolerancia religiosa, suprimiendo el jerárquico gobierno episcopal de la Iglesia anglicana en beneficio del modelo de los puritanos, partidarios de un sistema eclesiástico presbiteriano, basado en la igualdad de sus miembros. De este modo, el 20 de noviembre de 1648, unas semanas después de que hubieran capturado al rey en la isla de Wight y lo hubieran confinado en Hampton Court, Cromwell y los suyos exigieron al Parlamento que juzgara al soberano como traidor. 

Sin embargo, el Parlamento tenía otras miras. Los diputados presbiterianos temían que los más radicales suprimieran su propia organización eclesiástica, y pensaban que la monarquía podía ayudarles a mantenerla. Por ello, intentaron llegar a un acuerdo con el soberano. Pero el ejército no lo permitió. El 6 de diciembre un destacamento se situó en la entrada de la asamblea y, conforme iban llegando los diputados, verificó si figuraban en una larga lista de miembros del Parlamento de quienes se dudaba que fueran rigurosamente antimonárquicos. Al final fueron detenidos 45 de ellos, y 146 quedaron excluidos; sólo 75 diputados permanecieron en la asamblea. Así nació el Rump Parliament, «Parlamento Rabadilla», un término que aludía a que del Parlamento legítimo sólo habían quedado los restos. 

Comienza el juicio 

En los días siguientes este Parlamento, amputado de la mayoría de sus miembros, aprobó la creación de un tribunal extraordinario, la Alta Corte de Justicia, integrado por 3 jueces y 135 comisarios, que tenía una formidable misión: juzgar si el rey era un traidor y si debía ser castigado con la pena de muerte. El sábado 20 de enero de 1649, el tribunal se reunió por primera vez en el Westminster Hall, única parte que hasta hoy ha sobrevivido del antiguo palacio de Westminster, donde habían sido juzgados anteriormente personas de la importancia de Tomás Moro y Guy Fawkes, y donde hasta nuestros días se instala la capilla ardiente de los monarcas fallecidos. Por evidente renuencia a juzgar al monarca, acudieron sólo 67 de los 135 comisarios parlamentarios escogidos. Dado que las principales autoridades judiciales del país se habían negado a participar en el proceso, ocupaba la presidencia John Bradshaw, magistrado principal de un condado de provincias. 

Reunido el tribunal, hizo su entrada la figura menuda y elegante del soberano. En la mano llevaba un bastón con pomo de plata, y en la cabeza, un sombrero alto de ala ancha. Carlos Estuardo, prematuramente envejecido a causa de la guerra y el cautiverio, tenía la barba canosa y el pelo sin cortar. Las facciones finas y las manos delicadas del rey acentuaban su aire altivo. Aunque la vista era pública, un tabique de madera detrás del asiento del monarca impedía al público contemplar más que la copa del sombrero que llevaba el rey –el tribunal había decidido que sería mejor no obligarle a que se descubriera–. 

Acto seguido se procedió a leer los cargos contra el soberano: alta traición contra el pueblo y ejercicio de un poder tiránico. El monarca trató diversas veces de interrumpir la lectura de la acusación; incluso dejó caer dramáticamente el pomo de plata del bastón que llevaba, que fue rodando por el suelo, un incidente que según algunos presagiaba ya un fin trágico para el rey. 

¿Admitía Carlos Estuardo –preguntó el presidente– su culpabilidad? Sin dignarse a contestar directamente, el monarca preguntó, con su deje nativo escocés, en virtud de qué autoridad se le había hecho comparecer, siendo él el legítimo rey. La contestación del tribunal, ya decidida de antemano, fue que se le juzgaba en nombre de la Cámara de los Comunes y del pueblo. Carlos rechazó enseguida la autoridad del supuesto tribunal. En realidad, después de la purga de los Comunes realizada el 12 de diciembre por el ejército, los comisarios presentes no eran siquiera representativos del Parlamento, asamblea que en todo caso nunca había disfrutado de funciones judiciales. 

Como otros jefes de Estado contemporáneos, el soberano consideraba que era responsable de sus actos sólo ante Dios. Por el contrario, Cromwell y el ejército (que, como partidarios de una reforma religiosa radical, eran asiduos lectores del Antiguo Testamento), opinaban que el monarca tenía que rendir cuentas a la nación igual que lo habían hecho los reyes del antiguo Israel. 

La sentencia 

El lunes 22 de enero, el rey seguía insistiendo en la ilegalidad del tribunal. En el derecho inglés de la época, esta actitud de un acusado se interpretaba como una confesión de culpabilidad. Carlos, pese a que sus argumentos no tenían contestación, no parecía reconocer que el tribunal estaba resuelto a condenarle, y que, si los comisarios dudaban, el ejército no vacilaría. 

