1789, la demolición del Antiguo Régimen

La convocatoria de los Estados Generales, que se inauguraron el 5 de mayo de 1789, era una medida extrema con la que el rey Luis XVI y sus ministros –la idea fue de Brienne, a quien sustituyó Necker– querían poner coto a una situación desesperada. A la quiebra financiera del régimen se había sumado esa primavera una crisis de subsistencias que llevó a hambrunas, disturbios y saqueos por toda Francia. Los Estados Generales llevaban 175 años sin reunirse, desde 1614, y no se sabía muy bien qué podía salir de un experimento así, al que, evidentemente, ninguno de los protagonistas había asistido jamás. Llegaron a Versalles 1 139 diputados que representaban a los tres Estados: 291 al primero (clero), 270 al segundo (nobleza) y 578 al tercero (ese ente abstracto que en teoría englobaba al 98 % del país y en la práctica era la encarnación de la burguesía).

Dadas las dimensiones de la crisis, no cabía duda de que era imprescindible hacer reformas, y Luis XVI estaba dispuesto a aceptar algunos cambios. Pero, como pronto se comprobó, las intenciones reformistas del Tercer Estado excedían en mucho a las del rey. Al margen de las humillaciones infligidas a sus representantes –se les hizo vestir de negro y entrar por puertas laterales–, se plantearon enseguida dos conflictos. Uno fue la pretensión de las clases privilegiadas de que, siguiendo la tradición, las votaciones se hicieran por estamentos y no por cabeza. Así, la combinación de aristocracia y clero siempre ganaría y el mayor número de representantes del Tercer Estado –una concesión obtenida gracias al ministro Necker, que desde entonces gozó del apoyo popular– resultaría inútil. La otra disputa surgió por la obligación de deliberar por separado –la aristocracia y el alto clero se negaban a mezclarse con la plebe–, lo que impediría convencer a los diputados de otros estamentos en los debates. Que los delegados se mezclaran o no era de una importancia crucial, puesto que, si bien los altos dignatarios de la Iglesia estaban con la aristocracia, los intereses del bajo clero –que sumaban dos tercios de los diputados del Primer Estado–, así como los de algunos nobles empobrecidos, eran mucho más cercanos a los de la burguesía.

El principio del fin de una sociedad

Tan básicas eran estas dos cuestiones que llevaron a un bloqueo de cinco semanas. Al final lo rompió el Tercer Estado cuando, el 17 de junio, a instancias del sacerdote Sieyès, se plantó y decidió crear la Asamblea Nacional, que no sería de los Estados sino “del pueblo” en su conjunto. A ella fueron invitados los otros dos estamentos, aunque con la aclaración de que la Asamblea continuaría con o sin ellos. Dos días más tarde, se adhirieron 149 diputados del clero y dos de la nobleza, un trasvase entre grupos sociales que dejaba herida de muerte a la sociedad estamental del Antiguo Régimen.

En un intento de detener la marcha de los acontecimientos, el rey ordenó, con una pueril excusa –tenían que ir los carpinteros–, el cierre de la sala en la que se reunía la Asamblea. No funcionó: por sugerencia del delegado Guillotin –que luego daría nombre a uno de los inventos más célebres de la Revolución Francesa–, los diputados continuaron en otra sala cercana, un frontón en el que, el 20 de junio, pronunciaron el famoso Juramento del Juego de Pelota: seguir unidos hasta dotar a Francia de una Constitución.

La tensión entre Luis XVI y los representantes del pueblo no paraba de crecer. El día 23, el rey se dirigió personalmente a los Estados Generales para decretar el fin de la Asamblea Nacional y la nulidad de sus decisiones. Prometió algún cambio, pero las estructuras sociales se mantenían intactas y en el fondo gravitaba la inminente destitución de Necker, que había propuesto un ambicioso plan de reformas y era considerado por el Tercer Estado su principal valedor. Una vez se hubo marchado el rey, sin embargo, los integrantes de la Asamblea se negaron a disolverse. El diputado Honoré Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau, resumió su postura con una frase para la historia: “Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas”. La presión de los parisinos impidió la destitución de Necker y, el 25 de junio, 47 diputados de la nobleza, encabezados por el duque de Orleans, se unieron a la Asamblea. El 27 el rey se vio obligado a ceder: mantuvo a Necker e invitó “a su fiel clero y a su fiel nobleza” a que se reunieran con el Tercer Estado. Pero, en un movimiento cuyas consecuencias no previó, también mandó llamar a París y Versalles a sus unidades militares más fieles, compuestas principalmente por mercenarios suizos y alemanes, de quienes se fiaba más que de sus súbditos franceses. A la vez, la crisis se extendía y a la Asamblea Nacional empezaban a llegarle mensajes de apoyo de toda Francia.

