Antifraude confirma irregularidades en los concursos de ITV y plan eólico del caso Zaplana

La Agencia Valenciana Antifraude ratificó este miércoles sus informes periciales sobre los concursos de estaciones de ITV y parques eólicos que están en el origen del caso Erial por el que está siendo juzgado el expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana. Funcionarios de la agencia confirmaron en su comparecencia la existencia de irregularidades administrativas que abonan la tesis del presunto amaño de la adjudicación a empresas de la familia Cotino y que ha sido confesado por el que fue jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, también procesado y beneficiario de más de tres millones de euros en posibles comisiones, gran parte de ellos a través de una sociedad en Luxemburgo.

En una jornada dedicada casi de forma monográfica a informes periciales, tres técnicos de Antifraude, entre ellos el director de investigación Gustavo Segura, se sentaron como testigos ante el tribunal junto a Vicente Escuín, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y citado como perito por la defensa del también exministro de Trabajo del Gobierno de José María Aznar. Los cuatro mantuvieron careos y expusieron sus opiniones sobre los procedimientos administrativos bajo la lupa del tribunal. El perito de Zaplana trató de contrarrestar los argumentos que cuestionan la forma de desarrollar los concursos.

Antifraude sostuvo que los procedimientos administrativos organizados para adjudicar los concursos permitían "desviación de poder" y contenían irregularidades que beneficiaron a los Cotino. Sobre la licitación de la privatización de las ITV, convocado a partir de 1997, destacaron el hecho de que se decidiese topar en un 30% la baremación máxima que los ofertantes podían recibir por la oferta económica, la puramente objetiva, lo que en la práctica dejaba las adjudicaciones en manos de la valoración de las propuestas técnicas o subjetivas.

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Los técnicos de Antifraude insistieron en que con una baremación acorde al mejor interés para la Administración, la empresa de los Cotino hubiera quedado en el quinto puesto en el lote de ITV del que resultó beneficiario. "Debería haberse valorado mejor la oferta económica. Fue un posible perjuicio para la administración. La calidad del servicio estaba garantizada con los requisitos mínimos. No tenía sentido económico", dijo Segura sobre el pliego de condiciones.

Una situación similar se produjo, según el órgano fiscalizador valenciano, con el concurso de concesiones de parques eólicos al introducir criterios excluyentes una vez abiertas las plicas de las ofertas y que sirvieron para que Proyectos Eólicos Valencianos (PEVSA), sociedad participada por Endesa y por la familia Cotino, se beneficiara de tres de las cuatro concesiones a las que concurrían.

El tribunal juzga en Valencia a Zaplana y otras catorce personas por blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación u organización criminal. Según la Fiscalía Anticorrupción, el expolítico y personas de su confianza se beneficiaron del cobro de comisiones a la familia Cotino a cambio de las adjudicaciones que canalizaron primero a través de una sociedad en Luxemburgo, Imison Internacional, y, después, con otras sociedades internacionales y a través de cuentas bancarias en Andorra o Suiza.

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Los funcionarios de Antifraude destacaron entre las irregularidades del procedimiento de las ITV la ausencia de firmas en los pliegos de condiciones o en la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, que presidía Juan Francisco García. "No es habitual encontrarnos con pliegos que no tienen ningún tipo de firma y en los que nadie acredita su autoría", advirtió uno de los funcionarios. Esa ausencia de firmar hacía "imposible" recusar a los autores, añadió. "¿En qué norma se recoge la obligatoriedad de la firma? Son elementos de control interno de la propia organización", replicó el perito de Zaplana, que afirmó que es frecuente que muchas propuestas no contengan firma.

Los técnicos de Antifraude también pusieron el foco en el que hecho de que dos días antes de la reunión de la comisión de contratación que iba a formalizar su propuesta fue apartado un interventor autonómico que había cuestionado los pliegos, precisamente en el apartado del tope en la puntuación de las ofertas económicas. El cese fue firmado por el entonces conseller de Economía, José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat, también juzgado en la causa.