En el transcurso de las campañas electorales, las candidatas y el candidato por la presidencia de la República han publicado sus planes en materia de combate contra la corrupción. En lo que respecta a Jorge Álvarez Máynez, candidato por Movimiento Ciudadano (MC), su plan incluye 12 propuestas que se enfocan principalmente en el fortalecimiento del andamiaje institucional anticorrupción, el fomento de la participación ciudadana, la mejora de la gestión gubernamental y el impulso de la profesionalización de funcionarios.
#ColumnaInvitada | En el radar: la agenda anticorrupción de Jorge Álvarez Máynez
Aunque a primera vista parecen iniciativas positivas, son muy generales y no se especifican las medidas para lograrlas.
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Respecto al fortalecimiento institucional, Máynez muestra un claro apoyo de mantener activas las instituciones que conforman al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con énfasis en los órganos garantes del cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, que incluyen al INAI.
Aunque a primera vista parecen iniciativas positivas, son muy generales y no se especifican las medidas para lograrlas. Asimismo, su consolidación no incluye aspectos para atender algunas críticas relacionadas con los altos costos administrativos y la necesidad de mejorar la eficiencia de sus procesos. Además, necesita precisarse cómo garantizar la coordinación entre las instituciones del SNA y los sistemas locales anticorrupción, así como propuestas orientadas en mejorar su efectividad y autonomía.
Para el fomento de la participación ciudadana existen tres propuestas: potenciar su presencia en los sistemas anticorrupción, la creación de unidades de participación y secretarías de participación ciudadana. La primera es ambigua, pues no queda claro cómo se planea integrar o fortalecer el trabajo ciudadano ni a través de qué instituciones o sistemas, considerando que el SNA, por ejemplo, ya incluye órganos como el Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Las propuestas de crear unidades y secretarías de participación, por separado, reflejan la inespecificidad de las ideas de Máynez: las primeras se enfocarían en el monitoreo de políticas públicas y las segundas en gobierno abierto e innovación gubernamental (lo que sea que esto último signifique). ¿No podría un mismo órgano hacerse cargo de estas tareas? Además de que este tipo de iniciativas solo agrandan la burocracia ya existente -lo cual no es innovador en absoluto- y no considera que el SNA ya articula capacidades a nivel estatal.
En cuanto a la mejora de la gestión gubernamental, la propuesta de garantizar tiempos acotados de respuesta y resolución suena adecuado y necesario, pero poco plausible. Aunque en la teoría muchas Fiscalías Anticorrupción sí lo establecen, en la práctica no ocurre dadas las condiciones particulares de cada investigación, así como de las propias Fiscalías. En lo que respecta a las herramientas de contabilidad gubernamental e información financiera, así como el aumento en el uso de tecnologías de información y comunicación electrónica, ya han habido avances significativos en los últimos años, por lo que la plataforma de MC debe profundizar sobre qué aspectos necesitarían mejorarse, ampliarse, o en todo caso, modificarse.
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Resulta loable que el candidato le brinde importancia a la profesionalización gubernamental en otras tres de sus propuestas. Sin embargo, no innovan las ya conocidas ambiciones de que los funcionarios deben ser capaces y calificados en cargos con base en el mérito. Pero además de que la mayoría ya están legisladas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, la pregunta más bien sería ¿cómo llevarlas a cabo y garantizarlas? También debe considerarse que estas prácticas garanticen la representación equitativa más allá de ser un asunto meramente meritocrático.
La decimosegunda y última propuesta de Máynez es la única que aborda la creación una ley, específicamente para impedir y sancionar que los programas sociales sean utilizados con propósitos políticos o electorales. Pero esto ya existe y se encuentra regulado en el Artículo 7 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
En resumen, las propuestas presentadas por el candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez, aunque abordan aspectos importantes relacionados con la anticorrupción, la mayoría carece de especificidad y claridad, podrían implicar altos costos y ampliaciones burocráticas, no consideran aspectos sobre cómo agilizar los procesos actuales, mejorar la coordinación y autonomía institucional, además que se proponen disposiciones que simplemente ya existen en la normativa actual. Esto plantea serias interrogantes sobre su viabilidad para lograr un impacto efectivo en la lucha contra la corrupción en México.
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Nota: Manuel Palma Cornejo (@itsmanolopalma) es investigador de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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