Amnistías (y la manipulación política del perdón) - Blog de la redacción - De la revista Nexos

Amnistías (y la manipulación política del perdón)

“The best that can be achieved is to know precisely what [the past] was, and to endure this knowledge, and then to wait and see what comes of knowing and enduring”. —Hannah Arendt

Decía Faulkner que el pasado nunca es sólo pasado porque, de distintas formas, siempre está presente. Por lo menos en política tenía razón. Como ningún país fue siempre democrático, toda nación decide en algún momento cómo entender y recordar sus transiciones políticas y lo que hubo antes de la democracia. Superar, desconocer, o insistir en el pasado es siempre una decisión política. Algunos países privilegian la estabilidad política, mientras que otros eligen hacer énfasis en la memoria a costa de cierta estabilidad. Además, como las generaciones no van empalmadas con los cambios de régimen, es común que las víctimas tengan que decidir cómo coexistir con sus victimarios; es decir, elegir si tratar igual a quienes hasta hace poco los trataron distinto.

En un segundo momento, como se sobreentiende que las democracias están sostenidas en leyes, se tiene que fundamentar la decisión política a través de alguna institución legal. Es en estos supuestos donde surgen figuras enormemente controvertidas porque confunden sobre qué debe tener preeminencia en democracia: el derecho o la política. Las amnistías y los indultos son ejemplos de estas figuras tan complejas porque, para conseguir algún fin político, y precisamente utilizando el derecho, permiten excepciones a la ley. De alguna forma son suspensiones legales de la ley.

Haciendo referencia a la historia de Alemania, el historiador británico Timothy Garton Ash decía que sólo los países que son capaces de mirar al pasado pueden consolidar sus democracias. Recuerda incluso cómo en alemán existen dos términos (Geschichtsaufarbeitung y Vergangenheitsbewaltigung) que pueden traducirse como “llegar a términos” o “sobreponerse al pasado”. En democracia, tanto el olvido como el recuerdo tienen un papel relevante porque no son únicamente decisiones y procesos individuales, sino colectivos, que requieren negociación, y sobre todo que muchos cedan y toleren que la política reemplace a la venganza. El sociólogo Santos Juliá en su texto sobre de la transición democrática en España después del franquismo sostuvo que “una política de la memoria, lo es también una política del olvido […] porque querer olvidar no es en modo alguno sinónimo de amnesia”. Mandar al olvido es una decisión política cuya posibilidad, y necesidad, estaba clara desde la Antigüedad Clásica. Tras el asesinato de Julio César, Cicerón defendía “que todo recuerdo de la discordia debería sepultarse en el olvido”. Poco después, con la transición de la República Romana al Imperio, el liderazgo de Augusto volvió a generar la pregunta sobre el valor político del perdón. El primer emperador romano ofreció la amnistía en beneficio de sus antiguos rivales aliados a Marco Antonio después de su derrota en la batalla de Accio, abriendo el debate sobre qué tanto olvido es necesario y tolerable para crear algo nuevo. Pero de nueva cuenta, Santos Juliá recuerda la dimensión proactiva de dichas posturas, “echar al olvido el pasado, es todo lo contrario de una amnesia, que en castellano se diría caer en el olvido. La diferencia entre amnistía y amnesia es idéntica a la que media entre echar al olvido y caer en el olvido”. Los ejemplos permanecen a través de los siglos, insistiendo en la idea de que lo que no se resuelve en el pasado, no es pasado. En Francia, cuando Enrique IV promulga el Edicto de Nantes cediendo reconocimiento de la religión protestante después de años de persecución y violencia ordenó que “la memoria de todos los hechos ocurridos […] quede enterrada como si nunca hubieran sucedido”.

Las amnistías crean una tensión entre estabilidad y justicia, entre memoria y cambio, entre quienes proponen que no puede haber paz sin justicia, y quienes defienden que sin paz no puede existir justicia. Existen ejemplos de desde el mundo clásico que evocan dicha tensión, porque en democracia no es peccata minuta si las penas son secundarias ante la busca de estabilidad; si la política puede lograr más que las leyes. Desde la antigua Grecia se tuvo que debatir sobre las amnistías. Quizá el caso de éxito más ilustrativo donde se dio prioridad a la paz sobre la justicia se describe en la obra del gran historiador Tucídides, quien narró cómo en 403 a.C., después de décadas de devastación por guerras civiles y la derrota de Atenas en la Guerra del Peloponeso, la altura de miras de la élite política decidió promulgar un decreto de amnistía para reconciliar a los grupos políticos en Atenas y restablecer la democracia. Pero aun los casos exitosos de perdón político en la historia resaltan el debate sobre si es políticamente conveniente suspender el derecho y cómo la justicia puede verse tanto como una precondición para la paz como un obstáculo.