Alarma en la capital

Con París rodeado por fuerzas extranjeras, se disparó la agitación ciudadana. En la capital había hambre –mucha hambre– y también miedo, tanto a los disturbios como al “complot aristocrático” que, según se decía, se estaba gestando en Versalles. Pero, igualmente, la desconfianza de Luis XVI hacia sus propios hombres tenía su razón de ser: a finales de junio, la Guardia Francesa, encargada de la defensa de la capital, desfiló en solidaridad con el Tercer Estado; varios de sus miembros fueron encarcelados por indisciplina y la multitud asaltó los calabozos para liberarlos. Mientras tanto, en el ayuntamiento se empezaba a planear una milicia ciudadana –es decir, burguesa–, cuyo principal objetivo era mantener el orden y proteger la propiedad –no podían participar asalariados ni vagabundos porque no tenían nada que defender–, y el rey seguía concentrando tropas alrededor de París.

El 9 de julio, la Asamblea Nacional se reafirmó en su voluntad transformadora añadiendo a su denominación el adjetivo “Constituyente” y luego le envió al rey un mensaje en el que le instaba a retirar a los soldados que amenazaban la capital.

Indignado por semejante atrevimiento, Luis XVI reaccionó dos días más tarde con una medida que fue considerada prueba inequívoca de que la contrarrevolución estaba en marcha: la destitución de Necker y la formación de un gabinete tan conservador –Breteuil, Barentin, Broglie– que equivalía a una declaración de guerra.

Esta fue la chispa que encendió la revuelta popular. En los jardines del Palais–Royal, un aún desconocido Camille Desmoulins, pistola en mano y subido a una mesa, llamó a la acción comparando el cese de Necker con la Noche de San Bartolomé (Desmoulins sería guillotinado en 1794: otro buen ejemplo de cómo la Revolución devoró a sus protagonistas). Siguieron escaramuzas entre soldados alemanes y el pueblo, que contaba con el apoyo de la Guardia Francesa y llevaba en alto las imágenes de Necker y del duque de Orleans, conocido como “Felipe Igualdad” por su apoyo a los revolucionarios. Luego se inició una frenética búsqueda de armas por todo París. El 13 de julio se creó por fin la Guardia Nacional –800 ciudadanos de cada distrito–, que patrulló desarmada esa misma noche, y al día siguiente miles de personas invadieron el Palacio de los Inválidos para reclamar las dichosas armas: consiguieron 30 000 mosquetes, doce cañones y un mortero. Todo sin pólvora ni munición.

Cae el símbolo del Antiguo Régimen

La elección del siguiente objetivo, el 14 de julio, fue espontánea y ha fascinado a la posteridad. La vieja fortaleza prisión de la Bastilla languidecía ya casi fuera de uso, con una guarnición escasa y solo siete prisioneros, pero guardaba también la pólvora y era todo un símbolo del despotismo real, de torturas inacabables y cautivos que se pudrían en celdas durante décadas. La carnicería en la que al final se transformó el asalto tuvo mucho de malentendido: atrincherado con sus hombres, el alcaide Bernard– René Jourdan de Launay había prometido no disparar si la multitud se contenía, pero cuando esta invadió el patio de la prisión se sintió atacado y ordenó abrir fuego. En las horas siguientes, cayeron cerca de cien ciudadanos (uno de ellos, aplastado por el puente levadizo) y, a partir de entonces, la ira se volvió incontenible. Arrastrado por las calles, De Launay acabó suplicando que le mataran, deseo que le fue concedido. La siguiente víctima fue Jacques de Flesselles, preboste de los mercaderes de París –y máxima autoridad de la capital–, asesinado por la inexactitud de sus informaciones sobre el lugar en que se encontraban las armas (dudosa excusa). A ambos les cortaron la cabeza y estas fueron clavadas en picas y exhibidas ante la muchedumbre; nacía así un macabro hábito que se repetiría a lo largo de los años.

