Pedro Castillo: Gobierno vulneró 8 estándares sobre libertades de expresión e información, las claves del informe de Defensoría

Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre los primeros 120 días del gobierno de Pedro Castillo concluyó que durante este periodo se vulneraron ocho estándares sobre las libertades de expresión e información.

Según el documento, el propio presidente propició estas vulneraciones de forma directa o indirecta, lo que dificulta el libre ejercicio de la prensa y pone en riesgo la pluralidad e independencia de los medios de comunicación.

Estos son las claves de lo analizado, concluido y recomendado por la institución que preside Walter Gutiérrez.

Mira la presentación del informe

1. Los estándares

La Defensoría identifica para su estudio ocho estándares a partir de pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

“Entendemos por Estándar un parámetro consensuado sobre determinada materia, que desarrolla las condiciones y requisitos que el ordenamiento jurídico debe respetar”, indican.

Con esta metodología, la Defensoría identificó, en estos 120 días, situaciones “que constituyen una amenaza al goce efectivo de las libertades de expresión e información tanto de los medios de comunicación como también de la ciudadanía en general”.

Como ejemplo se citan agresiones físicas y verbales contra hombres y mujeres de prensa, decisiones orientadas a obstaculizar su labor y actitudes o discursos hostiles contra la prensa en general.

2. Agresiones a reporteras

En este aspecto, se citan dos casos de agresiones físicas a reporteras: Tiffany Tipiani de TV Perú y Hellen Meniz de RPP Noticias.

El primer caso ocurrió a mediados de agosto, cuando la periodista intentaba recoger declaraciones del presidente mientras se desplazaba por la Plaza de Armas y fue apartada por un miembro de seguridad.

El segundo tuvo lugar el mes siguiente durante un evento en Comas, cuando un miembro de la comitiva del presidente intentó arrebatarle el micrófono a Meniz, quien intentaba entrevistar a Pedro Castillo.

El informe señala que estos hechos, que fueron rechazados por asociaciones de periodistas, vulneran estándares como el de la tutela especial de los medios de comunicación y periodistas en función a la labor que realizan; el de protección reforzada a mujeres periodistas; y el de sanción de la violencia contra periodistas.

“La falta de diligencia en las investigaciones para la identificación y sanción de los responsables de las aludidas agresiones, refuerza la percepción de impunidad de la ciudadanía y del periodismo en general sobre este tipo de casos y agrava la situación de vulnerabilidad de las mujeres periodistas. Existe también el riesgo de que estas actitudes se agraven y/o se repliquen en otros niveles de gobierno”, sostiene el informe.

3. Actitudes de Pedro Castillo y Guido Bellido

La Defensoría también cita el reciente incidente entre Pedro Castillo y el reportero Kenneth Vargas, de Willax TV, quien le preguntó al presidente si pensaba renunciar ante las críticas de la oposición que plantea una moción de vacancia en su contra.

Esto ocurrió cuando Castillo se desplazaba por la zona afectada por el terremoto del 28 de noviembre en Amazonas. El mandatario respondió preguntándole si estaba “loco”, si quería que “renuncie a sacar a esta gente” y si “quiere que se muera esta gente”.

El otro caso al que se hace referencia tuvo lugar a mediados de septiembre, cuando Guido Bellido “tuvo declaraciones irrespetuosas y agresivas hacia periodistas, y empleó su idioma materno para tal fin”.

En específico, se refieren a lo dicho por el entonces presidente del Consejo de Ministros a los reporteros que lo cuestionaban por la denuncia de agresión hecha contra él por la congresista Patricia Chirinos y por el corte de agua en San Juan de Lurigancho. “Habla bien, escucha bien, abre bien tus oídos, que en la Comisión de Ética se va a investigar todo (…) La reactivación progresiva, mañana a las 7 a. m. estamos acá (...) tienes que lavarte el oído, no escuchas”, dijo Bellido.

Para la Defensoría, ambas conductas vulneran el estándar de la tutela especial de los medios de comunicación y periodistas en función a la labor que realizan y el de mayor tolerancia sobre discursos relacionados con funcionarios y personajes públicos.

“Situaciones como las anteriormente descritas impiden que la ciudadanía pueda estar informada sobre asuntos de especial interés público y además constituye una forma de obstaculizar el ejercicio de la profesión de los periodistas puesto que tiene “por fin amedrentarlos y así inhibir su labor”, alertaron.

