En noviembre pasado el presidente López Obrador envió al Senado una solicitud de aprobación para que once militares pertenecientes al 7° Grupo de Fuerzas Especiales de los Estados Unidos entraran a México. La solicitud se originó en la Secretaría de la Defensa Nacional, que “en coordinación con el Comando Norte de los Estados Unidos de América, llevaron a cabo el ‘Plan Anual de Actividades 2024’. Según dice el oficio, el Plan programa realizar diversos eventos en el 2024, entre ellos, el denominado ‘Fortalecer las Capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional’”.
Lo que no se explica es en qué consistirá la formación y cuáles son las credenciales de los capacitadores. Debería ser información transparente sin mayor razón, pero las hay de peso para preguntar, considerando la participación cada vez más amplia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública, el origen de los distinguidos invitados a impartir la capacitación y quienes la van a recibir.
La información compartida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos señala que los programas “Building Partner Capacity (o Fortaleciendo Capacidades de los Socios) buscan … mejorar la capacidad para realizar operaciones de contraterrorismo, antidrogas y contrainsurgencia o para apoyar operaciones militares y de estabilidad de los Estados Unidos, operaciones multilaterales de paz y otros programas”. Las Fuerzas Especiales (o “boinas verdes”) en general son expertas en operaciones de guerra irregular, pero el 7º Grupo tiene una historia peculiar.
Contrainsurgencia
El 11 de diciembre de 1981, una unidad del ejército salvadoreño entrenada por las fuerzas especiales estadounidenses masacró la población del El Mozote. Reunieron en el centro del poblado a los campesinos prometiendo la entrega de víveres. El resultado fue de al menos 986 personas muertas (552 niños y 434 adultos, entre ellos 12 mujeres embarazadas) en una sangría que se extendió del 10 al 12 de diciembre.
A lo largo de la década de los años 80, el 7º Grupo de Fuerzas Especiales desempeñó un papel fundamental de asesoramiento para las fuerzas armadas salvadoreñas, que crecieron de 12.000 a un total de 55.000 hombres, convirtiéndose en un grupo contrainsurgente altamente entrenado bajo la tutela de este grupo de Fuerzas Especiales.
Desde la perspectiva de “guerra irregular”, las operaciones de contrainsurgencia, antinarcóticos y ahora de contraterrorismo tienen como objetivo quitar o fragmentar el apoyo que da la población local en la zona donde suelen cobijarse los grupos subversivos, volviendo a la población civil un blanco de guerra. El Mozote presuntamente apoyaba al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y ese fue el pretexto para masacrarlos.
El 7º Grupo de Fuerzas Especiales también jugó un papel importante en la preparación del ejército hondureño para resistir y derrotar una invasión de Nicaragua. También entrenó al ejército hondureño en tácticas de contrainsurgencia, lo que permitió a Honduras derrotar a sus guerrillas. Tuvo un papel destacado en el derrocamiento de Noriega en Panamá, lo que le permitió a Estados Unidos recuperar el control sobre el Canal interoceánico.
En Guatemala, los Kaibiles, fuerzas especiales entrenadas en la Escuela de las Américas (School of the Americas -SOA), fueron responsables de masacres como la de “Dos Erres”, de campañas de desplazamiento forzado en lo que llamó el ejército guatemalteco “estrategia de tierra arrasada”, ejecutando violaciones generalizadas y actos de genocidio en contra de la población indígena. Actualmente los Kaibiles están encargados de las operaciones “narcoterroristas” con el apoyo del mismo 7º Grupo de Fuerzas Especiales.
El 7º Grupo de Fuerzas Especiales tuvo su sede en Fort Bragg, Carolina del Norte hasta el año 2011 que fue relocalizado a la Base de la Fuerza Aérea de Eglin, en Florida. Fort Bragg fue la sede de las fuerzas especializadas en guerra irregular al menos desde finales de la Segunda Guerra Mundial y junto con la “Escuela de las Américas” (SOA) constituyeron los dos principales centros miliares de entrenamiento en guerra irregular y contrainsurgencia de los Estados Unidos.
