En un artículo publicado aún no hace un año en Sin Permiso, y titulado “Viraje a la extrema derecha en las Illes Balears”, escribí: “Un aspecto importantísimo del pacto PP-VOX es la articulación de un plan de ataque en toda regla a la lengua propia de las Illes Balears, el catalán. Una lengua que precisa de una decidida intervención de los poderes públicos para evitar su paulatino desuso social. Por eso, la política lingüística tendente a impulsar el uso de la lengua catalana en las Illes Balears es un rasgo fundacional de nuestra autonomía. Dicho plan de ataque no tiene otro sentido que fomentar el discurso de odio y la descohesión social, y negar el derecho a ser atendido en catalán en la administración pública, la sanidad, etc.”. Disculpen que inicie estas líneas auto citándome, aunque sea para corregirme. Lo cierto es que en los escasos diez meses de gobierno autonómico del PP (cada vez más secuestrado y cómodamente metabolizado en el fondo -aunque disimulando en las formas- con las “guerras culturales” y con los discursos de odio de VOX), no han desplegado un convencional “plan de ataque”. Lo que han puesto en marcha es un nuevo intento de eliminación de la lengua catalana en las Illes Balears. En fin, un nuevo Decreto de Nueva Planta.

La escalada de odio es vertiginosa: eliminación del requisito para el personal sanitario público de unos mínimos de conocimiento de catalán, es decir, ataque a los derechos lingüísticos de los y las pacientes. A lo que hay que añadir la incapacidad del gobierno autonómico del PP de despejar la incógnita sobre si también se eliminará este requisito para el conjunto de empleados y empleadas públicos autonómicos; supresión en el organigrama gubernamental de la Dirección General de Política Lingüística que, desde hace décadas, y siguiendo el mandato del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, ha implementado, con mayor o menor entusiasmo, las acciones públicas de impulso y promoción del catalán. Por el contrario, para escándalo de la ciencia sociolingüística, y del más elemental sentido común, ya han presentado el proyecto de la pactada oficina para la defensa del castellano. Dicho proyecto se retiró temporalmente por el cúmulo de errores técnico-jurídicos que Vox cometió en su elaboración. No es una anécdota ya que el pacto PP-Vox establece que será la ultraderecha quien dirigirá este “chiringuito” para (re)españolizar las Islas Baleares (sic).

En esta escalada del odio hacia la lengua propia de las Illes Balears hay tema un fundamental y transcendental: la aprobación por parte del gobierno del plan de segregación lingüística en el sistema educativo. Como han señalado todas las personas expertas, este plan no es para mejorar -aunque sea modestamente- el sistema educativo desde el punto de vista de recursos pedagógicos. El único objetivo es reducir la presencia del catalán en las escuelas. Dicho plan se presenta hipócritamente como voluntario. Es el concepto de voluntariedad -igual que el de “libertad”- de las derechas de nuestros tiempos: voluntariedad y libertad desde la profundización en la desigualdad. Un oxímoron consistente en incluir en el “club de personas libres” a quienes no tienen -o son precarias- las condiciones materiales para ejercer esta supuesta libertad. En el caso que nos ocupa, los centros escolares que apliquen la segregación lingüística recibirán un plus no menospreciable de recursos económicos, mientras que aquellos que ejerzan la libertad de decir “¡No a la segregación! serán castigados. Entre la segregación lingüística y la segregación por clase social hay una línea finísima, e inexistente es la línea entre la supuesta voluntariedad y el desvío de más recursos públicos a la escuela concertada. Añadamos que el Consejo Escolar de las Illes Balears –el órgano consultivo y de representación para la enseñanza no universitaria-, como la práctica totalidad de la comunidad educativa, rechaza de plano este plan de segregación lingüística y social.

Este es el paquete de medidas contra la lengua catalana puesto en marcha por parte del gobierno autonómico, pero hay más: las de los Consejos Insulares (una especie de diputaciones de elección directa que en cada una de las islas tienen competencias claves), de importantes ayuntamientos como el de la capital, Palma, o el del populoso municipio turístico de Calvià. Incluso, aunque sorprenda, la Casa Real española se ha unido a esta cruzada de odió al catalán.

Pues sí, en un ejercicio de terraplanismo, unos días antes de la gran movilización convocada por la Obra Cultural Balear, el rey Felipe VI concedió el título de Real a la “Academia de la lengua balear”. Es decir, el borbón da apoyo a un grupúsculo de extrema derecha que, desde hace muchos años, defiende que la lengua de las Islas Baleares no es el catalán ¡Un auténtico disparate! Es como si la corona reconociera oficialmente que, pongamos por caso, la lengua de los andaluces y andaluzas no es el castellano, que es el andaluz o sevillano, o malagueño, etc. El escándalo ha sido tal que hasta el PP se abstiene en una petición institucional de rectificación real.

