"No le digan a mi familia dónde estoy": piden a Interior regular el derecho a desaparecer

La mayoría de las desapariciones que se producen en España son voluntarias y muchas de ellas lo son para no volver jamás. Son personas que abandonan su vida anterior y dejan atrás trabajo, familia y amigos. Los allegados presentan una denuncia en la policía para que les busquen, en ocasiones sus fotos circulan por las redes sociales y se pide colaboración ciudadana para dar con su paradero. Y cuando por fin les encuentran, ellos dicen que no quieren volver. No solo eso, sino que piden no facilitar ningún dato sobre su nueva vida.

Estos casos se han dado siempre, como acredita la llamada Lista R de ‘Quién sabe dónde’, el popular programa de TVE, que durante la década de los noventa concentró a España ante el televisor. El formato participó en la búsqueda de miles de desaparecidos y propició el reencuentro entre familiares que en ocasiones llevaban décadas sin saber nada los unos los de los otros. La lista R tiene su origen en un señor que un día llamó a la redacción del programa para hablar con el presentador Paco Lobatón. Quería dejar claro que si alguien llamaba preguntando por él, que se ahorrasen la búsqueda.

Años antes, el señor que dio origen a la Lista R (por Reservada) había abandonado su casa para iniciar una nueva vida en otro lugar donde creó una segunda familia que no sabía nada de su pasado. Los días que tocaba ‘Quién sabe dónde’, todos se sentaban a ver el programa en el salón mientras él disimulaba los nervios al imaginar su foto en la pantalla y su antigua esposa clamando por alguna pista sobre su ubicación.

Paco Lobatón recuerda aquello en conversación telefónica con El Confidencial. “Se nota que eras seguidor del programa porque en todos estos años nadie me ha preguntado nunca por la Lista R”. La existencia de ese archivo se publicitó en el programa para que los ausentes voluntarios supiesen que existía esa posibilidad, pero con todo dice que no se acogieron muchas personas. Recuerda otro caso de un padre de familia que pasados muchos años quiso restablecer el contacto con sus hijas, que ya eran mayores de edad y fueron ellas las que informaron que no querían saber nada.

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Hace solo unos días, Paco Lobatón, contó en su espacio de Radio Nacional, ‘Diario de Ausencias’, el caso de un hombre que se marchó de casa y terminó buscándose la vida en Ucrania y ahora ha querido comunicarse de nuevo con su familia. “El derecho a desaparecer -afirma- es un derecho que hay que respetar, pero hay que combinarlo con el derecho de las familias a saber de sus seres queridos. No debe quedarse en un ‘ahí os quedáis’ porque eso tiene efectos desde problemas en la gestión del patrimonio hasta el sufrimiento que deja en su entorno”.

Cuando ‘Quién sabe dónde’ empezó a emitirse en 1992, un joven Ernesto Sáenz de Buruaga –primer presentador antes de Paco Lobatón– justificaba el programa en las 9.000 personas que desaparecían en España cada año. La plataforma SOS Desaparecidos reactivó en 2022 el llamado derecho a desaparecer con la remisión al Ministerio del Interior de una iniciativa que dos años después no ha experimentado ningún avance, según lamenta en conversación con El Confidencial su responsable, Joaquín Amills.

La ventanilla a la que lo remitieron fue el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), una estructura integrada en el departamento que lidera el ministro Fernando Grande-Marlaska. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, se llamó “Propuesta para la creación de un Registro Oficial de Ausentes Voluntarios (ROAV)”. La idea consiste en ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero a las policías en búsquedas inútiles y al mismo tiempo mitigar el disgusto de las familias, que al menos se pueden consolar con que sus allegados se encuentran bien, aunque lejos de ellos.

“Es de sentido común. Es de cajón que todo adulto tiene derecho a desaparecer, ya no existe el delito de abandono de domicilio conyugal”, defiende el responsable de SOS Desaparecidos. Hace hincapié en que este listado solo está pensado para mayores de edad y el límite es cualquier incumplimiento de la ley. Por ejemplo, uno no puede desaparecer llevándose a los hijos. Puede marcharse para no volver, pero dejar de pasar la pensión de un menor puede ser motivo de delito independiente de donde se encuentre.

SOS Desaparecidos es una asociación que colabora con las fuerzas de seguridad del Estado. Es habitual ver sus carteles con las fotos y los datos de las personas en paradero desconocido. Solo en el año 2022 propiciaron el hallazgo de 380 individuos gracias a la gente que llamó a su teléfono para indicar que habían encontrado a la persona. En ocasiones es un hospital el que contacta para informar de que está ahí ingresado, otras un vecino para dar cuenta de que el anciano que buscan duerme todas las noches en un parque cercano… las situaciones son variadas y en la asociación han visto casi todo.