Durante la década de 1970, la cantidad de militares enviados por las dictaduras latinoamericanas a la Escuela de las Américas aumentó considerablemente. Entre 1970 y 1979, los cadetes de Chile, Colombia, Bolivia, Panamá, Perú y Honduras constituían el 63 % de los estudiantes de la escuela. Durante la década de 1980, México, El Salvador y Colombia constituían el 72 % de los cadetes de la SOA. En 1993, Lesley Gill en su libro “Escuela de las Américas. Entrenamiento Militar y Violencia Política en las Américas” publicó una lista de 60 mil graduados confirmando que “dictadores, agentes de escuadrones de la muerte y asesinos” habían sido educados ahí.
Los manuales de contrainsurgencia que la Escuela utilizó para la instrucción de sus estudiantes se produjeron en el marco del Programa de Asistencia de Inteligencia Extranjera en 1965-66, que se basó en el conocimiento producido durante el llamado Programa Phoenix de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Según el mayor Joseph Blair, exinstructor de la escuela, “el autor de los manuales de tortura de la SOA y la CIA […] se basó en materiales de inteligencia utilizados durante la guerra de Vietnam que defendían el asesinato, la tortura, la extorsión y otras ‘técnicas’” (McSherry, 2009: 91).
En septiembre de 1996, el Pentágono puso a disposición del público los manuales de capacitación utilizados por la Escuela de las Américas y confirmó públicamente que las tácticas transmitidas en los manuales “violaban la política y los principios estadounidenses”. No obstante, el objetivo de la guerra irregular y sus tácticas se extendieron a las operaciones antinarcóticos y contraterroristas.
Antinarcóticos
El 7º Grupo de Fuerzas Especiales también participó en la cordillera andina de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Bajo llamadas operaciones antinarcóticos, las unidades militares de estos países, entrenadas por las fuerzas especiales estadounidenses, han sido señaladas por violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Un ejemplo es el caso de la 20ª Brigada de Inteligencia Militar de Colombia, al mando del General Iván Ramírez. Cables desclasificados de la embajada de Estados Unidos vinculan a Ramírez con casos de desaparición entre 1985 y finales de los años 90. Entre los documentos hay informes de que las personas desaparecidas fueron “torturadas y asesinadas” por miembros de la Brigada. Según los mismos archivos desclasificados, el general colaboró “activamente” con los escuadrones de la muerte paramilitares responsables de decenas de masacres. Veremos más abajo la experiencia en México en el contexto de estas operaciones.
Contraterrorismo
Desde principios de 2002 hasta su fin en 2014, de nuevo el 7º Grupo de Fuerzas Especiales se ha desplegado en Afganistán en apoyo de la llamada Operación Libertad Duradera, que surgió como respuesta al ataque terrorista a las torres gemelas de Nueva York en septiembre de 2001, además de apoyar en numerosas ocasiones la Operación Libertad Iraquí para derrocar a Sadam Hussein.
La influencia de estas técnicas se ha identificado en la participación estadounidense en conflictos posteriores. Por ejemplo, Human Rights Watch (HRW) en su informe “Legacy of the Dark Side” (2022) señala que el 17 de septiembre de 2001, unos días después del ataque a las torres, el presidente Bush emitió un memorando secreto que facultaba a la CIA para capturar y detener encubiertamente a personas “que representaran una amenaza grave y continua de violencia o muerte para personas e intereses estadounidenses o que planearan actividades terroristas”. Un día después, Bush firmó la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés) de 2001, recién aprobada por el Congreso.
El informe continúa: “Con la participación de al menos 54 gobiernos, la CIA transfirió secreta y extrajudicialmente al menos a 119 musulmanes extranjeros de un país extranjero a otro para detenerlos en régimen de incomunicación y someterlos a duros interrogatorios en varios sitios clandestinos de la CIA (…). El ejército estadounidense también retuvo a miles de prisioneros de guerra y detenidos por razones de seguridad musulmanes extranjeros –incluidos algunas mujeres y niños– en sus centros de detención en el extranjero, incluidos Abu Ghraib en Irak, la base aérea de Bagram en Afganistán y su base naval en Guantánamo, y también sometió a muchos a abusos físicos y psicológicos”.
