La zona azul, la grúa y el depósito municipales les serán restituidos a Altea por orden judicial

Otro escalón más para que Altea recupere la gestión de la grúa municipal, el depósito de vehículos y la zona azul. A la escalera de contenciosos, acuerdos plenarios y requerimientos efectuados desde 2019 contra la concesionaria de estos servicios, la mercantil Asa Parking, S.L. (antes Asterita Inversiones, S.L.), para liquidar el contrato de concesión firmado en 2000 para un periodo de 60 años aún le quedan algunos peldaños para coronar la cumbre.

De momento, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante acordó el pasado día 9 que "no ha lugar, y por tanto procede desestimar expresamente la solicitud de la medida cautelar (de Asa Parking) de suspender la ejecución del acuerdo plenario del 26 de octubre de 2023 para la restitución y liquidación del contrato de gestión integral de los aparcamientos de Altea, así como el de la grúa y el depósito municipal", por lo que "se acuerda mantener la plena ejecutoriedad del acto administrativo impugnado mencionado".

Altea inicia la liquidación de la concesión de la zona azul y la grúa municipal

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha recordado este martes que aquella decisión plenaria del Ayuntamiento "fue avalada por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana" y ha aseverado que "ahora ha sido sancionada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante, que considera no suspender su ejecución por la existencia de graves perjuicios al interés público y a la hacienda municipal".

Zaragozí ha añadido que "sin perjuicio de que la resolución judicial es susceptible de recurso ante el TSJ, el equipo de gobierno va a proceder a ejecutar el acuerdo del pleno, empezando en una primera fase por el servicio de grúa y depósito municipal, para después del verano proceder con la ORA (zona azul) y la devolución de los aparcamientos, a fin de poder dar respuesta al problema de los parkings en Altea". En este sentido ha adelantado que "estamos trabajando para reordenar todo el aparcamiento de Altea, tanto la zona azul de superficie como aparcamientos soterrados, por lo que ya estamos pidiendo la redacción de proyectos para cuya construcción saldrían a licitación después. Por el momento queremos hacer uno en el casco antiguo, otro en el paseo Sant Pere, y otro en la Plaça dels Esports si es viable".

El primer edil ha recordado que el acuerdo plenario de octubre pasado "fue aprobado con los doce votos de Compromís y el PSOE, y la abstención del PP y Vox". Zaragozí ha indicado que dicho pleno "fue la culminación de un largo proceso que se inició en el año 2019 con el objeto de analizar el contrato de concesión y su grado de cumplimiento, fruto del cual se observaron graves irregularidades que aconsejaron revisar el mismo con el fin de declararlo nulo".

Sin peligro para los trabajadores

Diego Zaragozí ha remarcado que "estamos dispuestos a colaborar en la liquidación del contrato así como a evitar perjuicios innecesarios". En tal sentido "se garantiza la subrogación por el Ayuntamiento de los trabajadores que procedan en la gestión del servicio, así como en el caso de la posible gestión indirecta. Habrá continuidad de los posibles contratos de terceros usuarios y proveedores que legalmente proceda. Y se liquidará el contrato con las correspondientes contraprestaciones que procedan", añade-

Por último, el alcalde ha manifestado que el contrato de concesión suscrito en 2000, cuando gobernaba el PP, "tenía por objeto la construcción de cinco aparcamientos subterráneos junto con sus correspondientes plazas públicas y sin cargo alguno al municipio".

Además remarca que "se le alteró el objeto del mismo al concederle unos privilegios leoninos a la concesionaria, de forma que se dejó a su sola voluntad la ejecución del contrato por lo que ejecutó solo uno de los aparcamientos, el del Centro Social, y dejaron de construir los otros cuatro programados en el contrato: Paseo del Mediterráneo, Plaza del Convento, Plaza de los Deportes y Palau de las Bellas Artes".

Con todo "se le traspasó al Ayuntamiento la carga económica de hacer frente a los pagos por el depósito de vehículos abandonados por sus propietarios, lo que supuso un gasto añadido desembolsado a favor de la concesionaria de casi 6 millones de euros y una reclamación suya pendiente de casi 16 millones de euros, de entre los que se incluyen 7,4 millones de euros por el depósito de bicicletas y ciclomotores, o 45.000 euros por una bicicleta abandonada, cifras astronómicas que el Ayuntamiento se ha negado siempre a pagar", concluye el alcalde.