El juicio de Luis XVI: la muerte del rey durante la Revolución Francesa

Luis XVI ha traicionado a la patria; se ha hecho culpable de la perfidia más horrible; ha perjurado diversas veces; había formado el proyecto de someternos bajo el yugo del despotismo; ha levantado contra nosotros una parte de Europa; [...] ha hecho pasar el dinero de Francia a los enemigos que se habían armado y coligado contra ella; ha hecho degollar a millares de ciudadanos, quienes no habían cometido otro crimen, desde su punto de vista, que querer la libertad y su patria». Tales eran las graves acusaciones que un diputado revolucionario, Morrison, formulaba contra Luis XVI el 13 de noviembre de 1792. 

Tres años después de la revuelta del 14 de julio de 1789, la Revolución atravesaba un momento crítico. En ese tiempo las relaciones entre el monarca y los partidos revolucionarios se habían envenenado cada vez más, hasta llegar a la insurrección del 10 de agosto de 1792, que había derrocado la monarquía para dar paso a un nuevo régimen: la República. 

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Al mismo tiempo, los ejércitos de las potencias absolutistas europeas, Austria y Prusia, atravesaban las fronteras francesas y amenazaban con avanzar hasta París para poner fin a la Revolución. Ello provocó reacciones descontroladas en Francia, en particular las «masacres de septiembre», una brutal matanza de aristócratas y sacerdotes presos en las cárceles de París y otras ciudades, a los que se acusaba de complicidad con el extranjero. 

¿Se puede juzgar a un rey? 

Era inevitable que la ira se dirigiera también contra el máximo culpable, a ojos de los revolucionarios, de lo que estaba ocurriendo: el antiguo rey, que desde la insurrección del 10 de agosto había quedado preso en el Temple. En efecto, de inmediato surgió la demanda de que Luis XVI fuera juzgado por sus «crímenes» contra la patria, en particular el de favorecer la invasión extranjera. Ante la presión popular, la Convención o Asamblea nacional aceptó discutir el asunto, pero los diputados estaban muy divididos al respecto. 

Dos partidos se enfrentaban entre sí. Por un lado estaban los girondinos, antiguos radicales que se sentían ahora desbordados por el movimiento popular. En las semanas anteriores habían denunciado las masacres de septiembre y la acción de «los desorganizadores que quieren nivelarlo todo: propiedades, bienestar, precio de los productos», como decía Brissot, uno de sus líderes. Frente a ellos estaban los diputados de la Montaña, llamados así por situarse en la parte alta de la Asamblea. 

Su figura más conocida e influyente era Robespierre, líder asimismo de los jacobinos, una sociedad extendida por toda Francia que propugnaba la radicalización de la Revolución. La lucha sin tregua entre los dos partidos se trasladó a la cuestión del juicio del rey: muchos girondinos eran reticentes a juzgar al soberano, temiendo que la Revolución se radicalizara aún más, mientras que montañeses y jacobinos consideraban ineludible actuar contra él. 

El 1 de octubre la Convención formó una comisión, presidida por Barbaroux, a fin de analizar si había materia para juzgar al rey, pero sus trabajos avanzaron muy lentamente. De hecho, muchos dudaban sobre el derecho legal de juzgar al antiguo monarca, puesto que la Constitución de 1791 establecía que la persona del rey era inviolable. Contra esta tesis, el diputado Mailhe presentó un dictamen en la Convención en el que argumentaba que la Constitución de 1791 no era aplicable porque la insurrección del 10 de agosto la había abolido y, por otra parte, el mismo rey la había violado en diversas ocasiones. Por tanto, la Convención Nacional debía juzgar al ex rey. 

El 13 de noviembre se abrió la discusión de este dictamen. Morrison, el mismo que enumeraba los crímenes del rey, concluyó que la Convención no podía juzgarlo. «Como jueces impasibles, consultamos fríamente nuestro código penal. ¡Y bien! Este código penal no contiene ninguna disposición que pueda ser aplicada a Luis XVI, pues en el tiempo de sus crímenes existía una ley positiva que comportaba una excepción en su favor: me refiero a la Constitución». 