The Guardian ha informado que, según un exoficial de las fuerzas especiales británicas, los actos cometidos por los soldados del ejército estadounidense que torturaron y abusaron de los prisioneros en Abu Ghraib se parecían a las técnicas utilizadas en el entrenamiento de Resistencia al Interrogatorio (RTI o R2I, por sus siglas en inglés)
La RTI es un tipo de entrenamiento militar para los soldados británicos y de otros países de la OTAN para prepararlos, después de ser capturados por el enemigo, para resistir técnicas de interrogatorio como la humillación y la tortura.
El informante señaló al periódico inglés que “los alumnos se someten a prácticas como capuchas, privación del sueño, desorientación temporal, desnudez prolongada, humillación sexual y privación de calor, agua y comida”, y agrega: “La RTI estándar para la mayoría de las ramas militares especiales de los gobiernos estadounidense y europeos cubre tanto las torturas condenadas por las Naciones Unidas como las técnicas de interrogatorio que se consideran legítimas…”.
La poca información sobre el contenido de las capacitaciones viene de informantes muchas veces anónimos. La falta de información es incompatible con un régimen democrático, máxime cuando se trata de operaciones militares violatorias de derechos humanos de la tropa o de la población civil.
Guerra irregular en México
El Estado mexicano tiene una larga historia de contrainsurgencia. Darrin Wood documentó que el General Mario Arturo Acosta Chaparro y el General Mario Delfín Palmerín, entre los principales implicados en la llamada Guerra Sucia de los 70 y 80, tomaron cursos de antiguerrilla y antisubversión en el Fuerte Bragg, de Carolina del Norte, con el 7º Grupo de Fuerzas Especiales.
El impacto de la “Guerra Sucia” o, mejor dicho, la Guerra Contrainsurgente aplicada en México, es enorme. De acuerdo con la anterior Procuraduría General de la República, dejó una estela de 480 personas desaparecidas en 17 entidades de la República. Según organizaciones de familiares de desaparecidos, como AFADEM, el número de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia es de 1,200.
Darrin Wood (opcit) también señala que “otro notable egresado de la Escuela de Guerra Especial es el general Mario Renán Castillo Fernández, comandante de la 7ª Región Militar en Chiapas entre noviembre de 1994 y noviembre de 1997. Él es considerado por muchos ‘el padrino’ de los grupos paramilitares de Chiapas”, y agrega: “No debe sorprender que exista un manual para las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, editado en el Fuerte Bragg, el Manual de campo 31-20-3: defensa interna extranjera, tácticas, técnicas y procedimientos para fuerzas especiales, con fecha de publicación 20 de septiembre de 1994. El manual contiene un anexo de 19 páginas acerca de cómo formar paramilitares, o ‘fuerzas de autodefensa civil’, en acciones de contrainsurgencia”.
Hoy sabemos que en Chiapas, entre 1995 y al menos hasta el año 2001, se aplicó una estrategia contrainsurgente desarrollada en el Plan de Campaña Chiapas 94, para contrarrestar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dicha estrategia se basó en la idea central contrainsurgente de “quitar el agua al pez”, es decir, atacar a la población civil para diezmar su apoyo al grupo insurgente, privilegiando la acción de grupos “secretamente entrenados” o paramilitares por medio del desplazamiento forzado de la población, ejecuciones, desapariciones y masacres como la ocurrida en el poblado de Acteal el 22 de diciembre de 1997. El Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), entrenados previamente en operaciones antinarcóticos por las fuerzas especiales estadounidenses, acudieron al teatro de operaciones en Chiapas a partir de 1995 por órdenes del presidente en turno, Ernesto Zedillo.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), señala que, según el coronel Frank Pedrozo, jefe de enlace militar de la Embajada de Estados Unidos en México, entre noviembre de 1996 y septiembre de 1998, el ejército estadounidense entrenó a 416 soldados GAFE, la mayoría entrenadas en Fort Bragg por el 7º Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos; otros fueron capacitados en la antigua Escuela de las Américas de Estados Unidos, en Fort Benning, Georgia. El primer Subsecretario de la Defensa Nacional, el General André Georges Foullon Van Lissum, hoy al frente de la agencia nacional de aduanas, fue el Comandante del 1er Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) de la III Región Militar en Sinaloa que pasó revista de entrada como Fuerza de Intervención Rápida en Copalar, Chiapas, el 1 de abril de 1997, sumándose a la “Fuerza de Tarea Arcoíris” que llevó a cabo el ya citado “Plan de Campaña Chiapas 94”.
