Un tribunal frena la aplicación en Irlanda del Norte de la ley que permite deportar inmigrantes a Ruanda

El Tribunal Superior de Belfast ha frenado este lunes la aplicación en Irlanda del Norte de una parte significativa de la ley de Inmigración Ilegal, aprobada el año pasado en el Parlamento británico para permitir la detención y expulsión de los inmigrantes que lleguen al Reino Unido de forma irregular. Según el fallo, redactado por el juez Michael Humphreys, existen artículos de la norma que van en contra de lo establecido en el Acuerdo Marco de Windsor –firmado por el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit–, que obliga a mantener las disposiciones en materia de derechos humanos contempladas en los acuerdos del Viernes Santo. 

La decisión del tribunal podría impedir al Gobierno deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo que se encuentren en Irlanda del Norte, según los abogados de la Comisión de Derechos Humanos de esta región. "[La decisión] supone un enorme obstáculo en el camino [del Gobierno] para que pueda realmente implementar esto en Irlanda del Norte, ya que se ha dictado que es incompatible con el marco de Windsor", ha asegurado la abogada Sinead Marmion a la agencia PA News.

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Recurso del Gobierno

El Gobierno ha confirmado su intención de recurrir la decisión del juez, aunque ha insistido en que seguirá adelante con sus planes de iniciar las deportaciones a principios de julio. "No cambia nada sobre nuestros planes operativos para enviar inmigrantes ilegales a Ruanda este mes de julio ni sobre la legalidad de nuestra Ley de Seguridad de Ruanda", ha explicado Sunak a ‘Sky News’. A pesar de que todavía no es firme, la sentencia supone un nuevo contratiempo para el Ejecutivo, inmerso en largas batallas judiciales desde junio de 2022, cuando el primer vuelo de deportación fue paralizado a última hora por la justicia europea. 

Sunak logró poner fin a las disputas con los jueces tras la aprobación, a finales de abril, de la ley de Seguridad de Ruanda, que establece que el país africano ofrece las garantías suficientes en la protección de los derechos de los solicitantes de asilo, al contrario de lo que dictaminó el Tribunal Supremo en noviembre del año pasado. La aprobación de la norma debía evitar nuevos impedimentos legales a la puesta en marcha de las deportaciones, pero ahora el objeto de disputa está en la ley de Inmigración Ilegal, en la que se basó inicialmente el plan.

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Críticas unionistas

El Partido Unionista Democrático (DUP), que representa a la mayoría de unionistas en Irlanda del Norte, ha señalado que la sentencia demuestra que los acuerdos firmados por el Reino Unido y la Unión Europea impiden la aplicación de las leyes aprobadas por el Parlamento británico en todo el territorio nacional. “El DUP ha advertido repetidamente de que los esfuerzos del Gobierno en materia de inmigración no se aplicarían en Irlanda del Norte. El Gobierno se cerró en repetidas ocasiones en banda ante la incompatibilidad de su legislación con el protocolo de Irlanda del Norte, y sin embargo nuestras preocupaciones han sido aceptadas por el Tribunal Superior de Belfast esta mañana”, ha asegurado el líder del partido, Gavin Robinson, a través de un comunicado. 

La aprobación de la ley de Seguridad de Ruanda ya había provocado un aumento de los desplazamientos de inmigrantes hacia Irlanda del Norte, procedentes de otras partes del país, con el objetivo de cruzar la frontera invisible entre las dos irlandas e instalarse en la república de Irlanda, lejos de la amenaza de las deportaciones. Una situación que ha provocado tensiones entre Londres y Dublín, después de que el Gobierno británico se negara a aceptar la devolución de solicitantes de asilo que se instalen en territorio irlandés. En caso de confirmarse, la decisión del juez podría frenar los desplazamientos a través de la frontera entre los dos países, al convertir a Irlanda del Norte en un espacio seguro para los inmigrantes.