El 7 de diciembre del 2007, Cristina Fernández era la presidenta de argentina y Tabaré Vázquez, el del Uruguay. Su gobierno reaccionó ante el pedido argentino, vía el canciller Jorge Taiana, y se opuso a que un buque de guerra del Reino Unido, el destructor HMS Nottingham, se abastezca en el puerto de Montevideo en su viaje hacia Malvinas. Poco antes, en la Expo Prado de Montevideo -el principal evento del sector agropecuario uruguayo, muy emparentado ideológicamente con el argentino- se insistía en denominarlas Falkland.

Ya en abril del 2021, las autoridades argentinas presentaron una queja formal ya que un Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) hizo escala en Montevideo para reaprovisionarse en su regreso hacia Europa: “Esta práctica contradice los acuerdos alcanzados por Argentina con sus países limítrofes para que la asistencia a la ocupación británica se limite a ‘cuestiones humanitarias’”. La queja remarcó que la situación se repetía de modo regular en esos tiempos, bajo el argumento de “asistencia humanitaria” y recordaba que durante el último año del gobierno de Mauricio Macri, hubo “13 vuelos militares desde Uruguay a las Islas Malvinas, lo cual viola una suerte de acuerdo tácito”.

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Son apenas algunos episodios de los últimos tiempos. Cara y «ceca» que sirven como ejemplo.

El Pepe Mujica, coherente con la posición que mantuvocuando encabezó el ejecutivo, manifestó, al cumplirse los 40 años de la guerra en el archipiélago, que “el reclamo de la sociedad argentina» por las Malvinas «recuerda que aún queda un remanente de colonialismo en el mundo”.

Pero, se sabe, el actual gobierno uruguayo está constituido por una alianza de cinco partidos de derecha, desde el centro hasta la ultra, encabezado por Luis Lacalle Pou, quien el último lunes 24  se entrevistó con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. En su regreso a Montevideo, la espuma se agitó cuando se supo de sus declaraciones al programa Hard Talk de la BBC. Dijo, por ejemplo: “No creo en que los Estados cultiven y vendan marihuana. Cometimos un error”. También admitió que la tan cuestionada ley de Urgente Consideración no pudo detener el impresionante alza de homicidios. Reconoció que con su colega inglés acordó que bregará para “reducir las barreras para las empresas y fortalecer la cooperación multilateral” (Glaxo producirá 12 millones de vacunas al año en el Uruguay) porque, insistió, quiere acuerdos de libre comercio «desesperadamente, desesperadamente…». También repitió que hubo coincidencia en repudiar “la invasión de Rusia a Ucrania”.

Pero no pudo solapar un tema urticante, por el que su canciller Francisco Bustillo debió firmar un comunicado admitiendo el compromiso de “mejorar la cooperación en Defensa y Seguridad en asuntos de interés mutuo”.  Johnson se comprometió a invertir en “capacitación y entrenamiento para las FFAA uruguayas”. El texto aporta que el Reino Unido continuará con el compromiso “de desarrollar los vínculos ya existentes en la temática antártica”.

¿Qué significan esos acuerdos, cargados de un indisimulable simbolismo diplomático, más aún entre dos países a los que, supuestamente, sólo separa el Río de la Plata, ante una de las potencias colonialistas del planeta? ¿Implica un  cambio en la posición uruguaya respecto del histórico reclamo argentino?

Las interpretaciones son diversas. Pero la propia embajadora de Inglaterra en Montevideo, Faye O’Connor, admitió que el tema se tocó en la reunión de Londres y remarcó su significación con la futura postura uruguaya en el tema.

Justamente, hace unas horas el Partido Socialista uruguayo, integrante del Frente Amplio, advirtió que “el país podría modificar su posición respecto al reclamo argentino”. Expresó su “preocupación” por las referencias del mandatario uruguayo sobre el acercamiento y los acuerdos de cooperación militar, lo que describió como “un episodio más de una política exterior errática y funcional a grandes potencias externas”. 

Gonzálo Civila, secretario general del PS, le aseguró a Tiempo desde Montevideo que el alerta surgió porque una “reunión con el Reino Unido, no parecía lo más esperable”, sumado a que “hace pocos días hubo otros acuerdos bilaterales de cooperación en materia de defensa con los EE UU, que implican el ingreso de efectivos norteamericanos al Uruguay, para ejercicios de formación y otras cuestiones. Un proyecto que el ejecutivo envió al Congreso y fue materia de debate dentro del Frente”.

Resaltó los antecedentes de posicionamiento “ambiguo del gobierno uruguayo en el tema Malvinas» junto con «sus políticas erráticas en temas de política exterior». Admitió que se generó “un importante nivel de incertidumbre y alerta”.

Dentro del FA, otros actores clave prefirieron no opinar al respecto, aún manifestando en off su preocupación por la inclinación del gobierno de Lacalle en la materia.

Las delegaciones uruguaya y argentina se verán las caras en unas horas, en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas. Tal vez los mismos Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández tengan la chance de hablar francamente del tema.  «

Aumento de homicidios y caída de popularidad

Cumplidos 27 meses de gobierno, Luis Lacalle Pou debe soportar una caída sensible en la aprobación popular, según las encuestas, a pesar incluso de la victoria ajustada en el plebiscito de marzo por esa dichosa LUC, que pareció darle nuevos bríos a un gobierno que, según confesó, dependía como el agua de esa serie de polémicas leyes, algunas de las cuales les dio poder de represión a las fuerzas de seguridad.

Pero a pesar de ello, aumentó el número de homicidios en el primer trimestre de este año en más de un tercio respecto del año pasado. También las cifras registradas suponen un aumento de un 11,20% en violencia doméstica y de 3,20% en los hurtos con respecto de 2022. Solo bajó el nivel de las rapiñas, un 6,30 por ciento.

Otra baja que se sufre en Uruguay es en la popularidad del presidente que asumió el 1 de marzo de 2020. Se conocieron nuevas encuestas en las últimas horas y el gobierno sufrió una caída del 5% en la aceptación de los uruguayos. Concretamente, el 47% dice aprobar la gestión en algún grado (en marzo era el 52%), el 33% desaprueba (un mes antes era 28%), el 17% tiene una opinión neutra y el restante 3% prefiere no responder.