Por otro lado sabemos, por diversas investigaciones periodísticas, cómo algunos GAFE pasaron a las filas de los cárteles mexicanos. El grupo criminal de los Zetas fue fundado por exmiembros GAFE entrenados en guerra irregular por el 7º Grupo de Fuerzas Especiales, como señaló a Al Jazeera un excomandante de Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Arturo Guzmán Decena, conocido como Z1, Heriberto Lazcano o Z3 y Miguel Trevino o Z40, reclutados hacia 1999 por Osiel Cárdenas, jefe del Cartel del Golfo para crear un abrazo armado, que luego se independizó. Los Zetas fueron conocidos por su proceder cruel y sanguinario, se dedicaron no sólo al narcotráfico, también a la extorsión, secuestro, desaparición, homicidio, tráfico de personas, hurto de combustible, robo a bancos, camiones de valores, lavado de dinero, e incluso delitos informáticos.
El modo violento de los Zetas inauguró un modelo delincuencial que se ha reproducido en otros cárteles y en todo el país hasta la fecha. El grupo hoy conocido como Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), nació como un brazo armado del cartel de Sinaloa llamado “Los Mata-Zetas”. Ahora, como un cartel independiente, ejerce el mismo tipo de violencia al grado que hace suponer que entre sus filas tienen a exmilitares de fuerzas especiales entrenando y participando en crímenes atroces. Son notables los vínculos directos o indirectos de las masacres de Cadereyta (2012) y San Fernando (2010) en el norte de México por los Zetas, las de El Mozote en El Salvador (1981), de Dos Erres en Guatemala (1982) y de Acteal en Chiapas (1997), con los boinas verdes del 7º Grupo de Fuerzas Especiales.
Las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR), por medio de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (solicitud 0000700011913), señalaron que 55 mil 129 militares efectivos desertaron entre 2006-2012, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (49 mil 471 del Ejército Mexicano, 4 mil 671 de la Armada de México y 987 de la Fuerza Aérea Mexicana). Esta cifra es la mitad a la registrada en el sexenio de Vicente Fox Quesada 2001-2006, cuando la cifra de deserciones llegó a 107 mil 158, según la información contenida en el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, etapa 1, publicado por la SEDENA. No existe información verificable de cuántas de estas deserciones son Fuerzas Especiales ni cuántas más terminaron en las filas de los cárteles. Una comisión de esclarecimiento deberá investigar, siguiendo la lógica de la guerra irregular, si éstos se unen al crimen organizado como mercenarios o como paramilitares.
Por si no fuera suficiente, existen reportes desclasificados de la DEA y de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA por sus siglas en inglés) que señalan que los Zetas reclutaron también a Kaibiles, y testimonios como el recogido por Telemundo de un exintegrante del CJNG afirmando que en sus filas participan directamente fuerzas especiales de los Estados Unidos: “El alto mando (del CJNG) se había comprado a marinos de un grupo de élite. Hay navys (sic) de los Estados Unidos, hay fuerzas Delta, hay de todo ahí”. Telemundo señala que “(e)l Departamento de Defensa estadounidense respondió en un correo electrónico que ‘desconoce las actividades de los militares que ya no están en activo’. Sin supervisión, control ni investigación, las fuerzas especiales entrenadas en operaciones de guerra irregular pasan paradójica y trágicamente a ser parte de los cárteles de la droga.
