Francisco Cea Bermúdez, malagueño nacido el 28 de diciembre de 1779 y muerto  en el exilio en París  a la edad de 71 años, el 6 de julio de 1850. Dos veces nombrado Secretario de Estado por Fernando VII, era Secretario de Estado a la muerte del Rey, el 29 de septiembre de 1832, y fue confirmado por la Reina Gobernadora como Secretario de Estado al comenzar la Regencia. Formó un Gobierno Ilustrado.

Cea era un absolutista partidario del dialogo con los liberales  moderados, con los conservadores moderados y con los afrancesados, pero no dejaba de ser un absolutista cuyo objetivo era hacer reformas administrativas, no políticas, pero manteniendo el régimen absolutista.

Carlos María Isidro de Borbón, nada más morir su hermano Fernando, publico el 1 de octubre el Manifiesto de Abrantes  en el que expone las razones por la que consideraba legítimo heredero a la corona y declaraba  su ascensión al tono como rey con el nombre de Carlos V. Cinco días más tarde fue proclamado rey en la localidad de Tricio (C. A. de La  Rioja) dando comienzo a la Primera Guerra Carlista.

Nada más ser confirmado en el cargo de Secretario de Estado y  en respuesta al Manifiesto de Abrantes, Cea presentó el 4 de octubre  a la firma de ésta el Manifiesto de la Reina Gobernadora en la que se proponía un plan de reformas políticas  de corte liberal con la intención de atraerse a estos a su causa. Prometía equidistancia entre los liberales y los conservadores, realmente no contentó a nadie. La intención de Cea era mantener la política que venía desarrollando durante su mandato con Fernando VII.

Las medidas propuestas eran a corto y medio plazo, entre ellas se encontraban las siguientes: Conservación de la monarquía absoluta, disminuir las cargas fiscales, aplicar una justa y pronta administración de justicia, conseguir la cooperación de todos, respetar los acuerdos internacionales, entregar la corona a Isabel a su debido tiempo y fomentar la riqueza. Los liberales les pareció un manifiesto ilustrado y por tanto conservador, contrario a las medidas urgentes que, en su opinión, el país demandaba. También se opusieron al manifiesto el Consejo de Gobierno,   los absolutistas y los carlistas.

En torno a la Reina Gobernadora, el Gobierno de Cea pretendía formar  un partido denominado cristino que agrupaba a todos aquellos que no eran ultra-conservadores, es decir, a los conservadores moderados, los liberales moderados y  los afrancesados, de ahí los decretos de amnistía a liberales y afrancesados de 15 de octubre.

Isabel II no fue reconocida por los  Estados gobernados por monarquías borbónicas  que se posicionaron  al lado de Don Carlos. Nápoles incluso rompió relaciones diplomáticas con España. El resto de estados italianos, incluido Los Estados Pontificios, se posicionaron del lado carlista. Las potencias del norte, Austria, Prusia y Rusia adoptaron una postura de espera de acontecimientos a ver como éstos se desarrollaban.

La primera potencia europea en reconocer a Isabel II fue Gran Bretaña, poco después se negoció el reconocimiento de Francia a cambio del reconocimiento de España del gobierno de Luis Felipe de Orleans y el de Leopoldo de Bélgica.

A estos reconocimientos se unieron los estados europeos bajo la influencia de los dos anteriores. Estos formaban un contrapeso de estados liberales opuestos a las potencias conservadoras y absolutistas del norte.

A mediados de octubre el Gobierno expropio todos los bienes del aspirante a rey Carlos María Isidro. Carlos protestó y buscó apoyos en el extranjero. Solo encontró el apoyo de Portugal donde reinaba su cuñado Miguel I.

Con el  primer reajuste ministerial en el Ministerio de Fomento, cesa el conde de Ofalia y es nombrado el antiguo afrancesado Francisco Javier de Burgos Olmo. De Burgos era el hombre fuerte del Gobierno.