4. Discursos contra medios

Aquí se citan declaraciones de integrantes del Ejecutivo contra los medios de comunicación: Pedro Castillo señalando solo buscarían difundir “cortinas de humo” (11 de agosto); Guido Bellido diciendo que no deberían “adjetivar al gobierno” (1 de octubre); el exministro Iber Maraví acusándolos de promover un golpe de Estado (4 de octubre); y el presidente diciendo que no les haría llegar “ni un centavo” por dar informaciones “nefastas” (23 de noviembre).

Todo esto vulneraría el estándar de mayor tolerancia sobre discursos relacionados a funcionarios y personajes públicos, el de tutela especial de los medios de comunicación y periodistas en función a la labor que realizan, y el de la obligación de las autoridades de adoptar un discurso público que prevenga la violencia contra la prensa.

“Ello demuestra que no ha existido, de parte del Ejecutivo, la tolerancia y apertura debida sobre opiniones e informaciones que inciden sobre su gestión, que a pesar de ser incómodas, incisivas o molestas gozan de protección, lo cual dificulta que los periodistas puedan investigar e informar de manera libre sobre los asuntos de gobierno. Además, se propicia la autocensura y la ciudadanía en general deja de tomar conocimiento sobre asuntos de interés público, desalentado su participación en la deliberación pública”, advierten.

5. La falta de entrevistas

En un apartado sobre lo que consideran “graves atentados contra la libertad de prensa”, se citan dos hechos. El primero es la carta que envió Pedro Castillo, antes de asumir como presidente, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Allí daba cuenta de un presunto incumplimiento de Willax TV de su código de ética y de la afectación de su derecho al honor y buena reputación. Por esto pidió, una sanción administrativa contra el canal.

Para la institución, la carta buscó “amedrentar” a este medio por su línea informativa y “que se emplee el aparato estatal como instrumento para silenciarlo”. Además, consideraron “sumamente reprochable” que, hasta la fecha, el presidente no haya comunicado “si ha retirado o no dicha carta, puesto que ahora ya no se trata de un candidato político, sino del primer funcionario del Estado”.

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El segundo está referida a la negativa de Pedro Castillo a dar declaraciones o entrevistas a medios de comunicación. Un informe de El Comercio recogió que, en 128 días de gobierno, el jefe de Estado acumuló 15 horas y 52 minutos hablando en público, de los cuales solo48 minutos fueron destinados a atender a reporteros de manera breve. Además, no ha dado ninguna entrevista como presidente.

El estudio de la Defensoría cita el informe de este Diario y advierte que “en tanto se mantenga el hermetismo hacia los medios de comunicación críticos se debilitará nuestro sistema democrático”. Por esto, advierten que está en riesgo el estándar de mayor tolerancia sobre discursos relacionados a funcionarios y personajes públicos, el de tutela especial de los medios de comunicación y periodistas y el de garantía de independencia y pluralidad de los medios de comunicación.

“El presidente de la República está obligado a brindar entrevistas a los medios de comunicación, ya que de lo contrario se imposibilitaría la concretización del derecho de los periodistas de investigar e informar sobre asuntos relacionados al gobierno y se vulneraría el derecho de la ciudadanía de estar informada, permitiendo que no exista un debido control y transparencia en la gestión pública”, expresaron.

6. Medios públicos afectados

El informe también recuerda las declaraciones dadas a fines de septiembre por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, donde cuestionó a TV Perú por una presunta línea crítica hacia el Gobierno y anunció futuros cambios.

A partir de esto, se revisó la normativa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y se encontró que el organismo se encuentra adscrito al Ministerio de Cultura, y los miembros de su Consejo Directivo son designados por el presidente y que su presidente también puede ser removido por este.

“Lo anteriormente señalado no observa los criterios desarrollados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Aspectos relevantes de IRTP, tales como la designación y remoción de sus directivos, así como la independencia de la línea informativa de los medios estatales a su cargo, no se encuentran previstos en la precitada ley”, manifestaron.

Esto lleva a la Defensoría a recomendarle al Congreso de la República “modificar el Decreto Legislativo 829, que regula al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, con el fin de asegurar una regulación que observe los estándares desarrollados a nivel interamericano para garantizar la libertad e independencia de los medios de comunicación públicos”.