De acuerdo con el Security Assistance Monitor del Center for International Policy, los militares mexicanos han recibido capacitación cada año desde 1996 hasta la fecha. Hasta 2022 el monto total de esa capacitación fue de poco menos de 73 millones de dólares, sin que el público sepa el contenido específico de estos entrenamientos. No sabemos tampoco si en estos casi 28 años de capacitación militar es la primera vez que el 7º Grupo de Fuerzas Especiales viene a México. Probablemente no.
¿A qué vienen las boinas verdes a México?
Las operaciones de guerra irregular han traído una estela de violencia, sufrimiento y muerte en México desde la segunda mitad del siglo pasado. El uso de militares en operaciones antinarcóticos no sólo ha sido fallido para terminar con las bandas criminales, ha dejado un saldo, particularmente en las últimas tres administraciones, de casi medio millón de asesinatos y más de 300 mil desaparecidos, de acuerdo a cifras oficiales, instituciones devastadas y una presencia criminal fortalecida controlando al menos, según el General Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, entre 30 y 35 % del territorio mexicano.
La fuerza militar es innecesaria cuando el estado de derecho es fuerte y existe un sistema eficaz de pesos y contrapesos. El Center for American Progress ha presentado una propuesta de reforma a los Programas de Asistencia en Seguridad a Terceros Países para que sean administrados por el Departamento de Estado y no por el Departamento de Defensa; en otras palabras, para que esté en control de manos civiles y no militares.
De no hacer la reforma, señalan sus promotores: “Se militarizará la política exterior estadounidense, perpetuará el statu quo que ignora los cambios en el comportamiento de los gobiernos socios, daña el progreso democrático y permite la violación a derechos humanos, inhibe la supervisión efectiva del Congreso, y contribuye a una burocracia ineficiente y derrochadora”. Para el caso mexicano podemos agregar por la experiencia que la falta de control civil, de transparencia y rendición de cuentas promueve la corrupción y la impunidad, y destruye el estado de derecho democrático.
El Congreso y el Gobierno de los Estados Unidos necesitan revisar estos programas de ayuda al exterior desde una perspectiva holística. Saben que el crecimiento de la actividad criminal en México contribuye a un mayor mercado de drogas y a un alto riesgo de corrupción en los Estados Unidos. Antes de dar mayor asistencia militar a México, es fundamental asegurarse de que existan fueres controles civiles anticorrupción e instituciones de justicia eficaces; de otro modo toda la asistencia militar será aprovechada por el crimen organizado, alimentando cada vez la violencia.
El Estado mexicano, por su lado, debe apostar a la vía civil, fortaleciéndola desde los marcos democráticos de pesos y contrapesos. Esto implica recuperar las instituciones civiles, comenzando por los cuerpos policiacos, y la efectiva aplicación del estado de derecho. Además, generar procesos creíbles de esclarecimiento histórico y sanción de graves violaciones a derechos humanos de 1990 a la fecha, que permitan generar las reformas necesarias para el efectivo control civil sobre las fuerzas armadas.
El Congreso mexicano autorizó el pasado 13 de diciembre, con voto dividido, la entrada de 11 elementos armados del 7º Grupo de Fuerzas Especiales para entrenar a fuerzas especiales del Ejército mexicano, entre el 22 de enero y el 22 de marzo de 2024. No obstante, el Congreso mexicano debe conocer el contenido específico de la capacitación para garantizar que no esté encaminada a violar los derechos humanos de los civiles y de las tropas, y crear mecanismos de supervisión civil durante la capacitación. Más aún, revisar todos los contenidos de capacitación de las fuerzas armadas, sus manuales de operación y campañas contra las drogas para verificar su compatibilidad con los derechos humanos.
Ya es momento que los gobiernos de México y Estados Unidos, de manera conjunta, imaginen nuevas formas de reducir la violencia y la pobreza en la región, que no tengan componentes de armas o de soluciones militares. El fracaso de esas políticas está demostrado.