En las últimas décadas del siglo pasado, la postura de los organismos internacionales respecto a las amnistías ha cambiado drásticamente. Hoy quizá lo que prevalece es una connotación peyorativa de las amnistías, asociada al olvido y en perjuicio de los derechos de las víctimas. Con las dictaduras de los setenta y ochenta del siglo pasado, las amnistías llegaron a promoverse como el precio a pagar para poder transitar hacia la democracia. Sin embargo, el derecho internacional ha modificado paulatinamente sus criterios para establecer que las amnistías generalmente son incompatibles con la responsabilidad de los países de investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos, y no pueden otorgarse para perdonar el crimen de genocidio o crímenes de lesa humanidad, por ejemplo.

Los críticos de las amnistías las han definido como “pactos de olvido y silencio” o “procesos de amnesia colectiva”. Sin embargo, el olvido normalmente reside, no en la figura de la amnistía en sí, sino en detalles más particulares, en malos diseños, implementaciones y faltas de comunicación. Y es que parte de la complejidad radica no sólo en implementar el perdón, sino en convencer; en poder explicar quién perdona y por qué. Cuando ésto no queda claro, las amnistías rara vez sirven para construir algo nuevo. En parte fue el caso en Argentina con las leyes promulgadas por el presidente Raúl Alfonsín en 1986 para extinguir la acción penal por los crímenes cometidos durante la dictadura. La Ley de Punto Final, que otorgaba un plazo ridículamente corto para presentar acusaciones penales, y la Ley de Obediencia Debida, que eximía de responsabilidad militares por haber actuado bajo órdenes de superiores jerárquicos, generaron algunas de las protestas más importantes en el país hasta que ambas leyes fueron derogadas en 2003 por el Congreso, y posteriormente declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. Desde luego existe también un argumento práctico, usualmente menos explícito, en estos procesos: ningún sistema jurídico puede castigar todo en todo momento. Fue en parte a lo que se refirió el general De Gaulle al final de la Segunda Guerra Mundial al sostener que no “había tan solo un puñado de miserables” al defender las amnistías de 1951 y 1953 para limitar las penas en contra del régimen colaboracionista de Vichy.

Por otro lado, los casos de éxito dejan lecciones importantes sobre cómo negociar políticamente el perdón. La transición en España es un caso en donde se explicó, se invitó, se convenció y se negoció una amnistía que fue el primer paso para lograr un proceso constituyente. La Ley de Amnistía de Julio de 1977 aprobada con un apoyo mayoritario en el Congreso de 296 votos a favor y tan sólo dos votos en contra otorgó el perdón para los crímenes cometidos antes de 1976 durante el franquismo. Se trató un esfuerzo presidido no sólo por Adolfo Suarez, sino por representantes de todo el espectro político. La izquierda fue orgullosamente coautora de dicha ley e insistió en la necesidad del “borrón y cuenta nueva”. Con el apoyo del Partido Socialista de Felipe González y de Santiago Carrillo, secretario del Partido Comunista y uno de los firmantes de los pactos de la Moncloa, se impulsó una amnistía para “todos los delitos de intencionalidad política”, defendiendo “hacer cruz y raya sobre la guerra civil de una vez para siempre”. Como sostuvo Santos Juliá: “A la amnistía no se llegó por amnesia sino por la voluntad de echar al olvido”.

Las amnistías son procesos de enorme complejidad política, jurídica y moral, pero que, bien implementados, pueden dar oportunidades para que los países puedan, por lo menos, crear una oportunidad para la democracia. Cada país, en su circunstancia, establece los requisitos y condiciones para perdonar. Por ejemplo, la Comisión para la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica exigía el reconocimiento y la confesión de los delitos para otorgar la extinción de la acción penal. El arzobispo y activista por los derechos civiles, Desmond Tutu, nombrado director de la Comisión sostenía que “sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”.

Aun cuando el debate sobre qué perdonar, a quién y cuándo, es viejo y confuso, lo que sí queda claro es que lo que hoy se propone en México no es una amnistía, sino manipulación del perdón y un uso político del castigo. Lo que demuestra la historia es que los perdones en política son procesos delicados y de muy difícil implementación, no borrones y chantajes con brocha gruesa sobre el Estado de derecho y la presunción de inocencia. México ya había implementado responsablemente estos mecanismos. En 1994 se promulgó una ley de amnistía dirigida a los integrantes del EZLN por el conflicto en Chiapas. Un esfuerzo solidario y bien pensado para un grupo particular en contexto específico que otorgaba al país margen para navegar una crisis política.

Pero otra vez: lo que hoy se propone en México no es una amnistía, pero tampoco es un error, sino parte de una mancuerna con otra medida autoritaria: la ampliación acelerada de la prisión preventiva. Ambas son medidas discrecionales, regresivas, sin controles, que aumentan prerrogativas personales a costa del Estado de derecho. Pero las dos medidas únicamente se pueden entender a cabalidad en conjunto porque son la manipulación política tanto del perdón como del castigo. Toda sociedad tiene que decidir quién, a quién y cómo castiga, pero cuando se sanciona y se expía a quien se quiere, por lo que se quiere, cuando se quiere, la forma legal y democrática del castigo, es decir, la pena, se corrompe y degenera en venganza.

 

Emiliano Polo
Abogado especializado en derecho internacional y diplomacia. Maestro en asuntos exteriores y seguridad internacional y asociado en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi)