Algunas películas del cine peruano siguen siendo objeto de disputa dentro de la imaginada “batalla cultural” de la ultraderecha. Desde hace algunos años, las pocas ficciones que se ambientan en el contexto post conflicto armado interno, ficciones LGBTIQ+ y documentales que son asociados a la izquierda han aparecido como supuestos enemigos que alteran la historia reciente del país, que deforman los hechos de terrorismo o que buscan exaltar a “sediciosos”. El “terruqueo” al cine peruano no es un fenómeno nuevo, ya tiene más de una década, se trata de una constante arremetida, con inevitables demandas de censura, que tiene un propósito concreto: la intervención de los montos asignados como estímulos al cine peruano.
En general, uno de los argumentos de la ultraderecha en el mundo es que el cine no debe ser subvencionado con fondos públicos. “Se terminaron los años en que se financiaban festivales de cine con el hambre de miles de chicos», señala un comunicado del Ministerio de Capital Humano del gobierno de Javier Milei, que inició un proceso de eliminación de los recursos al cine argentino en menos de cuatro meses luego de la asunción de mando, y que parece inspirar a la ultraderecha peruana. Pero, es fundamental el apoyo de los estados y gobiernos al cine, mediante leyes y reglamentos, para el desarrollo de la actividad cinematográfica, pues es vista como fuente de trabajo y como vía para la concreción de expresiones culturales.
Las películas financiadas por el gobierno suelen abordar temas culturales, históricos o sociales que de otro modo no podrían ser explorados dentro de alguna industria cinematográfica. Y esto es precisamente lo que se quiere evitar: que exista una diversidad de voces en el cine. Por otro lado, el apoyo al cine estimula las condiciones para el surgimiento de una industria cinematográfica local, que aún está en pañales. Al proporcionar estímulos a productoras, los gobiernos pueden aumentar la competitividad de esta industria en crecimiento en el mercado global y fortalecer nuestra presencia cultural a nivel internacional. Nadie fuera del país conoce a Muñante, pero sí a “La teta asustada” o “Kinra”.
Por ejemplo, para citar datos sobre el apoyo de un gobierno ultracapitalista a transnacionales como EE.UU., según Good Jobs First’s Subsidy Tracker, de 2007 a 2022, “Disney obtuvo más de 1.500 millones de dólares a través de subvenciones al cine, y otros 500 millones de otras subvenciones para la creación de empleo”. Los subsidios anuales en Nueva York al cine suman 700 millones de dólares, que equivale a 70 años de fondos que da el Ministerio de Cultura (MINCUL) al cine peruano.
Uno de los grandes oponentes en esta disputa es el Congreso de la República. Varios congresistas de la derecha radical han propuesto proyectos de ley que buscan intervenir los estímulos. Desde los ya conocidos proyectos de ley de Adriana Tudela y Patricia Juárez, que buscan brindar apoyo, con los mismos fondos, a las postas para así “eliminar la pobreza” del país hasta mociones de censura de Alejandro Muñante o pedidos de inclusión de militares en los jurados que definen los incentivos para controlar los contenidos de las ficciones.
Lo que está claro, es que el equivalente del total del presupuesto asignado al MINCUL para el apoyo al cine peruano (6000 UIT, el 0.00013% del presupuesto anual de la República) se gasta en reparar baños del Congreso y en aumentos de sueldos para parlamentarios, sin contar su presupuesto anual que asciende a más de 1000 millones de soles. Pero ya sabemos que los criterios para el uso de recursos del estado de los ultras del Congreso son selectivos e hipócritas: si el recurso público va para grandes productoras comerciales, bien, pero si va a productoras pequeñas independientes, mal, hay que terruquearlas. Como expuse en diversos artículos, los congresistas que buscan cuestionar y proponer nuevas normas al cine peruano desconocen la realidad audiovisual mundial y local, a tal punto que formalizan pedidos o mociones inútiles, cuando la información es pública, y basta un clic para acceder a la información sobre los concursos anuales y los premios asignados.
Lo que sí resulta alarmante en este panorama de intromisión e intención de destruir la normativa actual del cine peruano, es el papel del MINCUL. El decreto de urgencia existente, así no le guste a la actual ministra, fue un proyecto que salió de ese mismo ministerio, y fue parte de una serie de debates y consensos dentro de los gremios y demás partes del sector audiovisual. Sin embargo, debido a la presión o simpatías con los discursos represivos a partir del estreno de películas sobre las épocas del conflicto armado interno, se quiere hacer un borrón y cuenta nueva, no solo en las mismas bases del concurso de estímulos 2024 que incluyeron cláusulas abiertamente censoras, sino que ahora se ha dado carta libre a una reestructuración de los procesos de la gestión los estímulos, contradiciendo el decreto que rige al cine peruano.
Hace algunos meses, en respuesta a la publicación del proyecto de Adriana Tudela, el MINCUL emitió una nota de prensa donde señalaba que la propuesta era inviable. Meses más tarde, parece que la historia ha tenido un viraje mágico. En el contexto de diversos pedidos de la ultraderecha congresal, entre ellos los clamores de Barbarán y Muñante, el MINCUL emitió el anuncio de reestructuración del otorgamiento de los Estímulos Económicos para el Fomento de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, “considerando que son recursos públicos que corresponden a intervenciones que fomenten las industrias culturales del país”. ¿El MINCUL le cumple el pedido a Tudela por la puerta trasera? ¿Estímulos para películas rentables que tengan a Perú como simple set de TV? Si revisamos el actual decreto de urgencia, lo que se garantiza es el apoyo del estado a toda actividad cinematográfica y no solamente a industrias. Parece que a cómo dé lugar la ministra de cultura quiere cumplir el deseo de los fans de Transformers, de los robotitos que hacen piruetas en Machu Picchu: entendiendo los estímulos como una “intervención necesaria para el fomento de la industria cultural en el país, teniendo siempre el firme compromiso de cautelar los recursos del Estado”. Para el MINCUL, todo el apoyo dado hasta la fecha por parte del estado al cine peruano no habría cumplido su propósito. Insólito.
Por ello, las demandas censoras, graves e inaceptables por donde se las mire, han sido tomadas en cuenta sin mayor problema por el MINCUL, que debiera ser el primer garante del derecho a la libertad artística y de creación, y el defensor acérrimo del actual decreto de urgencia. La cabeza del cine peruano ya ha sido puesta en bandeja, sin tener a nadie en el sector público que lo defienda, ante gremios sin peso, ante una opinión pública que celebra si un cineasta le respondió bien o no a un conductor que no sabe diferenciar documental de ficción, ante la arremetida de la ultraderecha que busca eliminar los estímulos para que la gente pueda seguir viendo el circo de los Transformers y ositos Paddington.