Por el contrario, Saint-Just, joven admirador de Robespierre que se había convertido ya en uno de sus principales asesores, planteó que aquel no era un problema de derecho positivo. El rey debía ser juzgado en tanto que enemigo del pueblo francés porque había roto el contrato social con el pueblo: «Ciudadanos, el tribunal que debe juzgar a Luis es el pueblo, sois vosotros. Las leyes que debemos seguir son las del derecho de gentes». 

Saint-Just se oponía a consultar al pueblo, como defendían los girondinos; para él era la Convención quien debía juzgar y condenar al rey: «Luis ha combatido al pueblo: ha sido vencido. ¿Qué enemigo, qué extranjero nos ha hecho más daño?» Su alegato terminaba con una acusación general a la institución de la monarquía: «No se puede reinar inocentemente». 

Documentos comprometedores 

El 20 de noviembre, Roland, ministro del Interior, reveló el descubrimiento de los papeles secretos del rey en un armario de hierro oculto en las Tullerías. Esos papeles probaban que Luis XVI había continuado pagando con dinero de su lista civil –es decir, del presupuesto del Estado– a numerosos partidarios de la monarquía que habían huido al extranjero y que se habían unido a los ejércitos de los países que hacían la guerra a Francia. Los documentos probaban relaciones inconfesables del rey con diversos diputados, y también que había tomado acuerdos secretos con Austria. 

Entretanto, en París crecía la agitación popular ante el retraso del proceso. El día 1 de diciembre, Jacques Roux, líder de los enragés («rabiosos»), pronunció un discurso en una sección parisina (las secciones eran los distritos en que los revolucionarios habían dividido París) en el que reclamaba el inmediato procesamiento de «Luis el Último», al que culpaba no sólo de tratos con el enemigo sino de provocar la carestía y la especulación. Otras secciones de la capital plantearon la misma exigencia contra el rey. 

Así pues, el 3 de diciembre la Convención reanudó la discusión sobre el juicio de Luis XVI. Varios diputados intervinieron para reclamar el juicio. Algunos iban incluso más lejos, como Robespierre. Después de afirmar que «el derecho a castigar al tirano y el derecho a destronarle son lo mismo, no revisten formas distintas», el líder jacobino sostenía que ni siquiera era necesario juzgar al rey, puesto que el pueblo ya había sentenciado y la Convención sólo debía ejecutar el fallo popular: «El veredicto nacional ha sido pronunciado. Luis XVI ha sido juzgado. O se le castiga, o la República francesa es una quimera. Todo rechazo sería una trampa o, incluso, una prevaricación. La Convención Nacional debedeclarar a Luis traidor a la patria, criminal contra la humanidad y hacerle castigar como tal». Una frase de este discurso quedó impresa para la historia: «Luis debe morir para que Francia viva». 

No era la opinión de Marat, uno de los tribunos populares más escuchados y más temidos: «Luis XVI debe ser juzgado. Este paso es necesario para instruir al pueblo: es necesario conducir a esta convicción a todos los miembros de la república». Al fin, el 5 de diciembre la Convención decidió que el monarca sería juzgado. Cinco días después se aprobaba el acta de acusación. 

El 11 de diciembre de 1792 el soberano entraba en la sala de la Convención, conducido por Santerre, comandante de la Guardia Nacional de París. Antes de tomar asiento, el presidente del tribunal le dijo: «Luis, la nación os acusa; la Asamblea Nacional ha decidido juzgaros». Luego se le leyó la lista de cargos. El ex rey pidió que se le comunicaran las pruebas y que se le permitiera elegir asesores en su defensa. Designó inicialmente a Guy-Jean-Baptiste Target y a François Tronchet, pero el primero rechazó la tarea aduciendo razones de salud y el segundo aceptó con precaución y rechazando de entrada que el rey les prestase cualquier testimonio de agradecimiento. 

