Todos los días, Nayib Bukele, tuitea: “0 homicidios”. Ese es el comienzo de cualquier mensaje del presidente de El Salvador, de quien se dice que gobierna –en parte– a través de Twitter. “0 homicidios” significa, para él y para los muchos salvadoreños que le apoyan, que su guerra contra las pandillas criminales –las maras– está teniendo éxito. Al coste de ocho meses de estado de excepción en el país –instaurado desde que en marzo se registraran 86 asesinatos en pocos días– y de 56.714 detenidos, según el último dato conocido. Pero, ¿se trata en todos los casos de pandilleros? No, ni mucho menos, explica Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. En realidad, “cero homicidios” es la parte visible –y por supuesto celebrada por la población salvadoreña– de una política represiva más amplia que alcanza a las organizaciones civiles, incluso a la prensa, y que ha enfrentado a Bukele con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que acusa de defender a los criminales.
Nayib Bukele, un “populista de libro” –en definición de Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas– que llegó a la presidencia en el 2019, conserva su popularidad a base de vender ilusiones. Menos visibles son sus intenciones de reescribir la historia de El Salvador y de los acuerdos de paz de 1992, que califica de farsa, su cooptación de las instituciones del Estado, la corrupción....
Miguel Montenegro visitó Barcelona, invitado por los Comités Óscar Romero y ofreció una sesión informativa en el Institut Català Internacional per la Pau.
¿Cómo está afectando el estado de excepción a los salvadoreños?
Está afectando a todos porque jóvenes, mujeres, familias, corren el riesgo de ser detenidos simplemente como sospechosos. Se ha criminalizado a muchas comunidades y barrios donde operan las pandillas. Allí vive gente que no tiene nada en absoluto que ver con las pandillas sino que son acosadas por estas para que paguen una extorsión. Pero con este régimen de excepción son criminalizadas como colaboradoras de las pandillas y son detenidas. Están entre la espada y la pared. Si pagan, son amenazados, para el Gobierno todos ellos son sospechosos, incluido el entorno familiar. Me dicen qué podemos hacer, tenemos que huir de nuestras casas… Hablamos de desplazamientos forzados, por motivo no solo de las pandillas sino del acoso de la policía y de las fuerzas armadas.
"En los penales han muerto personas con enfermedades terminales"
En los penales algunos han fallecido por falta de atención médica y otros por las torturas y las palizas de la policía o dentro del penal. Había personas que tenían enfermedades terminales. La Comisión de Derechos Humanos lleva algunos casos de personas muy enfermas que no se han tenido en cuenta. Quien ha informado de las personas fallecidas ha sido la funeraria, que ha ido a la casa familiar… Otras personas han sido enterradas sin ser identificadas, simplemente las familias se han enterado de que estaban en una fosa común. Incluso jóvenes que salieron de las pandillas o que fueron hace tiempo pandilleros, que supuestamente se arrepintieron y se han convertido a una sociedad sana, algunos trabajando en alcaldías, están detenidos desde hace cuatro meses en la cárcel solo por el hecho de haber sido pandilleros antes. conozco a varios.
El fenómeno de las pandillas o maras se remonta al final de la guerra (1992), y ya entonces había estudios de cómo habían surgido. Sin embargo, han crecido monstruosamente. ¿Por qué este fracaso de la sociedad o los gobiernos salvadoreños?
Los gobiernos anteriores, y el actual, no han combatido frontalmente o integralmente las causas que han provocado la pobreza ni han combatido la impunidad en el país. Y a partir de la falta de un combate a la pobreza y la impunidad, se permite cualquier accionar del crimen organizado y por supuesto de las pandillas. Los gobiernos anteriores, como este, negociaron y han negociado con las pandillas y permitido su crecimiento desmesurado, han permitido que las pandillas y el crimen organizado copen mucho territorio salvadoreño, los han beneficiado incluso al interior de los penales.
"El nuevo fiscal general defendía a pandilleros. El anterior fue destituido por investigar"
¿Quién está detrás de todo esto? ¿Las grandes familias?
Yo no me atrevería a acusarlas si no hay una investigación, pero puede haber muchas especulaciones, porque detrás de ellos hay alguien también. Me parece que tanto el Estado, con la inteligencia, en un país tan pequeño como el nuestro, 21.000 kilómetros cuadrados, teniendo la tecnología y el aparato para reprimir, ¿cómo es posible que se fortalezcan? Yo siempre me he hecho la pregunta. El reclutamiento de los jóvenes en las pandillas es producto de la desintegración familiar, la pobreza y la falta de formación y educación. Ahora, ¿quién está detrás? Algunos han sido detenidos y otros no… Entonces la pregunta es quién está detrás para financiar, permitir realmente esa situación. Lo que está haciendo este gobierno para mí es algo que no profundiza y no va a desarraigar el problema de las pandillas.
¿Las pandillas y la policía colaboran entre sí?
Eso es cierto. Lo que pasa es que el Gobierno no lo va a mostrar ni aceptar pero nosotros sabemos que hay, hasta cierto punto, involucramiento de la policía, incluso la población lo ha denunciado. Muchos agentes de tatúan en la parte interior del “MS” o “M18” –los nombres de las maras más grandes–. Y esos son agentes de policía. Se ha denunciado y ha habido filtros para tratar de evitar que entren en la policía.
