El malestar dentro de la coalición de gobierno está en aumento debido a las trabas que Cabildo Abierto está imponiendo en proyectos considerados clave por el oficialismo para el último año de gestión. Ahora, la discordia se centra en la decisión del sector liderado por Guido Manini Ríos de frenar nuevamente la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCP), un paso crucial para el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico (Cptpp).

Proceso de adhesión

El proyecto para adherir al TCP fue enviado al Parlamento por el presidente Luis Lacalle Pou en octubre del año pasado. Esta medida tiene como objetivo no solo ampliar los mercados a los que Uruguay tiene acceso en términos de comercio, sino también avanzar en las condiciones establecidas por los once países que conforman el Cptpp para el ingreso de nuevos miembros. Hasta el momento, 157 países han ratificado la normativa internacional de patentes, pero Uruguay no se encuentra entre ellos.

El martes, el Parlamento inició el debate sobre el proyecto de ley, que fue ampliamente respaldado por el oficialismo y gran parte de la comunidad científica y académica local, incluida la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), entre otros. Sin embargo, el Frente Amplio votó en contra, y hubo incertidumbre sobre si se alcanzaría la mayoría necesaria para llevar el debate al Senado.

Entre las preocupaciones planteadas en contra del tratado está el posible impacto en sectores como la industria farmacéutica local, el aumento en el costo de los medicamentos de alto precio y el acceso de los pequeños y medianos productores agrícolas a semillas genéricas si se unifican los criterios y las solicitudes de patentes a nivel internacional. Por otro lado, los defensores del tratado argumentan la necesidad de competir en igualdad de condiciones con los países desarrollados y grandes economías en desarrollo, así como establecer estándares mínimos que mejoren la competitividad del país.

El palo en la rueda de Cabildo Abierto

Finalmente, el proyecto de ley para ratificar el TCP se encontró con la principal oposición de Cabildo Abierto, y la iniciativa fue remitida nuevamente a la Comisión de Ciencia y Tecnología después de que este sector solicitara una modificación «sustancial».

«Entendemos que el acuerdo es necesario, pero también es necesario proteger a ciertas industrias. No estamos pidiendo algo extraño, es algo que otros países han hecho», afirmó el senador de Cabildo Abierto en una conferencia de prensa, explicando que consideran que industrias como la farmacéutica o la de fertilizantes se verían afectadas.

En este contexto, la modificación solicitada implica que Uruguay pueda hacer una «reserva» del capítulo II del acuerdo, que se refiere al «examen preliminar internacional» de solicitudes de patentes, ya que consideran que esto sería lo más perjudicial para la industria nacional. En otras palabras, Cabildo Abierto busca que el país quede excluido de ciertas disposiciones en la aplicación del tratado, similar a lo que han hecho Estados Unidos o Suiza, según argumentan.

Sin embargo, desde el Partido Nacional consideran que la postura de Cabildo Abierto es «incomprensible e inentendible», como lo señaló el diputado Rodrigo Goñi en una entrevista con El País. Para el legislador blanco, la reserva no protege a la industria nacional, pero es preferible agregar esta disposición a cambio de asegurar los votos positivos, en comparación con la alternativa de descartar la adhesión al TCP y, con ello, las posibilidades de que Uruguay ingrese al CPTPP.

Frente Amplio

Por su parte, el Frente Amplio había anticipado que votaría en contra del proyecto, adoptando una línea argumentativa similar a la de Cabildo Abierto. Sin embargo, desde Asamblea Uruguay habían solicitado que se permitiera la «libertad de acción» para respaldarlo; sin embargo, esta propuesta finalmente no prosperó.

La sorpresa fue la posición de la precandidata de la coalición de izquierda e intendenta de Montevideo en licencia, Carolina Cosse, quien reafirmó su apoyo a la adhesión al TCP, a pesar de que la bancada de su partido votó en contra. Esto es comprensible, considerando que ella misma impulsó la ratificación del acuerdo cuando era ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM) en 2016.

«Creo sinceramente que es necesario para Uruguay. De lo contrario, lo que está sucediendo hoy en día es que los científicos, cuando necesitan que su invención o descubrimiento acceda a una patente, terminan asociándose con un científico de otro país que sí tiene un Tratado de Patentes», expresó Cosse.

«Uruguay debe adherir a este tratado. No es la única medida que debe tomar, pero considero que sería un error no apoyarlo», concluyó, reiterando su posición: «Yo lo votaría».

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

Es un acuerdo internacional que está gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), diseñado para simplificar y hacer más eficiente el proceso de presentación de solicitudes de patentes a nivel internacional tanto para los solicitantes como para las oficinas de patentes.

Entre sus características principales, el TCP permite presentar una única solicitud de patente en un solo idioma para obtener protección en múltiples países; facilita el proceso de presentación de solicitudes; unifica los criterios de presentación y protección en varios países simultáneamente; y fomenta el progreso científico, tecnológico y económico al proporcionar a los científicos y académicos una protección internacional para sus invenciones sin la necesidad de acudir a países adheridos al acuerdo.

Para Uruguay, este tratado representa una vía esencial para acceder al Acuerdo Transpacífico y aprovechar las oportunidades que ofrece en términos de comercio y desarrollo.