El nacimiento de la Inquisición Española

El proceso que encendió los ánimos y alentó la idea de la necesidad de una Inquisición se inició a finales del siglo XIV, cuando muchas juderías españolas, en ciudades como Toledo, Sevilla, Écija, Córdoba o Barcelona, fueron asaltadas violentamente por grupos desesperados de cristianos viejos. Los pogromos de 1391, provocados por la miseria cotidiana de gran parte de la población y por la propaganda antisemita, suscitaron de modo automático, por miedo y terror, conversiones forzosas al cristianismo de familias judías enteras. 

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Nacieron así los cristianos nuevos o conversos, antiguos judíos que habían aceptado bautizarse y practicar la religión cristiana, pero que no por ello fueron aceptados por la mayoría de población de «cristianos viejos». En efecto, contra los conversos se fue imponiendo toda una corriente de opinión injuriosa que propugnaba perseguirlos, pues no se admitía como sincera su conversión y se creía que constituían un peligro para la pureza de la fe cristiana. 

El acoso contra ellos adquirió gran intensidad en Andalucía, particularmente en Sevilla, que poseía una importante minoría conversa. En la década de 1470, el dominico fray Alonso de Hojeda prodigó las predicaciones anticonversas en la capital andaluza, en las que pedía una intervención expeditiva de los reyes para acabar de raíz con aquellos malos cristianos que judaizaban, es decir, que practicaban la religión judía en secreto. 

La llegada de los jueces 

Hojeda aprovechó los meses que la reina Isabel residió en Sevilla, entre 1477 y 1478, para aportar supuestas pruebas de que los conversos judaizaban en secreto y demandar una investigación a fondo. En un principio, Isabel y Fernando respondieron auspiciando una campaña de predicaciones evangelizadoras por el confesor real fray Hernando de Talavera, en las que se invitaba a los conversos a desprenderse definitivamente de los ritos judaicos. Cuando fracasó esta vía, los reyes decidieron una intervención expeditiva: establecer allí el primer tribunal de la Inquisición. En noviembre de 1478, Sixto IV concedió la bula para establecer un tribunal inquisitorial en Sevilla, pero los reyes no la aplicaron hasta dos años después, cuando enviaron a la ciudad andaluza a los primeros inquisidores: un asesor jurista de designación real, el doctor Ruiz de Medina, y dos dominicos, fray Miguel de Morillo y fray Juan de San Martín, prior del monasterio de San Pablo de Valladolid. 

El día 11 de noviembre de 1480, el asistente (gobernador) de Sevilla, Diego de Merlo, presentó ante una sesión del cabildo municipal, del que formaban parte conocidos conversos como Diego de Susán, la carta de la reina Isabel que ordenaba dar posada a los tres inquisidores. El mandato, que también se extendía a Jerez y Córdoba, sólo indicaba que las cosas que les traían a Sevilla eran «cumplideras al servicio real», sin concretar más. Sólo el asistente conocía que los comisionados regios iban «a inquirir y hacer pesquisa contra las personas que no guardan y mantienen nuestra santa Fe» y, en consecuencia, estaba avisado de que podría «acaecer que algunas personas, sabiéndolo, alborotarían y querrían hacer algunos escándalos y alborotos» en la ciudad. La reina era consciente de que la misión que llevaban los inquisidores podía originar una doble reacción: o suscitaría una resistencia violenta por parte de los conversos hispalenses o provocaría una corriente de huida hacia el reino musulmán de Granada. Para conjurar ambas posibilidades había que castigar el mal y evitar su contagio mediante una estrategia sigilosa, manteniendo en secreto la constitución del tribunal hasta el momento oportuno. 

Las previsiones de la reina se cumplieron al pie de la letra. Una vez que el cabildo sevillano aceptó el alojamiento de los inquisidores, el doctor Ruiz de Medina hizo, ante los integrantes de aquél, «relación largamente de la voluntad de los reyes de hacer pesquisa, y de que ésta era justa y santa, porque los malos fuesen punidos e los buenos bien tratados». Todos los presentes declararon su disposición a obedecer. Sin embargo, los regidores y jurados conversos que oyeron las palabras del asesor real sufrieron una enorme inquietud. 

La leyenda cuenta que, al poco, Pedro Fernández Benadeva (el poderoso administrador de la hacienda catedralicia), Abolafia el Perfumado (arrendador de las aduanas), Alemán Pocasangre (mayordomo de la ciudad) y otros muchos conversos ricos y poderosos se reunieron a deliberar en la casa de uno de ellos, Diego de Susán. Debatieron acerca de las nuevas amenazas que acechaban sus vidas, que rompían su tranquilidad cotidiana, que ponían en peligro sus negocios y su libertad de movimientos. Dos posiciones se perfilaron: la que proponía organizar una conjuración y defensa armada si acaso la acción inquisitorial se llevaba a efecto, y la que prefería mantener la prudencia, que algunos atribuirían a la cobardía connatural a los conversos. Los reunidos optaron al final por esperar los acontecimientos, dejando abierta la posibilidad de empuñar las armas si las circunstancias así lo requerían, pues Benadeva disponía en su casa de armas suficientes para cien hombres. 

