Universidad Nacional: qué hay detrás de la crisis
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Las políticas de la Universidad Nacional y la designación del nuevo rector argumentan el incremento de la eficiencia en el gasto. Pero la realidad es muy distinta. ¿Por qué?
Jorge Armando Cañón, Jenny Nathaly Stevenson, Didier Alexander Mendoza y Manuela Beltrán Ruiz*
La hegemonía en la UN
Según Laclau y Mouffe, la hegemonía surge en respuesta a crisis sociales, con un grupo reducido de personas que pretende representar a toda la sociedad para “resolver” dichas crisis.
En la Universidad Nacional de Colombia (UN) existe una lógica administrativa que se perpetúa de rectoría en rectoría desde la crisis inducida por la Ley 30 de 1992. Esta ley de educación estipula un aumento presupuestal para las IES públicas según la inflación de cada año. En otras palabras, mantener el presupuesto igual en términos reales pese a los aumentos en cobertura. En 1993, había 26.962 estudiantes; en 2023, 57.090. Esto es un crecimiento del 211,74 % en cobertura con un mismo presupuesto.
En medio de esta crisis financiera aparece una narrativa hegemónica con lógica empresarial en la dirección de la UN que se manifiesta en políticas que tienden hacia la privatización, la distribución de recursos con lógica de minimización de costos y la promoción de ciertas perspectivas corporativas sobre otras más académicas.
El fraude en la designación de Ismael Peña como rector es uno de los síntomas de que ya existe una norma predominante de vieja data y que un reducido grupo de personas ha mantenido y quiere seguir manteniendo el poder y la administración de la universidad.
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El neoliberalismo
Esta hegemonía recibe el influjo de un problema más grande y que padece todo el país: los principios neoliberales que llegaron en la década de los noventa. Según esta ideología, el Estado no debería incurrir en gasto público. Su función es garantizar la protección de las fronteras nacionales, la propiedad privada y la administración de justicia. Las actividades que garantizan la satisfacción de las necesidades sociales deberían estar plenamente reguladas por el mercado que supuestamente minimiza los costos y es más eficiente, económicamente hablando.
Una universidad pública que pueda garantizar la educación como un derecho fundamental no cabe en estos parámetros. Es decir, la aplicación del modelo neoliberal en las universidades públicas implica que se vuelvan empresas. Al no poder cambiar las actividades del Estado de facto, el modelo neoliberal ha creado alianzas público-privadas para involucrar la empresa en el uso de recursos públicos. Según el DNP, estas son un mecanismo que permite vincular al sector privado para proveer bienes y servicios públicos asociados con una infraestructura.
El fraude en la designación de Ismael Peña como rector es uno de los síntomas de que ya existe una norma predominante de vieja data y que un reducido grupo de personas ha mantenido y quiere seguir manteniendo el poder y la administración de la universidad.
No cumplen su promesa de minimización de costos y alientan una desfinanciación del recurso público. Este modelo es más crítico en un contexto de paramilitarismo imperante, añadiendo una fuerza coercitiva clandestina que usa la violencia indiscriminada para garantizar el negocio, con una prensa justificadora.
Desde la crisis provocada por la Ley 30, la UN ha venido acercándose a ese modelo, aceptando la autofinanciación forzada para no desaparecer. Las actividades de investigación, consultoría y extensión son las que logran solventar en parte el hueco creado por el aumento de la oferta educativa sin los recursos necesarios. Sobre estos mínimos se logra articular una hegemonía que ha administrado la universidad con lógica empresarial.
El caso de Rotorr-Motor
El paso definitivo que convierte a la UN en una alianza público-privada se dio el año pasado con la creación de la empresa Rotorr-Motor de Innovación, una empresa sin ánimo de lucro creada por la UN en la administración de Dolly Montoya quién es la representante legal y el Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia (FODUN), que recientemente sacó un comunicado desvinculándose de la empresa en medio del escándalo por la designación de Peña.
Esta empresa creada con algunos recursos públicos tiene autonomía y se gestiona desde una perspectiva privada. La empresa terceriza los recursos que podrían entrar a la universidad directamente por actividades de investigación para su financiación. Si estos recursos entran directamente a la universidad tendrían un overhead de alrededor de 32 % por el simple hecho de contar con el aval de una de las instituciones más prestigiosas del país, dinero que se reparte entre la dirección nacional, la sede, la facultad y la unidad administrativa básica desde la cual se realice el proyecto. Mientras que si estos dineros entran a Rotorr no se garantiza ese dinero a la universidad, esta se beneficia de la utilidad producida por dicha empresa.