* Michael W. Chamberlin (@Chamberlin_MW) es presidente de Consultora Solidaria, Senior Non-Resident Fellow en el Center for International Policy.
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Miles de personas se contagiaron de VIH en Reino Unido tras ser infectados por productos sanguíneos contaminados en los años 70 y 80 en un escándalo que ahora se investiga por la presunta negligencia de las autoridades sanitarias.
Todo lo que Sam Rushby puede recordar sobre su familia son memorias fugaces de pasillos y salas de espera de hospital.
En 1994, con sólo dos años, perdió a su madre a causa del sida. Su padre murió con esta afección un año después en un hospital de Liverpool, en Reino Unido.
Su hermana también había sido infectada con VIH, por aquel entonces un virus nuevo e intratable, y murió antes de que él naciera.
“Destrozaron, literalmente, a mi familia y me la arrebataron”, relata al programa Panorama de la BBC en su primera entrevista.
“Siento como si se hubieran deshecho de ellos y se acabó la historia”.
El padre de Sam, Gary, fue una de las más de 1.200 personas que contrajeron el VIH en el conocido como “escándalo de la sangre contaminada”, la mayor parte de ellas después de recibir un medicamento elaborado con plasma sanguíneo proveniente de EE.UU. a finales de los años 70 y 80.
Una investigación gubernamental sobre lo que ha sido calificado como el peor desastre de la historia del sistema británico de salud pública, el NHS, va a dar a conocer pronto sus hallazgos.
Uno de los asuntos clave que está examinando es si las autoridades fueron demasiado lentas en actuar.
El programa Panorama de la BBC ha podido ver ahora pruebas de que la embajada británica en Washington advirtió al gobierno de Reino Unido sobre el riesgo de contraer sida a través de sangre contaminada a principios de los años 80.
Un funcionario de la embajada escribió un informe de cinco páginas a un alto funcionario del Departamento de Salud tras reunirse con un miembro del grupo de trabajo sobre el sida en EE.UU.
La advertencia, una de varias, llegó una década antes de que naciera Sam.
No fue hasta la adolescencia que Sam, quien ahora tiene 32 años, comenzó a conocer la verdad.
Su padre Gary nació con hemofilia, una condición genética que perjudica la capacidad de coagulación de la sangre. Casi siempre afecta a los hombres, aunque las mujeres son portadoras del gen de la hemofilia y pueden transmitirlo.
A finales de la década de 1970, Gary comenzó un nuevo tratamiento destinado a mejorar su vida de forma radical.
El Factor VIII se comercializó como un medicamento milagroso. Los pacientes podían tomar una botella de polvo blanco del refrigerador, mezclarlo con agua destilada e inyectarse ellos mismos.
El sangrado se detenía y, por primera vez, los hemofílicos podrían vivir una vida más normal.
Pero esos pacientes se enterarían más tarde de que lotes enteros del nuevo tratamiento habían sido contaminados con VIH y hepatitis C.
Alrededor de dos tercios de las personas infectadas con VIH en la década de 1980 desarrollaron sida y murieron antes de que los medicamentos antirretrovirales modernos estuvieran disponibles.
A Sam le costó entender la verdad de lo que le sucedió a su familia cuando finalmente sus abuelos se lo contaron.
“No me lo creía, no me lo podía creer”, afirma. “No puedo superarlo, ¿por qué tuvo que suceder?”.
Importaciones de plasma
A principios de la década de 1980, Reino Unido no podía satisfacer la demanda de Factor VIII, que se elaboraba acumulando (o mezclando) el plasma sanguíneo de miles de donantes individuales.
En su lugar, importaron el tratamiento desde Estados Unidos.
En Reino Unido, las donaciones de sangre siempre han sido voluntarias, pero en Estados Unidos se permite a las compañías farmacéuticas pagar por el plasma.
Grupos de alto riesgo, desde prisioneros hasta consumidores de drogas, tenían un claro incentivo económico para donar sangre y potencialmente mentir sobre su historial médico.