El rey no se enteró de los acontecimientos hasta el día siguiente. “¿Es una revuelta?”, preguntó. “No, señor. Es una revolución”, le respondió el duque de La Rochefoucauld. Para entonces el resultado estaba ya claro. Los veintitrés regimientos que rodeaban la capital se dispersaron; Jean Sylvain Bailly, que había presidido el Juramento del Juego de Pelota, se convirtió en el primer alcalde de París, y el marqués de La Fayette, veterano de la Revolución Americana y destacado miembro de la Asamblea, fue nombrado comandante de la Guardia Nacional. El 16 de julio, Luis XVI cedió y volvió a llamar a Necker y, al día siguiente, acudió al ayuntamiento y se colocó la escarapela tricolor. La revolución parisina había vencido a la Corte. Convertida en el símbolo de todo lo que era odiado del Antiguo Régimen, la Bastilla fue desmontada piedra a piedra. Con los restos se tallaron réplicas de la fortaleza en miniatura que fueron enviadas a distintos puntos del país para difundir el mensaje revolucionario.

La insurrección campesina

Los acontecimientos del 14 de julio se extendieron –a veces con violencia, otras no– por toda Francia. En las ciudades, se sustituyó a las viejas autoridades por instituciones nuevas y se crearon cuerpos de la Guardia Nacional. En el campo, las noticias de los sucesos parisinos –vagas, tardías e inquietantes–, unidas al hambre provocada por la escasez de alimentos, dieron lugar a lo que Georges Lefebvre, una de las grandes autoridades en la Revolución Francesa, bautizó como el Gran Miedo. A partir del 20 de julio, el campesinado se vio invadido por un sentimiento de desasosiego colectivo que enseguida se transformó en alarma. Empezaron a circular rumores sobre bandas de maleantes contratadas por los nobles para sabotear las cosechas, así como de ataques de ejércitos extranjeros, especialmente en las regiones fronterizas (ingleses en la costa, piamonteses en los Alpes...); cundió sobre todo el pánico a las hordas de bandidos, lo cual afectó a más de media Francia, que ya no podía dormir. Eran temores imaginarios, pero los campesinos formaron milicias para defenderse y hubo asaltos a palacios y castillos, casi siempre destinados a destruir los libros terriers, que era donde se inscribían las servidumbres que los ligaban a los señores. La alarma se transformó así en una ofensiva contra el régimen feudal.

El Gran Miedo duró tres semanas y condujo a la famosa sesión de la Asamblea del 4 de agosto, en la que los nobles más clarividentes decidieron que la única salida era hacer concesiones y, ya de madrugada y en un ambiente de generosidad y alegría, aprobaron la supresión de todos los derechos personales prestados por los campesinos y las inmunidades fiscales de la aristocracia y el clero. El feudalismo quedaba así abolido oficialmente en Francia, si bien a lo largo de las jornadas siguientes y en el decreto final del día 11 de agosto se introdujeron correcciones: muchos de estos derechos –no los personales, pero sí los ligados a la tierra– fueron declarados redimibles (los nobles solo renunciaban previa indemnización), lo que generó una frustración inmensa. Estas condiciones, no obstante, no tuvieron mucho efecto, ya que los campesinos se negaron a pagar (la abolición completa y sin contraprestaciones llegó en 1793).

El 26 de agosto de 1789, la Asamblea aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sentó las bases de la nueva legitimidad. Dos días más tarde, en la sesión del día 28, los términos “derecha” e “izquierda”, referidos al sitio que ocupaban los partidarios de otorgarle o no derecho de veto al rey en el nuevo régimen, se usaron por primera vez con significado político. Una aportación de la Revolución Francesa que se ha mantenido hasta hoy mismo.