Por su parte, Guillaume de Malesherbes, antiguo ministro del monarca, se dirigió a la Convención proponiéndose él mismo como defensor de Luis XVI: «He sido llamado dos veces al consejo del que fue mi amo en el tiempo en que esta función era ambicionada por todo el mundo; yo le debo este servicio cuando se trata de una función que mucha gente encontrará peligrosa». La convención transmitió esta carta al rey, quien admitió a Malesherbes como uno de sus asesores. 

Indecisión en la Asamblea 

El 26 de diciembre se abrió el juicio en la Convención. La apelación en defensa del rey fue pronunciada por De Sèze, un joven letrado elegido como abogado defensor por Malesherbes y Tronchet. Su argumentación era jurídicamente sólida. Recordaba que la Constitución de 1791 reconocía la inviolabilidad de la figura real; y observaba que si se juzgaba a Luis XVI no podía ser como rey sino como ciudadano, en cuyo caso debía gozar de los derechos civiles: jurado tanto en la instrucción como en el juicio, audición de testigos, análisis de los documentos por parte de expertos... La Convención, por tanto, no era el tribunal adecuado. «Busco jueces entre vosotros y sólo encuentro fiscales», dijo De Sèze. Además, hizo una apología de la actitud del rey en los inicios de la Revolución y negó la connivencia del soberano con las dinastías extranjeras en guerra con Francia. 

Una vez retirado el rey, se inició el debate. Enseguida se vio que los girondinos deseaban evitar la condena a muerte del que fuera monarca de la nación. Pretextaban que una decisión de ese tipo desataría una guerra de todas las potencias europeas contra Francia, y por ello reclamaron que la sentencia fuera ratificada por el pueblo. En su discurso del 28 de diciembre, Robespierre respondió advirtiendo que un llamamiento al pueblo para discutir el tema en las asambleas primarias comportaría la guerra civil. 

Unos y otros trataban de convencer a la mayoría moderada de la Asamblea, la Llanura, no alineada con ninguno de los dos bandos. La disputa quedó resuelta el 4 de enero, cuando Barère, portavoz de la Llanura, rechazó el llamamiento al pueblo: «Se puede someter a la ratificación del pueblo una ley; pero el proceso del rey no es una ley [...] el proceso es, en realidad, un acto de salvación pública o una medida de seguridad nacional, y los actos de salvación pública no se llevan a la ratificación del pueblo». 

El 14 de enero llegó el momento de la votación. Era un proceso complejo: todos los diputados debían subir al estrado de la Convención y emitir su voto en voz alta; además, si lo consideraban necesario, podían pronunciar una breve alocución para justificar su decisión. Hubo, además, tres votaciones sobre tres preguntas diferentes. 

«¿Es culpable Luis Capeto?» 

El día 15 de enero tuvo lugar la primera votación. La pregunta era: «Luis Capeto, ex rey de los franceses, ¿es culpable de conspiración contra la libertad y de atentado contra la seguridad del Estado? ¿Sí o no?» Sobre 749 diputados, hubo 691 votos afirmativos y 27 respuestas dilatorias, además de 31 ausencias. No hubo ningún no. El mismo día se votó la segunda pregunta: «La sentencia del juicio, ¿debe ser sometida a la ratificación del pueblo reunido en sus asambleas primarias? ¿Sí o no?» Los resultados fueron: 424 en contra y 287 a favor del refrendo popular, además de 28 ausentes y 12 diputados que declinaron votar. 

El rey era, pues, culpable y la sentencia de la Convención sería definitiva. Pero faltaba determinar cuál iba a ser esa sentencia. Los girondinos siguieron con sus intentos de evitar la pena de muerte. Lanjuinais reclamó que la pena fuera votada por una mayoría de dos tercios de la Convención, pero la Asamblea decidió que la mayoría simple era suficiente. La votación empezó el día 16 por la tarde, y se prolongó toda la noche. Se sorteó quién seria el primero en votar y le correspondió a Mailhe, quien votó por la muerte pero reclamó una prórroga para la ejecución. De los diputados, 366 votaron por la muerte inmediata; 26 lo hicieron por la pena de muerte, pero, como Mailhe, pidieron una prórroga en la ejecución, y 334 votaron de forma variada entre cadena perpetua, la detención o la muerte condicional. 

