Es de suponer que las instituciones educativas a donde cada día los padres de familia en Colombia envían a sus hijos para desarrollar su formación académica son entornos seguros en los que podrán potencializar sus habilidades y su desarrollo intelectual y emocional.

Al menos es el deber ser de un lugar que cumple un rol tan importante en la formación de seres humanos como complemento a la que viene de cada hogar bajo la responsabilidad de padres y cuidadores.

Infortunadamente, aunque no es la regla general, cada vez más se conocen y se denuncian casos de violencia sexual dentro de los colegios públicos, pero también del sector privado. Una situación dramática que llevó a la Procuraduría General de la Nación a encender las alarmas y realizar un recorrido de inspección por varios territorios del país.

El balance no fue el mejor y produjo una serie de hallazgos que obligan a replantear los protocolos de seguimiento y manejo a los casos relacionados con la violencia sexual en el interior de las escuelas.

El reporte del Ministerio Público evidenció que fue necesario, tras la inspección a 181 establecimientos educativos oficiales, remitir 40 informes con fines disciplinarios el pasado 29 de abril. En su labor, los  funcionarios de la Procuraduría General de la Nación encontraron 698 casos de acoso escolar o bullying, 171 situaciones de ciberacoso y 179 de violencia sexual.

Pero quizás lo más preocupante es que el 15 % de las instituciones visitadas no contaban con un protocolo de atención para este tipo de hechos.

Frente a esta delicada situación es impostergable que las autoridades del sector, empezando por el Ministerio de Educación como máximo ente rector de las políticas educativas a nivel nacional, y las secretarías municipales, distritales y departamentales en sus respectivos territorios, tomen cartas en el asunto para atender una situación que, no cabe duda, es prioritaria para la protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país.

 Es escandalosa la cifra que dio a conocer este lunes festivo la Procuraduría en relación con el número de funcionarios, entre docentes y administrativos, que han sido destituidos y/o inhabilitados por estar involucrados en presuntos casos de violencia sexual contra estudiantes de colegios públicos en el país: 191. Mucho más de los que quisiéramos contar.

Esto en cuanto a los casos que han sido denunciados y en los que se ha logrado cumplir con los debidos procesos para investigar con rigurosidad y llegar a las sanciones disciplinarias, al menos, porque otra cosa es poder dimensionar el alcance penal en estos hechos.

El reporte también da cuenta de que están en curso y activos 237 procesos disciplinarios, la mayoría “por situaciones de acoso y actos sexuales abusivos en menor de 14 años cometidos presuntamente por docentes, que en algunos casos, aún siguen dictando clases o continúan vinculados a la institución”.

Es necesario entonces acelerar los procesos de investigación y ajustar los protocolos en cada una de las instituciones oficiales del país en busca de brindar atención oportuna y eficaz a las situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los estudiantes, y ello implica definir rutas claras para denunciar y darles el manejo apropiado de forma inmediata y sin dilaciones.

Adicionalmente se deben afinar los procesos de evaluación docente y también de capacitación para generar una red de prevención de violencia sexual en los colegios, que involucre por supuesto a los estudiantes, teniendo en cuenta que, conforme a lo que encontró la Procuraduría, muchos de los casos se registran entre compañeros de clases.

Se trata de un trabajo articulado, minucioso y dedicado que involucre a los profesores, estudiantes, personal administrativo, padres de familia y autoridades – de todos los niveles– en procurar de garantizar espacios educativos seguros en todo el territorio nacional.

Tareas hay para todos y el compromiso es inaplazable.