UNO. – 

El giro producido en la autoría de la muerte de dos guardias civiles en aguas del puerto de Barbate atribuida ahora por la propia Benemérita a un presunto traficante marroquí, me permite algunas consideraciones respecto al narcotrafico y a sus apoyos y a las propuestas de algunas organizaciones involucradas en el estudio del crimen organizado y de sus benefiarios empresariales y a quienes a través de la corrupción intentan rentabilizar todo el aparato de persecución y defensa de comerciantes narcos, banqueros ocultos y blanqueadores del dinero que produce. Como antiguo párroco de La Atunara y más tarde jefe del Servicio de Asuntos generales del Comisionado contra la droga de la Junta de Andalucia, he seguido, y sigo, este importantísimo hilo de la realidad europea y española.

Transparency International trabaja desde hace años en investigar y descubrir los lazos que unen la corrupción con el narcotráfico. Desde 2016, junto a Interpol y la UNODOC, realizan el proyecto Crimjust, con fondos de la Unión Europea. El proyecto pretende reducir la influencia del crimen organizado y la corrupción en la seguridad y el Estado de Derecho. Crimjust ha estudiado e investigado las formas de facilitar la cooperación internacional en materia penal, con prioridad a las que pongan de manifiesto las relaciones patrimoniales transfronterizas que permitan seguir, con enormes dificultades, el hilo de todas las redes criminales.

El informe de Europol publicado en abril pone de relieve que el 60% de las redes criminales que operan en la UE utilizan métodos de corrupción para alcanzar sus objetivos ilícitos. Abordar la corrupción es debilitar la delincuencia organizada. La detección y la represión se han convertido en importantes complementos de las políticas de prevención. Se trata de políticas públicas que hay que diseñar y poner en marcha. Coordinación entre los diferentes servicios y agencias pertinentes y la cooperación europea e internacional. Ningún país europeo ganará la guerra contra el narcotráfico sin combatir la corrupción y el blanqueo, y sin conjuntar su policía, su justicia y su inteligencia financiera. En esta materia como en muchas otras, sin un estado mayor con mando único, la guerra está perdida ab initio. Por ejemplo, solo las incautaciones por vía judicial permitirán atacar el patrimonio de traficantes y corruptos que los amparan y dirigen o apoyan y las lentitudes, descoordinaciones y reinos de taifas de los juzgados y tribunales españoles están muy lejos de conseguir la mínima eficacia en ese terreno. Combatir la “delincuencia de la parte superior del tráfico” puede hacerse más efectiva introduciendo en el Código Penal el delito de presunción de blanqueo. El art. 3º, apartado 3º de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 20 de diciembre de 1988 (B.O.E. de 10 de noviembre de 1990)  afírma la legalidad de la prueba indiciaria para obtener el juicio de certeza sobre el conocimiento, intención o finalidad requeridos como elementos de los delitos que se describen en el párrafo 1º de dicho artículo, entre los que figura el de blanqueo de dinero, procedente en nuestro caso del trafico de estupefacientes. Como ocurre en otros territorios del ordenamiento jurídico español una simple decisión del Congreso de los Diputados apoyada por la totalidad de sus señorías permitiría disfrutar de los beneficios del instrumento de coordinación, confiscación y seguimiento adecuados de las medidas a ejecutar. Basta instrumentalizar en la Administración de Justicia el aparataje del que dispone la Hacienda Pública, instalado en la Real Casa de la Aduana, para dar un paso de gigante en la lucha contra las delincuencias, incluidas el crimen organizado y el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Si los gobiernos socialistas y conservadores, incluido el del brillante aconsejador permanente de lo que tienen que hacer los demás y él y sus vicepresidentes económicos no hicieron, no han tenido tiempo en estos cincuenta años para hacerlo, puede uno llegar a la penosa conclusión que es preferible seguir así.  Los Mellados, las Peñas, los Samperes, las Alegrias y Gamarras, las Monteros y los Bolaños y Marlaskas pueden aclarar a los ciudadanos que prefieren la ineficacia judicial y sus costes y seguir sustrayendo rentas salariales a perseguir madrastras de narcotraficantes en Marbella. Ad exemplum.

Mas allá de las pequeñas anécdotas madrileñas de políticos con anteojeras, podemos alquilar el piso 37 de la torre más alta del mundo en Dubái. Su dueño y quien alquila es un tal Dzenis Kadric un expolicía bosnio, miembro de una organización criminal cuyo líder es considerado por las autoridades estadounidenses como “uno de los narcotraficantes más activos del mundo”. El arrendador propietarios y miembro de esa organización también esta perseguido por la justicia. Otro piso de la misma categoría es propiedad de un tal Candido Nsue Okomo ex director de la sociedad petrolera nacional de Guinea Ecuatorial, que posteriormente se convirtió en ministro de Deportes, y acusado de malversación de fondos y blanqueo por parte de la justicia española. Dubai es una ciudad donde viven y se encuentran delincuentes condenados, fugitivos, personalidades políticamente expuestas y oligarcas bajo sanciones. Allí reside el rey Juan Carlos de Borbón y Borbón. Ese estado de cosas se ha basado en la estabilidad de un régimen monárquico rígido, y autoritario inmisericorde, ubicación en la encrucijada de los continentes y la decisión de ese régimen de buscar relevos de crecimiento del petróleo y, para ello, crea zonas francas con una fiscalidad muy ventajosa, invierte masivamente en infraestructuras de última generación y favorece el turismo de los ricos del mundo sin Edit demostración del origen de su dinero. Establece leyes que permiten a los extranjeros poseer fácilmente bienes inmuebles. Los tribunales de varios países UE que mantienen cordiales relaciones con el Emirato se ven impotentes para poder descubrir los ocultos bienes de los criminales y de los que siendo tales se hacen pasar por otras profesiones. Como parte de una investigación, denominada “Dubai Unlocked”, el Organised Crime and Corruption Reporting Center (OCCRP) y sus socios han descubierto decenas de casos similares, que muestran que la ciudad está plagada de propiedades con financiación dudosa, absolutamente convertida en imposible de detectar para las decisiones jurisdiccionales de apropiarse de esos ocultos recursos procedentes del narcotrafico.