Dicen que el nuevo fiscal general estuvo 22 años defendiendo a pandilleros. Una investigación del diario El Faro señala que influyó en procesos judiciales en favor de un narcotraficante ligado a una “mara”...
Claro, él es un abogado que defendía a mareros, eso está claro. El fiscal anterior venía investigando las negociaciones que este gobierno está realizando con las pandillas, y casos de corrupción durante la pandemia. A eso se debe su destitución.
¿Bukele ha dividido al movimiento social y a los sindicatos?
Lo ha hecho simplemente a base de ofrecimientos. Hay una división total en los sindicatos, como ha hecho también en las comunidades y las asociaciones comunales. Busca dividirlas. Nayib Bukele ha logrado desactivar a los partidos políticos de oposición. Y todas las asociaciones que nos oponemos a sus políticas represivas somos asociaciones que defendemos a los delincuentes y las pandillas.
Está pendiente una “Ley de Agentes Extranjeros” para fiscalizar a las oenegés a través de su financiación, una ley que recuerda a la que existe en Rusia...
Están tratando de controlar, o eliminar, el funcionamiento de las organizaciones. Saben que nuestro trabajo se da en parte gracias a la cooperación. Por ejemplo, si en la Comisión tenemos un proyecto de 30.000 dólares, de esos el 40% quedaría en manos del Gobierno. El Ministerio de Gobernación preparó esa ley y la presentó a la Asamblea, pero ante el rechazo internacional no se aprobó. Según el ministro de Gobernación, para el próximo año va a entrar otra vez en discusión en la Asamblea y el Gobierno está pidiendo al fiscal general que investigue a todas las organizaciones sociales sobre lavado de dinero, cosa que no existía para organizaciones como las nuestras, con una serie de requisitos. Si no cumplen, a partir del próximo año corren el riesgo de desaparecer. Algunas organizaciones han dicho que ya no van a trabajar de hecho.
"Bukele hizo ver como que venía un platillo volante y bajaba él"
La decisión del presidente Bukele de incorporar el bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador sorprendió muchísimo: un país cuyo PIB depende en un 25% de las remesas de los emigrantes adopta una criptomoneda... Finalmente, ha sido un fracaso.
No se está utilizando casi. La gente se fue a por los 30 dólares que ofrecían por utilizar la aplicación. ¿Usted se imagina estar haciendo cola por 30 euros?
Pero hay un lugar donde se utiliza un poco el bitcoin, ¿no?
Sí, eso es en El Tunco, en el puerto de la Libertad, un espacio donde hay turismo, campeonatos de surf… Y luego Bukele habló de la Ciudad Bitcoin, en el oriente del país, de construir un complejo habitacional con un aeropuerto, que todavía tiene la idea de construir, expropiando y pagando un fondo por el que la población está protestando. ¿Cómo es posible que por su terrenito les estén dando menos del 80% o al 50% de lo que vale? Y si no lo quieren de todas maneras va a ser expropiado, porque aprobaron el año pasado ese decreto… Está en la parte sur del departamento de La Unión.
Y todo esto, ¿para qué?
Porque Nayib Bukele quiere turismo, desarrollo, hacer una ciudad llamada Bitcoin, pero ahora solo se está hablando del aeropuerto; lo de la ciudad se ha quedado en stand by. No tiene mucho sentido. El Gobierno se saca ideas de la manga de la camisa. Lo que hizo Bukele fue fantasear mucho cuando lanzó su proyecto político, y lo reafirmó cuando entró con un plan fantástico. Por ejemplo, el tren del Pacífico, otro proyecto. Cuando habló del bitcoin, hizo la inauguración en el puerto de la Libertad, con caviar, invitados internacionales que trataban el bitcoin. Increiblemente, hizo ver como que venía un platillo volante y que de él bajaba Nayib Bukele. ¡Así! Y la gente aplaudía. De esa manera, él maneja una fantasía enorme que traslada a la población. Y la población cree que con esa promesa vamos a salir de la crisis económica, pese a que hay desempleo, pese a que no hay crecimiento y si lo hay no lo están demostrando. El desempleo, la falta de programas educativos, integrales, de salud… Recortan presupuestos a todo esto pero los dedican a comunicación.
Acercamiento a China
Los emigrantes en EE.UU. pueden pagar las consecuencias
El 10 de noviembre se anunció el inicio de negociaciones entre China y El Salvador para alcanzar un Tratado de Libre Comercio. Ya existen proyectos chinos en el país centroamericano, como una biblioteca, una planta potabilizadora... Pero el cambio de Taiwán por China en las preferencias de Nayib Bukele no es del gusto de Estados Unidos, donde hay unos dos millones de inmigrantes salvadoreños. Aquellos que no están reconocidos legalmente pero que se benefician del TPS, el estatus de protección temporal, que implica, por ejemplo, trabajo temporal legalizado, pueden pagar las consecuencias. Los llamados "tepesianos" temen que puedan ser deportados como represalia. El Salvador ingresa unos 7.000 millones de dólares anuales solo en remesas familiares.