La conjuración llegó pronto a oídos de los inquisidores. Se dijo que fue la hija de Susán, la «fermosa fembra», la que confió el secreto de la conjura de los suyos a un amante cristiano viejo, que de inmediato lo denunció a los inquisidores. Éstos respondieron con una estratagema que les permitió prender a Benadeva. Con la excusa de que el rey Fernando deseaba llegar a un acuerdo económico con los judeoconversos de Sevilla mandaron llamar a Benadeva al convento dominico de San Pablo. Éste no dudó en acudir a una convocatoria que se hacía en nombre del monarca, aunque, desconfiado, se hizo acompañar por gente de a caballo. Sin embargo, los frailes sólo permitieron entrar en el convento a Benadeva, quien, llegado ante los inquisidores que esperaban en el corral, les preguntó: «¿Qué mandan vuestras paternidades?». Entonces, a una señal convenida, salieron hombres armados por todas partes y lo apresaron. Que los inquisidores utilizaran un ardid para detenerlo prueba la fuerza y la influencia que Benadeva representaba, aunque a partir de aquel instante no le valdrían de nada. 

Los primeros autos de fe 

Un cronista refiere que luego, en las semanas que siguieron, «fueron apresados algunos de los más honrados e de los más ricos regidores e jurados, e bachilleres e letrados e hombres de mucho favor». Descabezados sus líderes, los conversos sevillanos fueron presa del miedo y, muy pronto, de la Inquisición. La única reacción posible, descartado un motín, era la huida. La peste que asoló la ciudad en las primeras semanas del año 1481 la favoreció más aún. Sin embargo, ni la epidemia detuvo el ardor de los inquisidores. 

El 6 de febrero de 1481, éstos mandaron celebrar el primer auto de fe de la nueva Inquisición real en el paraje de Tablada, al sur de la ciudad, donde fueron quemadas seis personas –hombres y mujeres–. En el auto predicó el celoso fray Alonso de Hojeda, el mismo que había alentado la persecución y que desaparecería víctima de la peste a los pocos días, signo, según quisieron ver algunos, de la indignación divina. La peste fue ocasión para que los inquisidores establecieran el tribunal en un lugar de aires más puros: Aracena, en la actual provincia de Huelva, donde prosiguieron la persecución, pues prendieron y sentenciaron a veintitrés personas. Condenadas por judaizar, fueron quemadas en el auto de fe que tuvo lugar el 23 de julio de 1481, a la vista de muchos nobles sevillanos huidos de la peste y de numeroso gentío de la villa y sus aldeas. Pasada la epidemia, los inquisidores regresaron a Sevilla y con ellos los temores de la comunidad conversa. Los autos de fe continuarían sin descanso. 

A Pedro Fernández Benadeva le llegó el turno en el tercer auto que tuvo lugar en Sevilla, el 21 de abril de 1481. No se le acusaba de rebelión o de traición. Los delitos que le llevaron a la hoguera fueron la herejía por la práctica de los ritos judaicos, el respeto de los sábados, el consumo de carne de la carnicería de los judíos y de pan cenceño (ácimo, sin levadura), y consentir que los rabinos fueran a su casa para leer y enseñar. También se le acusaba de materialismo ateo, de no creer en la resurrección y en la inmortalidad por haber proferido públicamente que no había ni hay otra vida, sino la presente de nacer y morir, ni había otro paraíso, sino pasarlo bien en este mundo. A pesar de que Benadeva negó hasta el final que no fuese fiel cristiano, sobre él cayó todo el peso de la ira justiciera inquisitorial, que incluía la excomunión, la confiscación de bienes (esclavos, casas y fincas rústicas) y la relajación, es decir, la entrega del reo a la jurisdicción civil para que ejecutara la pena capital. Su dramática muerte causó regocijo en buena parte de la población, hasta el punto de que años después de su desaparición se recitaban en Sevilla canciones alusivas a su muerte en la hoguera. 

Muchos otros conversos siguieron la misma suerte. Hechos los primeros escarmientos, los inquisidores, que habían situado su cárcel en el castillo de Triana, promulgaron a finales de mayo de 1482 un edicto de gracia por el que se garantizaba el perdón a aquellos que confesaran sus culpas en un plazo de dos meses. Mientras se agotaba, la cárcel fue llenándose de judeoconversos. 

Las hogueras no se apagan 

Al año siguiente, 1483, continuaron los autos de fe. Fue tremendo el que se celebró el 16 de mayo, en el que se quemó a cuarenta y siete conversos entre hombres y mujeres (perecieron familias enteras), incluidos algunos clérigos. En 1484 se encendieron más hogueras. El 2 de mayo, más de un centenar de conversos reconciliados –perdonados por la Iglesia– y casi el doble de mujeres fueron sacados en procesión desde la iglesia de san Salvador hasta el monasterio de San Pablo, vestidos con sambenitos (los escapularios donde se escribían sus delitos); el domingo siguiente sucedió otro tanto. 

Cuando los Reyes Católicos volvieron a Sevilla en octubre de 1484, la ciudad estaba hundida en la pobreza y diezmada por la peste, por la represión inquisitorial y por las confiscaciones. Para entonces ya se habían constituido tribunales en Córdoba, Jaén y Ciudad Real, reunidos todos bajo la presidencia de fray Tomás de Torquemada. Según el inquisidor del tribunal de Sevilla, Diego López de Cortegana, entre 1481 y 1524 hubo 5.000 quemados y 20.000 reconciliados en la ciudad y su distrito. Durante el mandato de Torquemada aumentaron los tribunales por toda Castilla y también las condenas a la hoguera. 

Quedó en el ánimo de muchos si el camino para la conversión era la fuerza o la predicación. Pero no hubo debate, sino más de tres siglos de represión de cualquier disidencia religiosa o moral, detrás de la cual se escondió la avaricia y la envidia de muchos inquisidores que actuaron, según denunció un cronista, «sin autoridad de la Iglesia y con precipitación de consejo».