Gisella López Lenci

Todo parecía listo el martes para que un grupo de iraníes, afganos, sirios, egipcios y nigerianos se embarcaran en un avión desde Londres y viajaran 6.500 kilómetros hacia . Ellos formaban parte del primer grupo de inmigrantes que, en vez de conseguir asilo en el , obtuvieron un pasaje sin retorno hacia el pequeño país africano.

Sin embargo, el plan naufragó. En el último minuto, tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de que el avión debía quedarse en tierra ante la avalancha de demandas legales interpuestas por los solicitantes de asilo.

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La cancelación ha provocado una ola de debate en el Reino Unido, entre quienes consideran correcta la medida de la corte europea de no permitir una medida racista e inmoral, y los funcionarios británicos, que ya han dicho que persistirán con su plan de expulsar a los inmigrantes ilegales. Esto además de los opositores a Boris Johnson, que no han dejado de aprovechar esta oportunidad para apuntalar la avalancha de críticas.

Una mujer protesta contra la deportación de solicitantes de asilo en Reino Unido a Ruanda.
Una mujer protesta contra la deportación de solicitantes de asilo en Reino Unido a Ruanda.

Algunos sectores del Partido Conservador -cuyo líder es el primer ministro- ya han pedido que el país se desvincule de la Declaración Europea de Derechos Humanos de 1953 que apuntala el tribunal y que, paradójicamente, contribuyó a elaborar James Fawcett, el abuelo materno de Boris Johnson.

(El Comercio)
(El Comercio)

El TEDH -similar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos- es una corte paneuropea -que no está vinculada a la Unión Europea, de ahí que el ‘brexit’ no aplique- sobre derechos humanos y actúa como tribunal de última instancia en los casos en que se han agotado todas las vías nacionales.

“No aceptaremos que no tenemos derecho a controlar nuestras fronteras”, afirmó este miércoles la ministra del Interior, Priti Patel, determinada a encontrar el modo de implementar su programa, a través del cual se ha pagado US$157 millones de dólares al Gobierno de Ruanda para que acoja a los asilados.

La ministra Priti Patel señala que el gobierno continuará con su política migratoria y que persistirán con el plan de expulsar a inmigrantes ilegales. REUTERS
La ministra Priti Patel señala que el gobierno continuará con su política migratoria y que persistirán con el plan de expulsar a inmigrantes ilegales. REUTERS / UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR

“Yo veo muy complicado que finalmente el Reino Unido pueda aplicar esta política y está bastante difícil que puedan solucionarlo pronto”, señala a este Diario el analista internacional Francisco Belaunde Matossian.

El tribunal europeo no declaró ilegal todo el plan británico de repatriación, sino que dictó una “medida provisional urgente” para prohibir de manera cautelar la deportación de un migrante iraquí, con lo que quedó bloqueada su expulsión hasta que se analice la medida a fondo, lo que está previsto para julio.

Esto provocó una inesperada aprobación en cadena de congelaciones y el vuelo acabó siendo cancelado.

Un programa polémico

La decisión de cancelar el vuelo puso fin a días de frenéticas impugnaciones judiciales por parte de los abogados de los solicitantes de asilo, que presentaron decenas de apelaciones con la intención de bloquear las deportaciones.

En un primer momento se había notificado a 130 solicitantes de asilo que debían estar en este primer vuelo, pero hasta el viernes el número se había reducido a 30 debido. El martes eran apenas siete.

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Después de que el vuelo fue cancelado, la ministra Patel comentó que estaba decepcionada, pero que no se dejaría “disuadir de hacer lo correcto”. “Nuestro equipo jurídico está revisando cada decisión tomada en este vuelo y la preparación para el próximo comienza ahora”, añadió.

Sin embargo, las críticas no han cesado desde que el gobierno firmó el acuerdo con Ruanda, un país pequeño y que no tiene las mejores credenciales en materia de derechos humanos.

Manifestantes protestan en Londres contra la deportación de inmigrantes hacia Ruanda. REUTERS/Henry Nicholls
Manifestantes protestan en Londres contra la deportación de inmigrantes hacia Ruanda. REUTERS/Henry Nicholls / HENRY NICHOLLS

No solo organizaciones defensoras de derechos humanos y opositores a Johnson criticaron al plan. También lo hizo el arzobispo de Canterbury y el propio príncipe Carlos, el heredero al trono.

“Es cierto que se pueden llegar a acuerdos con terceros países que son considerados seguros, para que ahí esperen los solicitantes de asilo. Pero Ruanda es un país que está lejos, hay una dictadura y los derechos humanos no se respetan totalmente”, comenta Belaunde.

De acuerdo con el programa firmado entre ambos países, solo serían trasladados inmigrantes hombres y solteros, y que las autoridades británicas consideran inadmisibles. Del otro lado, Ruanda los evaluará para determinar si pueden recibir asilo en su país y, de ser así, podrán residir y tener acceso a empleo y seguro de salud.

En algunos países de Europa había expectativas sobre el funcionamiento de este plan pues lo ven como una alternativa para combatir la inmigración ilegal. “Uno de ellos es Dinamarca, que si bien tiene un gobierno socialdemócrata ha adoptado políticas duras en materia de migración, también estaba tentada de firmar un acuerdo similar con Ruanda”, explica el experto.

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