En términos de mercado, Rotorr puede ser una competencia fuerte para la Universidad Nacional en temas de investigación ya que ofrece la misma calidad y prestigio en el desarrollo de sus proyectos al contar con el mismo talento humano, pero sin el overhead cobrado por la universidad. De ahí que se diga que se tercerizan los recursos que le podrían entrar a la universidad por temas de investigación. La pregunta es, ¿Rotorr puede garantizar la misma entrada de recursos para la universidad que si entraran directamente?
La UN ha entrado en el fondo del modelo neoliberal: alianzas público-privadas, manejo privado de recursos públicos, sobrecostos, artimañas en el CSU para elegir rector a dedo
Las actividades de investigación, consultoría y extensión son las que logran solventar en parte el hueco creado por el aumento de la oferta educativa sin los recursos necesarios. Sobre estos mínimos se logra articular una hegemonía que ha administrado la universidad con lógica empresarial.
Rotorr es dramáticamente ineficiente en términos de costos operativos en comparación a Agrosavia y a Fedesarrollo. Cuenta con unos costos de operación superiores a sus similares, con 38,14 % más que Agrosavia y 24,99 % más que Fedesarrollo. Con el indicador de Capital Bruto de Trabajo descubrimos que esta empresa no financia su actividad con los acreedores a largo plazo, solo con pasivos corrientes y la empresa tiene gran capacidad de negociación con los proveedores, que se presume están vinculados a la hegemonía administrativa de la UN.
En términos de endeudamiento, el estado de Rotorr es crítico porque los acreedores tienen una participación del 90 % en la actividad de la empresa. Pedimos aclaraciones sobre quiénes son estos acreedores y cuáles son los cobros que le han hecho a la empresa. Rotorr, en términos de rentabilidad, no es un buen negocio para la UN, la empresa deja un margen neto de 2,65 % versus el 32 % de overhead de la universidad y versus el 6,72 % de empresas más eficientes como Fedesarrollo que tiene un gasto administrativo mucho más importante y que, aun así, logra una eficiencia en beneficios de más del doble que Rotorr.
La UN ha entrado en el fondo del modelo neoliberal: alianzas público-privadas, manejo privado de recursos públicos, sobrecostos, artimañas en el CSU para elegir rector a dedo, y más grave aún, a los estudiantes que legítimamente usan su repertorio de protesta social para exigir que se democraticen los lineamientos y el curso de nuestra alma mater, los amenazan grupos que tienen un accionar paramilitar.
Hacemos un llamado para que se desconozca la posesión ilegitima del señor Ismael Peña por medio de una notaría. Reconocemos que este afán de perpetuar el poder hegemónico en la UN por cualquier vía solo evidencia más las irregularidades que existen alrededor de la administración de los recursos de la UN y sus movimientos financieros. En ese sentido, le exigimos a la Contraloría General de la Nación, a la Contaduría General de la Nación y al Distrito que investiguen la ejecución de los recursos públicos en Rotorr, para determinar su legalidad y coherencia en la facturación porque su ineficiencia en sobrecostos es evidente.
Le comunicamos a la comunidad académica que la lucha contra la hegemonía implica la movilización de sectores subalternos y la articulación de sus demandas en un proyecto político colectivo que ponga en duda los sistemas de poder dominantes. Asimismo, resaltamos la importancia de la participación ciudadana, la creación de espacios de debate democrático y la promoción de la pluralidad de discursos como estrategias para desestabilizar la hegemonía establecida y fomentar la emancipación política.
Está en juego nuestra amada universidad ¡todo el poder para la asamblea!
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0 comentarios
Escrito por:
Jorge Canon-Jenny Stevenson Didier Mendoza-Manuela Beltran
*Integrantes de la Mesa de Trabajo de la Asamblea Universitaria Constituyente, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia.
Excelente artículo! Aporta muchísima claridad sobre las raíces de la crisis de la Universidad Nacional y de las universidades públicas en Colombia.
Muchas gracias por este artículo, ilustra mucho sobre la crisis de la UNAL; y esto no lo encontramos en otros medios. Y ya es hora de una investigación en la UNAL sobre los abusos de poder en todas sus instancias administrativas.
Excelente artículo, despeja muchas dudas y hace claridad acerca de lo que sucede realmente en la UN.
Gracias por tan buena información.