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El día 17, a las nueve de la mañana, el presidente de la asamblea, el girondino Vergniaud, anunció la sentencia: «Declaro, en nombre de la Convención, que la pena que ésta decreta contra Luis Capeto es la muerte». Malesherbes, que casi se desvaneció en un último y desesperado intento de defender al rey ante los diputados, acudió al Temple a comunicar a Luis la decisión de la Asamblea. Trató, no obstante, de darle todavía alguna esperanza: la Convención debía discutir la propuesta de quienes habían votado la muerte pero especificando que deseaban un aplazamiento de la ejecución. 

El debate sobre este punto se prolongó durante los días 18 y 19, y en él los girondinos agotaron todos sus argumentos para intentar salvar la vida del monarca. Pero los jacobinos, y con ellos la mayoría de la asamblea, se mostraron inflexibles; la votación final arrojó 387 partidarios de la ejecución inmediata y 310 favorables al aplazamiento. Ya no cabían más dilaciones. 

El día de la ejecución 

El mismo 20 de enero, hacia las dos de la tarde, Garat, ministro de Justicia, y el diputado Lebrun acudieron al Temple para comunicar a Luis XVI la decisión de la Convención. Luis reaccionó con serenidad. Hizo tres peticiones a los enviados: un retraso de tres días para prepararse a morir, autorización para ver a su familia sin testimonios y el permiso para que su confesor fuera Edgeworth de Firmont, un cura refractario (como se llamó a los clérigos que se negaron a jurar la legislación revolucionaria sobre la Iglesia) que había sido confesor de Madame Elisabeth, hermana del rey. Los delegados de la Convención se negaron al retraso pero concedieron las otras dos peticiones. A las seis de la tarde, Edgeworth accedía al Temple. 

En la madrugada del día de su muerte, el rey se levantó a las cinco de la mañana para asistir a una misa oficiada por Edgeworth. Renunció a tener una última entrevista con María Antonieta y reclamó, sin conseguirlo, poderse cortar él mismo el cabello de la nuca. Santerre, el jefe de la Guardia Nacional de París, entró hacia las ocho y media para conducirlo al cadalso. En el patio del Temple le esperaba una carroza. El trayecto entre su cárcel y la plaza de la Revolución –la actual plaza de la Concordia– duró una hora y media. 

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Ochenta mil guardias nacionales armados con picas y fusiles custodiaron el cortejo a ambos lados de las calles. Hacia las diez la carroza llegó al pie del cadalso, situado enfrente de las Tullerías, entre el actual obelisco y los Campos Elíseos. Veinte mil guardias nacionales, soldados llegados de los departamentos («federados») y miembros armados de las secciones de París llenaban el espacio. El rey se quitó él mismo la levita, le ataron las manos y subió al cadalso acompañado de Edgeworth. Una vez arriba intentó dirigirse a los asistentes proclamando su inocencia. 

Según el testimonio de Edgeworth, las palabras que pronunció fueron: «Muero inocente de todos los crímenes que se me imputan. Perdono a los autores de mi muerte y ruego a Dios que la sangre que vais a derramar no caiga jamás sobre Francia». El confesor del rey afirma que los asistentes pudieron oír estas palabras. Sin embargo otros testigos sostuvieron que un redoble de tambor impidió que nadie las pudiera escuchar. A las diez y veinte minutos caía la cabeza de Luis XVI. Entre la muchedumbre estallaron gritos de «¡Viva la Nación!», «¡Viva la República!», «¡Viva la Libertad!», «¡Viva la Igualdad!».