La última reforma fía la sostenibilidad de las pensiones ante el reto que supone el retiro de la generación del baby boom a un incremento de las cotizaciones sociales que paga la empresa y el trabajador. Entre las medidas incluidas está la creación de una cuota adicional, llamada Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
Dicha tasa se aplica ya sobre todos los salarios y va del 0,6% de 2023, al 0,7% en este 2024 y así hasta llegar al 1,2% en 2029. Pero su recaudación no sirve para pagar las prestaciones actuales ni tampoco el cotizante verá recompensado su mayor esfuerzo cuando se retire ya que no es una aportación contributiva. Muy al contrario, estos ingresos extra sirven para llenar el Fondo de Reserva, la famosa hucha de las pensiones y solo se podrán destinar para financiar las nóminas a partir de 2032.
De momento, el MEI generó 2.700 millones en 2023 y otros 800 millones hasta marzo, pero las previsiones del Gobierno apuntan a que la hucha alcanzará entre 120.000 y 130.000 millones. De ese ahorro, el Gobierno de turno podrá disponer de hasta un máximo del 0,91% del PIB. Un porcentaje que será insuficiente a todas luces para abonar las pensiones en el futuro. Sirva para demostrarlo que en la actualidad el pago de estas nóminas ya supera ya el 11% del PIB, tras medidas tan costosas como ligar el alza de las prestaciones al IPC.
Además, las previsiones de la Comisión Europea y la AIReF apuntan a que en 2050 se requerirá el 17% del PIB para abonar las pensiones. El MEI, por tanto, supone un esfuerzo extra que golpeará a los negocios en su capacidad de atraer talento y crear puestos de trabajo. Pero a la vista está que, además, será insuficiente para paliar los desequilibrios del sistema al obviarse en la reforma cualquier medida para racionalizar el gasto.