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Amills cita datos del Centro Nacional de Desaparecidos y dice que el año pasado se presentaron 26.000 denuncias de personas desaparecidas en España, de las cuales siguen activas 6.000. Según Interior, el 87,22% de las denuncias formuladas en 2021 estaban tipificadas como voluntarias. “Son muchos los que se marchan voluntariamente –dice Amils-, principalmente jóvenes de unos 30 años. Se van de casa de sus padres o dejan a sus parejas y llaman para pedir por favor que quiten la alerta”.

SOS Desaparecidos no puede quitar el cartel si el aludido no se presenta en una dependencia policial a confirmar que está vivo y en buen estado. Solo después de eso y de presentar un documento policial que lo acredite, la asociación deja de difundir su imagen. El derecho a desaparecer tiene una base legal, según introduce en conversación con El Confidencial el abogado penalista Juan Manuel Medina, colaborador habitual de SOS Desaparecidos y el encargado de dar el encaje legal a la propuesta.

“Dentro de nuestro ordenamiento jurídico existe un marco legislativo que ampara el derecho a la libertad, la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos de carácter personal”, alega para defender la creación del archivo de ausentes voluntarios. Cita el artículo 18 de la Constitución, “que contempla limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

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También el artículo 19, que reconoce el derecho a circular y residir en todo el territorio nacional. Recuerda el letrado que no hay nada que impida a un ciudadano entrar y salir de España si no tiene ninguna restricción judicial. Se refiere también a las leyes nacionales y europeas en materia de protección de datos que avalan mantener el anonimato de los interesados en este ROAV.

Desde la plataforma plantean un protocolo como apuntarse en una lista que gestionen las fuerzas y cuerpos de seguridad y que el interesado tenga que renovar su situación cada cierto tiempo. Sería necesario acreditar estar en plenas facultades mentales y no haber recibido coacciones de terceras personas para inscribirse. De ese modo, cuando su entorno acudiese a comisaría, no se admitiría la denuncia, aunque sí les avisarían de que su allegado decidió inscribirse.

Amils se detiene en el caso de los enfermos mentales. Advierte de que una persona que toma su medicación no plantea ningún problema, pero si deja de tomarla y desaparece no se puede considerar una ausencia voluntaria. A su juicio, las autoridades deben actuar de oficio en esos casos. La intención es que los nombres de ese listado de desaparecidos ausentes también se comunique a las autoridades judiciales para evitar la tentación de usar esta vía para eludir responsabilidades.

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Este plan debe implicar también a las delegaciones diplomáticas de España en el exterior, según añaden sus impulsores. “Hay casos de gente que ha visto nuestros carteles en internet y llaman al consulado para pedir que los quiten”. La mayoría de las desapariciones voluntarias las protagonizan mujeres, dice Amils. Aclara que no recuerda ningún caso en el que la violencia de género estuviera detrás de esas ausencias.

El responsable de SOS Desaparecidos considera que se ha avanzado mucho desde la década de los noventa, pero alerta de un estancamiento en los últimos años que se podría mitigar liberando a las fuerzas de seguridad de carga de trabajo inútil. Alerta de otras necesidades como homologar las unidades caninas y critica que los carteles del Centro Nacional de Desaparecidos no incluyan los apellidos de las personas a las que se busca. “En algunas cosas estamos retrocediendo”, se queja.

Consultado el Ministerio del Interior, afirman que no descartan crear un archivo de ausentes voluntarios, pero no es sencillo: "Este asunto se ha estudiado en el ámbito técnico-policial y se sigue trabajando en un grupo de trabajo que abarca otros aspectos relacionados con la aplicación de un nuevo protocolo de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La medida está avanzada, pero su desarrollo e implantación son complejos y afectan a las competencias de numerosos ministerios".

Paco Lobatón sigue implicado en la búsqueda de desaparecidos, ahora con una fundación llamada QSD Global y tiene mucho contacto con el Ministerio del Interior. Defiende que el CNDES es “una conquista del asociacionismo y las familias” que nació en 2018 y que merece la pena defender. Reivindica un sistema de alertas único que se centralice desde Interior y explica que la medida de no incluir los apellidos en los carteles tiene que ver muchas veces con el derecho al olvido.

En ocasiones son desapariciones de personas que cometen alguna locura de juventud que no merecen que su nombre quede en la red para siempre vinculado a un cartel. Afirma Lobatón que el CNDES, es decir, Interior, es el único que tiene tecnología suficiente para hacer desaparecer los carteles para siempre. Confirma que en las reuniones con el ministerio se ha abordado la cuestión del derecho a desaparecer: “Se ha considerado, eso está abierto, pero no se ha considerado prioritario”. Antepone otras urgencias como mejorar los sistemas de búsqueda o la respuesta inmediata ante casos de desaparición porque las primeras horas son las más importantes.