Al día siguiente por la tarde, el fiscal, John Cook, un abogado radicalmente antimonárquico, pidió que el tribunal llegara a una decisión condenatoria, ya que el rey seguía negándose a reconocer la legalidad de la corte que lo juzgaba. El presidente mandó sacar al monarca de la sala, tras lo cual el tribunal declaró que el silencio real debía considerarse como una admisión de culpabilidad. El viernes 26 de enero, después de haber escuchado a cierto número de testigos, se decidió el fallo: culpable. Y la pena: muerte por decapitación. 

El sábado 27, los comisarios se reunieron esperando todavía que el rey reconociera la legalidad del tribunal y se defendiera. Se le hizo comparecer, y el presidente pronunció a continuación un discurso en el que subrayó que al rey se le juzgaba en nombre del pueblo, que Carlos era contumaz al no aceptar la legalidad del tribunal, y que al no defenderse aceptaba su culpabilidad. Antes de imponer la pena se le permitió hablar; Carlos afirmó entonces que defendía la paz y la libertad de Inglaterra y pidió que se le escuchase ante el Parlamento en pleno, es decir, ante las cámaras de los Comunes y de los Lores reunidas. 

Había escasas posibilidades de que los Comunes, abrumados como estaban por el poder del ejército, accedieran a lo que el monarca pedía. Después de una serie de acerbos intercambios verbales entre el presidente del tribunal y el rey, se pronunció la pena de muerte; y cuando el monarca quiso hablar se le dijo que ya no tenía derecho a ello y se le obligó a abandonar de la sala. 

Camino del patíbulo 

La última mañana de su vida, el martes 30 de enero de 1649, el rey se puso dos camisas, para que no se le viera temblar a causa del frío extremo que hacía. Un chaleco, calzones y jubón de satén negro completaban su atuendo. Ya arreglado, tomó el sacramento de manos del obispo anglicano de Londres. Sobre las diez, acompañado de una escolta y a tambor batiente, el rey fue andando hasta la Banqueting House, en la calle de Whitehall. Por extraño que parezca, no se había pensado en quién sería el verdugo, ya que Richard Brandon, que desempeñaba este cargo, se negó terminantemente a ajusticiar al soberano. Se lo propusieron a otras personas, entre ellas a un grupo de sargentos del ejército, pero como el verdugo no mostró su rostro nunca se ha sabido su identidad. 

A la una y media de la tarde la comitiva entró en el gran salón de la Banqueting House. El rey salió por una de las ventanas directamente al cadalso levantado en la calle. Habló brevemente a la multitud reunida, pero sólo le oyeron los que estaban cerca. Aunque proclamaba su inocencia, aceptó el juicio divino como un castigo a sus propias culpas y perdonó a sus enemigos. Luego, cubriéndose las largas guedejas con una gorrita, y arrodillándose, se inclinó sobre el tajo, pronunció dos o tres palabras y extendió las manos. El verdugo le separó la cabeza del cuerpo con un solo golpe del hacha. Faltaba un minuto para las dos de la tarde. Se cuenta que, cuando el sayón enmascarado levantó el brazo para mostrar la cabeza ensangrentada, se oyó un profundo gemido entre los espectadores, conscientes de haber presenciado un acto sin precedentes: un regicidio cometido no por un asesino ni en el calor de la batalla, sino por orden de los representantes del pueblo y al término de un proceso formal. 

Las causas de la ejecución 

Aunque en el bando parlamentario muchos dudaban de la justicia del acto y de si era procedente, el régimen político nacido de la victoria militar sobre Carlos I recurrió al ajusticiamiento del soberano para consolidarse. Circunstancias similares concurrirían en el guillotinamiento de Luis XVI de Francia en 1793, tras el estallido de la Revolución Francesa, y en el asesinato del zar Nicolás II de Rusia en 1918, durante la revolución rusa. 

En el juicio del monarca chocaron dos ideologías irreconciliables: por un lado, la del Parlamento y del ejército, instituciones que mantenían que el rey debía responder de sus acciones ante el pueblo; por otro lado, la del rey, convencido de su inviolabilidad.  En 1660 algunos de los regicidas comparecieron ante el hijo del soberano ejecutado, Carlos II, en el momento en que éste fue restaurado en el trono de Inglaterra, tras la muerte de Cromwell; dijeron que habían ajusticiado a Carlos I, no asesinándolo alevosamente, sino a la plena luz del día, porque así lo requirió el bien del Estado.