Un camionero, con residencia en la localidad de General Mosconi, en el norte de la provincia, fue imputado ayer por el delito de transporte de estupefaciente, en grado de autor. La acusación fue presentada por el fiscal federal Marcos Romero, de la Sede Descentralizada de Tartagal, ante la jueza federal de Garantías de esa ciudad, Ivana Hernández.
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Un camionero, con residencia en la localidad de General Mosconi, en el norte de la provincia, fue imputado ayer por el delito de transporte de estupefaciente, en grado de autor. La acusación fue presentada por el fiscal federal Marcos Romero, de la Sede Descentralizada de Tartagal, ante la jueza federal de Garantías de esa ciudad, Ivana Hernández.
La magistrada, a cargo de la audiencia de formalización de la investigación penal, hizo lugar a la imputación penal requerida por la fiscalía, como así también dictó la prisión preventiva del acusado, identificado como Walter Ever Passarino, quien conducía un camión Ford Cargo con acoplado, de su propiedad.
Al brindar más detalles del caso, el fiscal sostuvo que la detención del mismo se registró el domingo pasado, en horas de la tarde, luego de que una patrulla de personal de Gendarmería Nacional, sección Embarcación, fuera alertada por una automovilista, sobre la presencia de un camión, cuyo conductor podría estar ebrio, ya que realizó una maniobra peligrosa en la ruta 34, en el tramo entre Embarcación y Pichanal.
Al verificar la novedad, los efectivos encontraron en la ruta, a la altura del paraje La Quena, el camión descripto por la automovilista, por lo procedieron a realizar una requisa del mismo, siendo conducido por Passarino, quien se mostró nervioso por la presencia de los uniformados.
El conductor sostuvo que no llevaba carga, pues estaba a la espera de ello, para luego dirigirse a la ciudad de Salvador Mazza. Mientras revisaban los papeles del camión y del acoplado, los gendarmes verificaron la identidad del camionero, circunstancias en que surgió que registraba antecedentes por hurto calificado y defraudación reiteradas, causas en las que interviene el Juzgado en lo Penal de Instrucción, de Quinta Nominación de Santa Fe; además no tenía en su poder la cédula verde del camión
Olor a pintura
Ante esta situación, y el hecho de que el camionero no cesaba de caminar de un lado a otro mientras fumaba, llevo a los gendarmes a comunicarse con la fiscalía, circunstancias en el que auxiliar fiscal, José Rafael Lamas, con los parametros de sospecha informados, dispuso las diligencias de rigor, entre ellas la inspección del chasis y el acoplado.
Al hacerlo, los gendarmes percibieron un fuerte olor a pintura procedente del sector de la baranda del chasis, que da con la cabina del camión, donde también se advirtió tres tornillos y un chapón, los que no se correspondían con la fabricación original del chasis.
Con la autorización del auxiliar fiscal, y con ayuda de herramientas, se aflojó uno de los tornillos y, al levantar levemente el chapón, se pudo ver varios paquetes en forma de ladrillos con envolturas de color amarillo, apilados en una especie de compartimento, doble fondo, que fue acondicionado para ocultar la droga, lo que fue percibido por los testigos civiles que refrendaron el accionar de los uniformados.
Confirmada la sospecha, se ordenó a trasladar el camión hasta la sección de Embarcación, donde se extrajeron 270 paquetes del chasis, y 152 paquetes del acoplado, asciendo a un total de 422 paquetes, equivalentes a 431 kilos de cocaína, descubrimiento que derivó en la detención del camionero.
Una vez expuestos los detalles del hecho, el fiscal Romero resaltó la gravedad del hecho, la logística utilizada para ocultar el tóxico y la inversión que tal maniobra demando, circunstancia en la que solicitó la prisión preventiva del conductor, en base a los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación penal.
Ante el planteo de la fiscalía, la defensa oficial, realizó algunos cuestionamientos, y se opuso al plazo de duración de la medida de coerción personal, sin embargo, la jueza, ante la envergadura del caso, resolvió en sintonía con los argumentos esgrimidos por la fiscalía, la que requirió también autorización para avanzar contras pericias, entre ellas a dos teléfonos secuestrados en poder del acusado.