7. Ausencia de la prensa en eventos públicos

Por otro lado, también se advierten que múltiples eventos oficiales del Gobierno no contaron con la presencia de reporteros. Estos fueron la juramentación del gabinete Guido Bellido, las transferencias de cargos en los ministerios y el reconocimiento al presidente Pedro Castillo como jefe supremo de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Para la Defensoría, la imposibilidad de cubrir eventos públicos es “un obstáculo a la labor periodística y conlleva a limitar la difusión de información sobre asuntos de interés público e impedir la construcción de una opinión pública libre e informada de la población”. Esto se agrava “si se toma en cuenta que esta actitud obstruccionista estaría dirigida a los medios cuya línea editorial es contraria a los intereses del gobierno y puede constituir una modalidad de censura”.

8. Actitudes evasivas

Finalmente, el informe cita actitudes como las del ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, quien dijo que solo declararía a los medios de comunicación que no le hicieran problemas; y la de la Dina Boluarte, ministra y vicepresidenta, quien afirmó que los medios de comunicación no son proactivos y no se preocupan por asuntos que son importantes.

La Defensoría sostiene que lo dicho por González Toro “constituye una amenaza a la libertad de prensa”; y que lo expresado por Dina Boluarte inhibe “la libre circulación de ideas o informaciones sobre temas de interés público y ponen en riesgo la dimensión colectiva de las libertades de expresión e información”.

“En un Estado Constitucional, el principio de tolerancia debe ser un valor defendido especialmente por las autoridades y funcionarios del Estado, por lo que deben atender a la pluralidad de los medios de comunicación, sin diferenciación y a pesar de que sean incisivamente críticos con las medidas del gobierno”, aseguraron.

9. Las conclusiones

Luego de este análisis, la institución presidida por Walter Gutiérrez presentó seis conclusiones. La primera es que el Ejecutivo vulneró los ocho estándares y que es preocupante que el propio presidente “haya propiciado -indirecta o directamente- la vulneración de ambas libertades, ya sea tolerando conductas o discursos contrarios a estas, o participando en ellas”.

“Esta situación ha conllevado a que se dificulte el libre ejercicio de la prensa y se ponga en riesgo los principios de pluralidad e independencia de los medios de comunicación y los derechos a las libertades de expresión e información de la ciudadanía, rasgos esenciales de todo sistema democrático. Por ello, es urgente que el Ejecutivo adopte acciones inmediatas para su debida corrección”.

Posteriormente, se concluye que el Gobierno no aseguró las condiciones para la libre expresión de ideas y que, más bien, obstaculizó el trabajo de la prensa, especialmente de “aquella cuya línea editorial le resulta contraria o incómoda a sus intereses”. Además, se advierte que altos funcionarios “mantienen un discurso orientado a atacar a los medios” y tuvieron “actitudes evasivas”.

“Los acontecimientos expuestos en el presente informe demuestran que existe un ambiente hostil hacia la prensa, en el que se han advertido actitudes y discursos violentos por parte de altos funcionarios del Ejecutivo. Son las provocaciones, los estereotipos y calificaciones ofensivas contra cierto sector de la prensa las que generan divisionismo y un clima propicio para las agresiones físicas y verbales”, añadieron.

10. Recomendaciones y acciones

Para finalizar el informe, la Defensoría anuncia que presentará una iniciativa legislativa para darle más autonomía al IRTP; que promoverá un Compromiso por el Respeto de la Libertad de Expresión junto a otros organismos; y que remitirá el documento a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “para que pueda ser valorado”.

Adicionalmente, se hacen recomendaciones a cuatro entidades estatales.

A Presidencia se le pide suscribir la Declaración de Chapultepec para garantizar las libertades de libertades de prensa e información; capacitar a su personal de seguridad sobre el trabajo periodístico; no obstaculizar la participación de reporteros en sus eventos públicos; y conceder entrevistas a los medios de comunicación.

A la Presidencia del Consejo de Ministros se solicita promover la coordinación entre las carteras y los medios de comunicación para su participación en actos oficiales; concientizar a sus funcionarios y personal sobre la labora de la prensa; y responder un oficio enviado por ellos sobre la situación sobre las libertades de prensa e información en el Perú.

Al Congreso se le hizo el pedido para modificar la ley del IRTP antes mencionada; y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se le requirió elaborar “estadísticas sobre violencia contra periodistas que permitan medir con exactitud la magnitud y modalidad de actos violentos contra hombres y mujeres de prensa”.

Lee aquí el informe completo:

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