El 24 de octubre, la Princesa de Asturias fue  proclamada Reina de España con el nombre de Isabel II, tenía  tres años de edad. Durante su minoría de edad, su madre, María Cristina, seria la regente como Reina Gobernadora.

En diciembre de 1833 estaban previstas elecciones a Cortes, se anularon porque  se pensaba que las podían ganar los carlistas.  El segundo reajuste ministerial en el Ministerio de Guerra, cesa José de la Cruz y es nombrado Antonio Remón Zarco del Valle. Zarco, militar liberal que fuere represaliado a final del Trienio Liberal.  Junto con de Burgos eran los ministros fuertes del gobierno y los que llevaron a cabo las reformas más importantes del Gobierno de Cea.

Pocos días después de éste reajusta, el 15 de enero de 1834,  Cea Bermúdez fue cesado y nombrado en su lugar a Francisco Martínez de la Rosa.

Durante el corto periodo de su mandato en la Regencia, Cea llevo a cabo algunas reformas económicas entre las que se encontraban: la libertad de ejercicio de la industria con lo que se acababa con los gremios; la creación de la Real Compañía Asturiana de Minas y Carbón para la producción de armas con acero español obtenido del hierro y el carbón asturiano; la libertad de comercio de productos básicos como el grano y el pescado; la Ordenanza General de Montes que permitía el delimitar y cercar los montes privados así como elegir su forma de cultivo; la  creación de la Comisión Regia de Causas de Estado cuyo fin era decisión de crear un ejército cristino ante la avalancha de voluntarios realistas que acudían el ejército de Carlos María Isidro.

Una de las reformas más importantes  fue el nuevo mapa provincial de España. El Ministro de Fomento, Javier de Burgos,  decidió hacer más homogéneas, en tamaño,  las provincias en las estaba dividido el País. Ésta nueva división, en 47 provincias peninsulares y dos insulares, continuó sin cambios hasta la Dictadura de Primo de Rivera cuando se dividió la provincia insular de Canarias en dos y dio lugar a la actual división de España en 50 provincias. Los criterios empleados  para la nueva división eran: respetar las 13 regiones históricas y dar a cada provincia unas dimensiones que permitieran llegar, desde cualquier punto, a la capital en un día de viaje. Quedaban exentos las Provincias Vascas y el Reino de Navarra. La población de cada provincia sería entre 100.000 y 400.000 personas. Con estos criterios las provincias pasaron de las 52 existentes en la división anterior a las 49. En cada provincia existiría un Subdelegado de Fomento que el futuro llegaría a ser el Jefe político y el Gobernador Civil. También se crearon las Diputaciones  Provinciales que, integrada por miembros elegidos en los Partidos Judiciales, eran las responsables de las obras públicas, fomento de la agricultura, etc. y la Administración Civil encargada de la gestión de Hacienda, Gobernación y Fomento Provincial.

Los nuevos aires también llegaron a la prensa. Javier de Burgos hizo un nuevo Reglamento de Imprenta donde suprimía la censura previa excepto para temas políticos y religiosos.

Entretanto los meses de octubre a diciembre de 1833 se produjeron múltiples levantamientos carlistas comenzando por el primero de ellos en Talavera de la Reina donde el administrador de correos y jefe de los Voluntarios realistas se levantó en armas el día 3 de octubre. Fue detenido y ejecutado.

Los levantamientos surgieron en tres grandes núcleos: País Vasco y Navarra, Lérida y el Maestrazgo, aunque había carlistas repartidos por las sierras de toda España, en la mitad sur del país nunca los carlistas pasaron más allá de las guerrillas, nunca llegaron a organizar ejércitos como en los tres  núcleos centrales. La guerra se centró, por tanto, en los alrededores de los tres núcleos citados.

Cuando se produjo, a mediados del mes de octubre, el levantamiento carlista general fue un fracaso en todo el país excepto en el País Vasco y Navarra. Inmediatamente las zonas rebeldes fueron ocupadas por el ejército cristino, pero los carlistas no fueron vencidos en el campo y comenzó la Primera Guerra Carlista.

