Defensa Pública de Stanislaus tiene muy poco personal y gran sobrecarga de trabajo
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La Oficina de Defensa Pública del Condado de Stanislaus fue una de las oficinas de defensa con menos fondos y más sobrecarga de trabajo en el Valle Central entre los años fiscales 2020 y 2023, según un reporte estatal del año pasado.
En diciembre, la carga de casos por abogado de la Defensoría Pública del Condado de Stanislaus casi llegó a ser demasiado alta para asumir nuevos casos. Un reporte escrito por la Oficina de Defensa Pública del Estado argumentó que esto abría la posibilidad de una crisis constitucional para cumplir con el derecho a un juicio rápido y justo garantizado por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La Defensora Pública del Condado, Jennifer Jennison, quien fue nombrada hace dos años, dijo que si la Oficina de Defensa Pública tiene que demasiados casos por manejar, los acusados de delitos permanecerán encarcelados sin un abogado, los casos pueden retrasarse y, en última instancia, tendrán que ser desestimados.
“Un sistema fallido compromete nuestra capacidad de producir resultados justos”, dijo un comunicado de Jennison, quien asumió su cargo hace dos años. “Si los servicios de defensa pública no funcionan correctamente, eso erosiona la confianza pública, perpetúa las disparidades raciales y pone en peligro la seguridad pública. No afecta solo a los individuos que están sin representación, afecta a todos”.
En respuesta a la crisis, el Presidente de la Junta de Supervisores del Condado, Mani Grewal, anunció que se reservaría dinero para 10 nuevos puestos en la Oficina de Defensa Publica y más personal para el departamento de libertad condicional con el fin de rehabilitar a los presos en libertad condicional.
Sin embargo, la situación en la oficina sigue siendo incierta. Aunque se reservó dinero para estos puestos, encontrar abogados para cubrirlos ha sido un problema durante años.
El reporte afirmaba que, como muchos condados del Valle Central, el de Stanislaus es un “desierto rural de abogados”. El número de abogados activos en el condado era de nueve por cada 10,000 habitantes, calculado con base en los datos de población de 2021.
Lo que hace inusual a Stanislaus es el elevado número de casos por abogado defensor. Se calcula que cada defensor público tiene un promedio de 136 casos de delitos graves, una cifra superior a la de condados como Merced (103), San Joaquín (83), Sacramento (80), Fresno (77), Monterey (73) y Tulare (64).
Sin embargo, de acuerdo con el reporte, estos números probablemente no pintan un cuadro completo de lo sobrecargados que están los defensores públicos. Un defensor de delitos graves informó de una carga de trabajo tan alta como 250 casos. Esto puede ocurrir porque no todos los abogados llevan casos de delitos graves, algunos solo llevan delitos menores.
Las cifras, dice el reporte, “deberían sacudir la conciencia”.
“En el Condado de Stanislaus, el Defensor Público representa más del 90% de todos los casos presentados, sin embargo, tiene casi la mitad del número de abogados en la Oficina del Fiscal de Distrito para el mismo número de casos”, se lee en la declaración de Jennison. “El defensor público lucha con cargas de casos imposiblemente altas con la mitad de los recursos del fiscal de distrito, en detrimento inevitable de las personas que representamos”.
Entre los años fiscales 2020-21 y 2022-23, el Condado de Stanislaus vio aumentar las presentaciones de casos de 10,665 a 12,410, un aumento del 16%. Mientras tanto, los Condados de Kern, Fresno, Madera, Merced, Monterey, San Joaquín, Tulare y Sacramento tuvieron una disminución.
Otros condados que experimentan disminuciones en el número de casos también están viendo aumentos en el número de abogados. Stanislaus vio un aumento en el número de casos, pero el número de abogados que los manejan se ha mantenido igual.
El reporte indica que, si bien este problema aumenta el estrés y el desgaste de los defensores públicos, plantea un problema aún mayor para las personas a las que defienden y para el público en general.
Soluciones
En cualquier Condado, los defensores públicos representan entre el 90% y el 95% de todos los casos, lo que significa que los acusados no pueden pagar un abogado privado. Según Jennison, el número de clientes indigentes, o de bajos ingresos, a los que atiende su oficina supera el 95%.
Jennison argumentó que tanto si una persona es condenada por un delito como si no, su arresto puede tener graves consecuencias para su vida.
“Una Oficina de Defensores Públicos adecuadamente financiada y dotada de personal puede ayudar a mitigar o eliminar esas consecuencias que podrían incluir la pérdida de un trabajo o de la vivienda debido a estar encarcelado o estar separado de los niños, por ejemplo”, dijo la declaración de Jennison.
El reporte afirmó que el Condado de Stanislaus no cuenta con muchos abogados dentro del condado y tiene que competir con sus vecinos para atraer a candidatos calificados.
Dijo que un financiamiento adecuado, salarios competitivos y una carga de trabajo manejable ayudarían a atraer más abogados a la zona. También recomendó aumentar el número de abogados a 58 para cumplir los “estándares nacionales mínimos”.
La distancia del condado a una facultad de Derecho acreditada por la American Bar Association también se citó como un problema, ya que la más cercana es la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara, a 85 millas de distancia. Esto convierte a Stanislaus en el segundo condado más alejado de una facultad de derecho entre los condados comparables.
“Las oficinas del Valle Central compiten por un número muy reducido de abogados con experiencia para sus oficinas de defensores públicos”, dijo el reporte. “Estas oficinas desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar el cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Sexta Enmienda de la Constitución, así como para asegurar la confianza de los electores en el sistema legal local”.