Las pruebas que han desvelado activistas y que ha podido ver la investigación pública en curso sobre el escándalo de la sangre contaminada muestran que, cuando se empezó a conocer el riesgo del sida, se enviaron una serie de advertencias claras al gobierno de Reino Unido.
En mayo de 1983, Spence Galbraith, director del Centro de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de Reino Unido, escribió a Ian Field, el principal funcionario médico del Departamento de Salud, instándole a que se retiraran del mercado todos los productos sanguíneos estadounidenses hasta que “se aclarara” el riesgo de contraer sida.
La carta de la embajada británica en Washington, que Panorama ha podido ver, también fue enviada al doctor Field apenas un mes después, el 28 de junio de 1983.
En ella, un funcionario de la embajada describe una reunión con un representante del grupo de trabajo sobre el sida del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos.
Se habló de la transmisión del VIH por la sangre, escribe en la carta. Los hemofílicos estaban “en mayor riesgo” debido a los “dudosos hábitos” de algunos donantes de sangre estadounidenses que habían sido pagados y por la mezcla de miles de esas donaciones para producir Factor VIII.
El grupo “Sangre Contaminada”, que representa a cientos de sobrevivientes y sus familias, asegura que la carta muestra un “asombroso nivel de conocimiento y detalle” sobre los peligros.
Pero esta y otras advertencias no fueron atendidas. Los pacientes del NHS continuaron recibiendo Factor VIII sin tratar importado de EE.UU. hasta al menos 1985.
Muchos de los que tomaron parte en esas decisiones en los 80 ya no están vivos, entre ellos Ian Field.
En 1983, el conocimiento sobre el VIH y el sida todavía era incipiente.
Por aquel entonces, un funcionario del Departamento de Salud dijo que la petición de retirar el Factor VIII estadounidense era prematura y que no tenía en cuenta los riesgos que suponía para los hemofílicos eliminar una fuente importante de su tratamiento.
Sam afirma que su padre no supo durante muchos años que había sido infectado con VIH.
Gary transmitió sin saberlo el virus a su esposa Lesley. Más tarde la mujer dio a luz a una hija, Abbey, que nació VIH positiva y murió con sólo cuatro meses de edad.
Lesley volvió a quedar embarazada y en 1992 llegó Sam, aunque esta vez la prueba del VIH dio negativa.
Pero sólo dos años después, Lesley murió de una enfermedad relacionada con el sida, seguida apenas un año después por su marido.
“Lo triste es que no tengo recuerdos de ellos, sólo un puñado de fotografías”, dice Sam. “Es ese constante sentimiento de tristeza, de preguntarse cómo habría sido crecer (con ellos)”.
Sam fue criado por sus abuelos, que le dijeron al principio que su mamá y su papá habían muerto de cáncer y de un derrame cerebral.
Sólo comenzó a descubrir lo que realmente sucedió en su adolescencia, aunque el estigma que rodea al sida le obligó a mantener los detalles en secreto porque, dice, “los adolescentes pueden ser crueles”.
“Siempre he sufrido de ansiedad y depresión. Si pierdes a tu mamá y a tu papá a una edad tan temprana, eso te va a dar ansiedad”, dice.
“Pero luego, más adelante, descubrí por qué y eso simplemente agravó la agonía”.
Sam es uno de los cientos de niños que perdieron a sus padres a causa del escándalo. Hasta la fecha, ninguno ha recibido compensación del gobierno.
Más de 30.000 pacientes del NHS se infectaron con VIH y hepatitis C entre 1970 y 1991 por productos sanguíneos contaminados como Factor VIII y IX, o a través de transfusiones de sangre tras una cirugía, un tratamiento o un parto.
En otros países, desde Francia hasta Japón, las investigaciones sobre la catástrofe médica concluyeron hace muchos años. En algunos casos, se presentaron cargos penales contra médicos, políticos y otros funcionarios.
En Reino Unido, los activistas afirman que el escándalo nunca ha recibido la misma atención.