Los cristinos dominaban las ciudades, pero el campo era carlista. El general carlista Zumalacárregui pensaba que dominando el campo las ciudades caerían por si solas al faltarles los medios de subsistencias que aquel les proporcionaba.

A mediados de noviembre Tomás de Zumalacárregui fue nombrado jefe militar del carlismo por la  Junta Gubernativa   de Estella y, poco después,  la conferencia de Alsasua  le fijó como objetivos  militares prioritarios como la toma de Vitoria y de Bilbao. A todo esto Don Carlos no estaba en España, no llegó hasta julio del año siguiente.

El ejército cristino estaba dirigido por los llamados ayacuchos, militares profesionales retornados de Sudamérica donde habían estado combatiendo a los independentistas hasta la derrota final de Ayacucho en 1824. Eran liberales  no exaltados y profesionales.

Debido al fracaso del levantamiento general, Don Carlos vio que la única posibilidad de triunfo era una revuelta pan- ibérica uniéndose al miguelismo portugués. En Portugal existía una guerra civil entre la Reina María II y su tío Miguel I.

El Gobierno de Cea Bermúdez, antes de intervenir en Portugal, solicitó la aprobación de Francia y de Gran Bretaña, ambas naciones no se opusieron a la intervención.

El Gobierno encargó al Capitán General de Extremadura, el general José Rodil, entrar en Portugal en ayuda de las fuerzas que apoyaban a María II contra Miguel de Portugal y capturar a éste último a Don Carlos. Rodil había creado un buen servicio de información que le permitió conocer por adelantado los planes carlistas  y  tomar las medidas adecuadas para frustrarlo.

El Gobierno de Cea se encontraba entre dos fuegos, era un gobierno ilustrado de absolutistas moderados que se planteaban hacer reformas administrativas que contribuyeran a mantener un absolutismo reformado, una especie de tercera vía entre los  ultra absolutistas y los liberales exaltados que querían reformas liberales drásticas e inmediatas. Los principales soportes militares de los cristinos, los capitanes generales de Castilla la Vieja  y de Cataluña, generales Quesada y Llauder, enviaron al Gobierno sendos escritos pidiendo la reunión de las Cortes para hacer una constitución moderada y así atraer al bando cristino a los liberales. La respuesta de Cea fue realizar los ajustes de gobierno que ya hemos comentado.

En el Gobierno existía una enorme preocupación  la posibilidad de que el carlismo estableciera relaciones con los países hispanoamericanos recientemente independizados. Por lo que se decidió conceder a sus barcos  en los puertos españoles el trato de correspondientes a naciones amigas. También se fijaron unas condiciones necesarias para el establecimiento de relaciones diplomáticos con éstos países, entre ellas se encontraban la necesidad de que los nuevos Estados se hicieran cargo de la parte de la deuda exterior española que le correspondiera como parte del imperio español  en el momento de su independencia,   además, deberían indemnizar a España por las perdidas causados a los españoles, incluidas las expropiaciones,  durante los procesos de independencia.

A todos los problemas anteriores se unió, a final del año  1833, la boda secreta de la Reina Gobernadora con el Sargento de la Guardia de Corps, Fernando Muñoz.  Fue un matrimonio morganático y sin respeto con tradición de guardar un tiempo de luto.

A finales de año el Gobierno estaba agotado, su tercera vía era un fracaso,  no contentaba a nadie y el Consejo de Gobierno pidió la dimisión de Cea. Era evidente que exclusivamente con medidas administrativas no se iba a vencer la amenaza del  carlismo ni atraer a los liberales retornados por el indulto. Todos estaban contra el Gobierno. Las presiones internas de todo tipo y las externas de los embajadores de Inglaterra y Francia llevaron a María Cristina  a cesar a Cea el 15 de enero de 1834, nombrando en su lugar a Francisco Martínez de la Rosa.

Joaquín de la Santa Cinta. Ingeniero aeronáutico, economista e historiador