Como en el asesinato buscado de los dos individuos del Benemérito Instituto en Barbate, esta misma semana en Francia, Mohamed Amra alias “el Mosca”, “Momo”, “Yanis” o “Pitufo”, un traficante de estupefacientes nacido el 10 de marzo de 1994 en Rouen, “muy conocido desgraciadamente por los servicios de policía y justicia”, se fugó. Había sido encarcelado en la prisión de Évreux por varios robos, implicado tanto en el tráfico internacional de drogas como en la organización de asesinatos en Francia y en el extranjero”. Uno de ellos aquí en España. La furgoneta de la prisión regresaba del tribunal de Ruan y llevaba al reo de vuelta a la prisión de Évreux. Resultado del asalto: dos de los agentes murieron y otros tres resultaron heridos. Sigo, a últimos de de 2023, unos días después de una visita relámpago del ministro del Interior francés a los Emiratos Árabes Unidos, la policía emiratí anunció la detención del narcotraficante francés Abdelkader Bouguettaia, alias “Bibi”. Considerado por la Oficina Antiestupefacientes (Ofast) como un “objetivo de interés prioritario”, tiene 36 años, con aviso rojo de Interpol, condenado en mayo de 2023 a nueve años de prisión por el tribunal de Lille. La satisfacción de las autoridades francesas se transformó en amargura. A mediados de diciembre, la justicia emiratí liberó al traficante, según una información confirmada por la fiscalía de París, por que “los elementos para su extradición no pudieron organizarse dentro del plazo legal de cuarenta días, después de los cuales fue liberado”. Las autoridades judiciales de los Emiratos Árabes Unidos justifican su negativa a entregar al detenido a Francia sobre la base de que no habrían recibido todos los documentos necesarios para la realización de este procedimiento. Las relaciones son caóticas en materia de cooperación judicial, y la implementación efectiva de las extradiciones se torpedea, o está llena llena de misterio. En España hace unas semanas que un asesino internacional, jefe de una organización criminal, reclamado sistemáticamente por los Países Bajos y pendiente de la Audiencia Nacional, fue puesto en libertad en Málaga por otro tribunal que no tuvo en cuenta esa dependencia. El narcotraficante había estado un año custodiado a petición de la Casa Real de los Países Bajos al haber amenazado a la heredera de la Corona que vivió ese año, el pasado, en España. Ineficacia total que contrasta con la rapidísima reacción del Tribunal que en Madrid ha ordenado averiguar que fiscal ha contestado a un infundio del jefe de gabinete de la la presidenta Ayuso a cuenta de su pareja electa, que ha reconocido la comisión de fraudes a la Hacienda Pública.

CODA. – 

Hablé de la región de las tres fronteras en mi columna arriera del pasado domingo. No tenia información entonces de que el el lunes 6 de mayo, 21 personas habían sido asesinadas en el pueblo de Moualoungou y otras 130 en Tambi Bounima. Estas personas confiaron en los militares y los “Voluntarios de la Patria” que les acompañaban, creyendo que su documento de identidad les protegería. Sin embargo, fueron masacradas sin motivo aparente por el convoy militar que se dirigía a otro lugar. Entre las víctimas se encontraban mujeres embarazadas, hombres, niños y transeúntes indefensos. Eran pobres, campesinos, cristianos en su mayoría y, por lo tanto, para el régimen militar en el poder en Burkina Faso, ni siquiera tienen derecho a denunciar. Muertos, nunca existieron. En febrero o marzo pasados, varias personas de Bibigou y Soualamou, en la zona de Gourmanché, en Burkina Faso, habían sido asesinadas a lo largo de la carretera. Los testimonios son sólidos y abundan las imágenes grabadas con teléfonos móviles. Los campesinos, tomados como rehenes para exigir un “impuesto” por persona, su conversión a grupos armados yihadistas o su éxodo, despojados de todo, se esconden en el monte o buscan refugio y seguridad al otro lado de la frontera. Para los cristianos del común, que participan en reconocer a Jesús como su Señor y poco más, entre los que tengo el honor de contarme, el viejo rezo de completas con el león rugiente que nos cerca buscando a quien devorar cada día en la terrible lucha contra el poder de las tinieblas, nos recuerda que en todo el mundo nuestros hermanos sufren semejantes terrores y persecuciones y que estamos unidos a ellos hasta el fin de los siglos. Desde el pasado mes de noviembre, la Unión Europea viene pidiendo a las autoridades militares de Burkina Faso que actúen ante las denuncias de asesinatos de civiles en diversas partes del país.  Human Right Watch ha acusado a las autoridades de masacrar a 223 civiles, entre ellos 56 niños, en dos aldeas en febrero de 2024. El venenoso perfume “Netanyahu” se expande.