En cualquier caso, lo grave del asunto es que esta decisión Felipe VI la toma a sabiendas de lo que hace y con oscurantismo: conoce suficientemente la realidad de Mallorca pues, desde que nació, es uno de los ocupantes del palmesano Palacio de Marivent; sabe que los ataques contra la unidad de la lengua catalana son ataques contra su fortaleza y reconocimiento; y es consciente de que premia a la extrema derecha que le vitorea cada verano en las calles ¡Y, encima, la Casa Real tiene la desfachatez de justificar este terraplanismo lingüístico en base a unos supuestos informes y opiniones técnicas que se niega a hacer públicos! ¿Alguna duda de las simpatías de la monarquía española hacia la extrema derecha y sobre la falta de la más elemental transparencia? ¡Ninguna! Tampoco parece haber duda alguna sobre la determinación de la mayoría social resumida así: La lengua [catalana] no se toca, la unidad de la lengua tampoco.

Ante este panorama, desde hace meses empieza una reacción social de fondo: nace una plataforma de cerca de 30 organizaciones de la comunidad educativa; reaparecen las camisetas verdes y se reactiva la Asamblea de Docentes que fue clave en la anterior “Rebelión verde en las Islas Baleares”; la Obra Cultural Balear (OCB) -la entidad decana en la defensa del catalán y que nunca falla a la hora de movilizar a la ciudadanía-, calienta motores elevando el tono reivindicativo. Su presidente, Antoni Llabrés, -de reciente elección, por cierto- ejerce y consolida un liderazgo social incuestionable, y muy en consonancia con la historia y trayectoria de la OCB. De él es la frase “Perquè el nostre amor a la llengua i a Mallorca és infinitament més fort que el seu odi” (Porque nuestro amor a la lengua y a Mallorca es infinitamente más fuerte que su odio”), que se ha convertido en una consigna de esta etapa en la que “resistiremos en la defensa de esta tierra del saqueo ético, social, cultural y medioambiental porque, como le dijo en 1855 el Jefe Seattle al presidente de EEUU, Franklin Pierce: La Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra”*.

Y llegamos a la gran movilización. La OCB, coincidiendo con el final del “Correllengua” -una gran carrera popular no competitiva que, organizada por la asociación juvenil “Joves per la llengua”, involucra a la gran mayoría de los pueblos de la isla, y en la que los corredores y corredoras se desplazan entre los núcleos llevando una llama encendida que parte del santuario de Lluc simbolizando la reivindicación y vitalidad de la lengua catalana-, convoca a la ciudadanía a concentrarse el 5 de mayo en la Plaza Major de Palma. La convocatoria, respaldada por un gran número de asociaciones de la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, etc., desborda todas las previsiones. Se movilizan más de 40.000 personas con una esperanzadora gran presencia de gente joven. Ante la multitud, el presidente de la OCB planteó la que para mí es una idea clave de su combativo discurso: dirigiéndose a la presidenta del gobierno autonómico, afirma “Ha de elegir […] O está con la mayoría social de Mallorca … o está y continua ignominiosamente arrodillada ante el fascismo”. Antoni Llabrés, ejerciendo su, insisto, consolidadísimo liderazgo social, planteo una movilización sostenida en el tiempo y anunció la próxima cita, el 2 de junio, contra la derogación de la Ley balear de Memoria Democrática.

En esta coyuntura de resistencia en la que, dicho sea de paso, se están fraguando también resistencias al destrozo territorial y a la superlativa turistificación, conviene recordar lo que el maestro Josep Fontana afirmaba en su libro de 2005 “La construcció de la identitat” (La construcción de la identidad): “Una historia es siempre la genealogía de un proyecto social determinado, y no la de una ‘unidad de destino en lo universal’ como las que postulaba el fascismo, definidas arbitrariamente desde arriba e impuestas hacia abajo a sangre y fuego. En este sentido, cualquier comunidad tiene tantas historias posibles como proyectos de futuro alimenten sus miembros”. Como somos más los y las que queremos alimentar un futuro distinto a esta pesadilla de desigualdades, de darwinismo social, de aniquilación de la lengua propia, de incultura, de negacionismo científico, de ultra nacionalismo español, de desmemoria democrática, de odios… vale la pena resistir. La historia no se espera, se hace. Y en ese hacer historia la movilización social es fundamental. ¡Habrá más y más masivos 5 de mayo!

Rafael Borràs Ensenyat

Activista i articulista. Miembro de Red Renta Básica. Exsindicalista. Analista sociolaboral en la Fundación Gadeso jubilado.

Fuente: https://sinpermiso.info/textos/masi…