Una investigación privada llevada a cabo en 2009, que se financió enteramente a través de donaciones, careció de poderes reales para llegar al fondo, mientras que otra investigación escocesa en 2015 fue calificada de “encubrimiento” por las víctimas y sus familias.
En 2017, forzada por la presión política, la entonces primera ministra Theresa May ordenó poner en marcha una investigación pública a nivel nacional.
Dirigida por el exjuez del Tribunal Supremo Brian Langstaff, tenía la capacidad de obligar a los testigos a declarar bajo juramento y de ordenar la divulgación de documentos.
Tras varios retrasos, su informe final deberá ser presentado el 20 de mayo.
El estigma social
La investigación encontró que 380 de los 1.250 pacientes con trastornos hemorrágicos que fueron infectados con VIH eran niños en ese momento.
Muchas familias también tuvieron que lidiar con el estigma de lo que entonces era una enfermedad intratable.
El hermano menor de Sarah-Jane, Colt, fue infectado con VIH y murió en 1992 a los 10 años. Sarah-Jane asegura que la familia, de la ciudad de Plymouth, tuvo que mudarse de casa tres veces para escapar del maltrato de sus vecinos.
“Nos rehuían, hablaban de nosotros. Colt no tenía amigos porque nadie quería jugar con él”, rememora.
“Amigos y vecinos se volvieron distantes, temerosos y acusadores”.
En septiembre de 1985, una escuela primaria del condado de Hampshire, en el sur de Inglaterra, apareció en las noticias nacionales cuando los padres de un joven hemofílico contaron a los profesores que había dado positivo por VIH.
Otras familias sacaron a sus hijos de clase y no los permitieron regresar hasta que se enviaron a especialistas en sida para explicarles los riesgos.
El niño en el centro de la tormenta mediática tenía sólo nueve años y en ese momento era anónimo. Pero ahora se le puede identificar como Peter Adlam, de 48 años.
“Solo recuerdo que no quería que me grabaran las cámaras a las puertas de la escuela”, revela a Panorama en su primera entrevista.
“Intentaba integrarme con los otros niños todo lo que podía. Cuando eres niño piensas que eres indestructible y que vas a vivir para siempre, y yo me estaba volviendo muy consciente de que no lo haría”.
Peter desarrolló graves problemas de salud relacionados con el VIH, entre ellos tres episodios de neumonía en 1996. A sus padres les llegaron a decir en un momento que tal vez sólo le quedaran unas semanas de vida.
Nuevos medicamentos contra el VIH llegaron a tiempo para salvarle la vida, aunque ha tenido que seguir lidiando con múltiples problemas de salud hasta el día de hoy.
“Hasta ese momento no pensaba que llegaría a ver el año 2000. Era desolador y no había muchas esperanzas”, dice.
“Veía a otras personas de mi edad vivir sus vidas y yo no podía hacerlo. No he tenido una carrera, no he viajado. No puedo imaginar cómo habría sido mi vida si no me hubiera infectado”.
En agosto de 2022, el gobierno acordó pagar las primeras compensaciones provisionales de 100.000 libras (US$125.700) a unos 4.000 sobrevivientes del escándalo o a sus desconsoladas parejas.
Los ministros han indicado que planean extender esos pagos a los padres e hijos de los infectados, entre ellos Sam Rushby, y también quieren establecer un plan definitivo de compensación.
Pero aún no se ha establecido un calendario en firme para realizar los pagos, y es probable que el costo total ascienda a miles de millones de libras.
“Esta fue una tragedia espantosa que nunca debería haber ocurrido. Tenemos claro que se debe hacer justicia y rápidamente”, afirmó el gobierno británico a Panorama en un comunicado.
“Esto incluye el establecimiento de un nuevo organismo para ofrecer un Plan de Compensación de la Sangre Contaminada, que contará con todos los fondos necesarios para ofrecer compensaciones una vez que se hayan identificado a las víctimas y evaluado las reclamaciones”.
“Seguiremos escuchando atentamente a la sociedad mientras abordamos este terrible escándalo”.
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