Toda acción trae consecuencias. Finalmente, el ex presidente Martín Vizcarra enfrentará las consecuencias por su golpe perpetrado contra el Congreso de la República, elegido democráticamente, el 30 de septiembre del año 2019.
Martín Vizcarra dio un golpe al Congreso elegido democráticamente el 30 de septiembre de 2019.
Ahora, este martes 7 de mayo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó con 15 votos a favor, uno en contra y una abstención, el informe de calificación que plantea admitir a trámite la denuncia constitucional contra el ex mandatario Martín Vizcarra y sus exministros por disolver el Hemiciclo en el 2019.
Esta denuncia constitucional fue presentada por los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País) y Alejandro Muñante (Renovación Popular).
Aparte del lagarto, los demás personajes involucrados en la denuncia por el cierre del Congreso son: Los exministros Vicente Zeballos (Justicia), Carlos Morán (Interior), Jorge Moscoso (Defensa), Carlos Oliva (Economía), María Jara (Transportes), Luis Castillo (Cultura), Zulema Tomás (Salud), Flor Pablo (Educación), Sylvia Cáceres (Trabajo), Francisco Ísmodes (Energía y Minas), Gloria Montenegro (Mujer), Paola Bustamante (Desarrollo e Inclusión Social), Rocío Barrios (Producción), Fabiola Muñoz (Agricultura), Lucía Ruiz (Ambiente) y Néstor Popolizio (Cancillería). Así como los exmagistrados del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda.
Para todos se ha solicitado una inhabilitación de diez años del ejercicio de funciones públicas.
Está previsto que esta iniciativa pase a la Comisión Permanente y si se aprueba, se designará a un delegado de la SAC para que elabore el informe final.
El golpe de Estado del lagarto, cerrando el Parlamento, al que calificó públicamente de vergonzoso por no aceptar sus tres cuestiones de confianza, se produjo debido a al invento inconstitucional de Vizcarra, denominado la “denegación fáctica” de la cuestión de confianza que planteó el exministro Salvador del Solar por el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).
Esta medida tuvo el respaldo de varios medios de comunicación y periodistas caviares, así como la aprobación de la mayoría de la opinión pública. Sin embargo, también suscitó el rechazo de otro sector que alegaba que se trataba de un acto inconstitucional, lo cual desató tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
En el año 2023, el TC declaró fundada la demanda competencial planteada por el Congreso respecto al golpe de Estado de 2019. Según indicó la entidad, con ello resolvían el debate entre el Ejecutivo y Legislativo sobre dicha figura.
En la Sentencia 307/2023 establecieron que “la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso. El resultado de la votación es comunicado expresamente al Poder Ejecutivo, mediante oficio, para que surta efecto. Sólo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión”.
Es decir, que este dictamen refuerza la separación de poderes y establece que, respecto a la cuestión de confianza, es solo competencia del Congreso determinar su rechazo o su aceptación ante la propuesta del Poder Ejecutivo.
Sentencia del TC que esclarece el caso del cierre del Congreso de Vizcarra.
Tiro por la culata
Martín Vizcarra, quien formó parte del llamado “gobierno de lujo” de PPK y luego asumió el mando de la nación, fue sujeto de varias acusaciones sobre presuntos actos de corrupción.
Surgió el escándalo “Vacunagate”, por el cual Vizcarra fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos por haberse vacunado irregularmente, junto a otros funcionarios, durante la pandemia de la COVID-19.
Según el Ministerio Público, el expresidentese encuentra implicado en el caso “Los Intocables de la Corrupción”, liderando presuntamente una organización criminal que operaba en Provias Descentralizado durante su mandato presidencial (entre marzo del 2018 y noviembre del 2020), no descartándose "su continuidad de operación".
El lagarto habría realizado una presunta maniobra para evitar ser investigado, pues la semana pasada, el fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena, ordenó retirar al fiscal José Luis Quispe Changanaqui del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Efficop). Quispe había logrado obtener prisión preventiva para Carlos Revilla y Alcides Villafuerte. Desde febrero de 2024, este fiscal venía investigando a Vizcarra y había incorporado en la carpeta unos audios que probarían cómo el expresidente habría violado la comparecencia con restricciones que la justicia peruana le impuso.
Sin embargo, el lagarto recibió un golpe. Esa misma semana el Pleno del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional en su contra por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, peculado doloso y negociación incompatible. Ello, por la irregular contratación del músico Richard Cisneros, mejor conocido como 'Richard Swing', en el Ministerio de Cultura. Cisneros fue contratado de manera irregular en el Mincul entre los años 2018 y 2020, recibiendo pagos que ascendieron hasta los S/175,400.
A fines de abril, el fiscal Germán Juárez Atoche presentó al Poder Judicial la ampliación de una nueva acusación en contra del expresidente Martín Vizcarra por el caso Obrainsa, durante su gestión en Moquegua (2011-2014), donde pide que se le imponga la pena de 10 años de prisión por el presunto delito de colusión simple. Originalmente la Fiscalía solicitaba 15 años de prisión, si se le imponen esos otros 10, se sumaría un total de 25 años de pena privativa de la libertad por presuntamente haber cometido actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
Esta nueva acusación constitucional por su golpe de Estado, cerrando el Congreso en 2019, se suma al largo historial por presuntos delitos atribuidos al lagarto, quien por más que trata de escurrirse, sus acciones le impiden el paso. Habrá que esperar qué decidirá el Parlamento.