El ordenar el último jueves la desactivación del equipo policial que apoya a la Fiscalía, el corazón de la lucha contra la corrupción en el poder (antes sacaron de camino a Harvey Colchado), la presidenta Dina Boluarte, que es investigada junto a su hermano por la fiscal, Marita Barreto, no solo abrió la puerta a una nueva crisis de incalculables consecuencias, legales, constitucionales y políticas para el país, sino que también se coloca en el terreno pantanoso del delito.

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La respuesta del Ministerio Público a esa supuesta ‘venganza’ de la mandataria contra el equipo policial de apoyo fue casi inmediata; el viernes a las 6 de la mañana un equipo de fiscales allanó varias casas y detuvo al hermano de Dina, así como a su abogado, Mateo Castañeda y a ocho personajes más acusados de pertenecer a una organización criminal, cuyo cabecilla es nada menos que el propio hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. A este se le investiga por tráfico de influencias y organización criminal.

La tesis de la Fiscalía apunta a que Nicanor es el “poder en la sombra”, una especie de operador de facto, que no siendo funcionario púbico Los Waykis en la sombra habría promovido la designación de funcionarios en las instituciones públicas como Provías; además de haber promovido el nombramiento de determinados subprefectos en viarias regiones del país. Las consecuencias de este impúdico enfrentamiento entre el gobierno de Boluarte y la Fiscalía que la investiga por los Rolex que le “regaló” su wayki, Wilfredo Oscorima; así como el nuevo caso de sus cirugía estéticas (que, supuestamente, la obligó por 12 días a abandonar la presidencia de la República), implanta una nueva crisis política en el país y abre un enfrentamiento entre dos poderes que podrían colocar a la mandataría al margen de la ley por obstruir las investigaciones del Ministerio Público que la compromete en una serie de delitos.

De la colaboración eficaz de los detenidos, de los audios que tengan en su poder la Fiscalía, así como los documentos incautados y la información que se obtenga de los teléfonos incautados a los detenidos podrían salir nuevos elementos de juicio que involucre incluso a la propia mandataria, un hecho que podrían hacer tambalear a Dina Boluarte quien cuenta con un pobre 9% de aceptación. Pero este intrincado enfrentamiento, también, genera una pésima imagen en el exterior por los niveles de corrupción en los más altos cargos del poder.

Detención es inusual pero legal

Tras su detención, el hermano de Boluarte y el abogado Mateo Castañeda, deberán permanecer diez días detenidos e incomunicados mientras se complementan las investigaciones. La medida es legal, pero está pensada para los casos más graves; pues según juristas como Julio Espinoza, la imputación expresa una serie de actos de ejercicio del poder de turno, decisiones, influencias al más alto nivel, incluso, hacer gestiones ante los policías. Espinoza señaló que el caso de Mateo Castañeda es complicado y no puede decir que “actuó por cuenta propia” como hipótesis de defensa ante las autoridades. La hipótesis de la fiscalía forma parte de un solo rompecabezas, dentro del cual se involucra también a la presidenta de la República y todos los hechos que han sucedido los últimos meses. Este caso además imputa acciones para dar determinadas prebendas funcionales a los policías, incluido a Colchado, que cuando los dos policías rechazan estas propuestas, cesan o los cambian en sus funciones.

¿Cuál el delito?

El Ministerio Público imputa al investigado Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra la comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias por la designación de prefectos y subprefectos. Mientras que en el caso del abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia se le acusa de neutralizar las investigaciones contra Nicanor Boluarte, ofreciendo beneficios de protección desde la más alta investidura a los Coordinadores Policiales que apoyan al Equipo Fiscal para que comuniquen cualquier información contra este y su entorno más cercano.