El déficit público estructural creció seis décimas en cuatro años y cerró 2023 cerca del 3,7% del PIB, según el Banco de España, lo que lo sitúa aún más lejos del margen del 1,5% que exigirán las reglas europeas en los próximos años. Descontado el viento a favor procurado por el impulso de la economía, España sigue ocultando un desequilibrio fiscal estructural (independiente del ciclo económico) que demandará medidas de ajuste extraordinario en los presupuestos para 2025 que el Ejecutivo ha comenzado ya a elaborar. Advertencias no faltan. La OCDE lanzó hace unos días una retahíla de recomendaciones para enderezar la estabilidad de las cuentas públicas. El organismo aconseja atajar el problema desde el lado de los ingresos, a través de un incremento del IVA y los impuestos medioambientales, y también desde la partida del gasto, mejorando su eficiencia. Antes, Moncloa debe presentar -en septiembre- ante la Comisión Europea una hoja de ruta creíble que garantice el control del gasto, en línea con lo que exigen las reglas europeas.
La directiva fiscal decretada por Bruselas obliga a los países a acometer un ajuste presupuestario suficiente como para rebajar el déficit estructural al 1,5% del PIB. "El esfuerzo fiscal estructural primario acumulado desde 2022 permitirá que en 2025 el saldo estructural primario sea superavitario (0,1 puntos de PIB). Esto en definitiva prolongará la tendencia descendente y sostenible del nivel de deuda pública española que se ha registrado en los últimos años", promete el ministerio de Economía, que prevé un fuerte recorte del saldo estructural este año. Según sus estimaciones, caerá al 2,8% en 2024, ocho décimas menos del dato registrado en 2023. El punto de partida no es bueno. La irrupción de la pandemia, el estallido de la crisis de la inflación y el sobreesfuerzo público que ambas situaciones demandaron, han estrechado el margen para recortar déficit estructural. El fuerte incremento del gasto acometido a partir de 2020, ha impedido que ese poso fiscal baje del 3,5%, y se aleje de la senda descendente consumada en 2018, cuando éste cerró cerca del 2%.
No obstante, el calendario europeo exige planes a medio y largo plazo. El Banco de España recuerda que el nuevo marco fiscal europeo requiere "una reducción anual promedio de nuestro desequilibrio estructural de unos 0,5 puntos porcentuales del PIB potencial durante un período de siete años comenzando en 2025". Para ese año, el departamento que dirige Carlos Cuerpo prevé que se ubique en el 2,5%. Si Moncloa aplica esa estrategia de ajuste, afirman los de Pablo Hernández de Cos, "la ratio de deuda pública podría iniciar, en los próximos años, una senda descendente que la situaría en el entorno del 80% del PIB en 2040".
La estrategia fiscal que el Gobierno envíe a Bruselas en septiembre será determinante. El Banco de España aconseja que ese plan de consolidación plurianual se enmarque "en un cuadro macroeconómico prudente", y que detalle las medidas de ingresos y gastos "que permitan el saneamiento gradual de las cuentas públicas", apuntan. En concreto, los de de Cos insisten en que Moncloa detalle cuanto antes las medidas de ajuste que pretenden aplicar en el calendario que marca la directiva comunitaria. "Esto permitiría no solo reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino también incrementar la confianza y la certidumbre en torno a las políticas económicas", asegura el organismo.
Previsiones en contra
A ello, se suma la crítica del IEE. Su presidente, Íñigo Fernández de Mesa recordó el lunes que las nuevas reglas limita la evolución del gasto primario neto de medidas de ingresos en el 2,6%. Una meta que -según la entidad- España no podrá cumplir. Sus cálculos apuntan a que subirá un 4% este año y un 3,8% el próximo. Es por ello, por lo que el IEE ha instado a Economía a publicar "un plan a medio plazo" de cómo se va a poner el déficit y la deuda "en una situación de sostenibilidad" que permita cumplir con Bruselas.
Pero no solo será necesario detallar las medidas de ajuste previstas, también -pide el BdE- sería deseable que el documento de consolidación fiscal estuviera basado en amplios consensos económicos, políticos y sociales, y que involucrara activamente a todas las administraciones -centrales, regionales y locales- con responsabilidad en materia presupuestaria. Economía está ultimando ese documento en el que -según reveló Cuerpo- no se contempla un ajuste de gasto. Su ministerio no descarta -no obstante- abordar el desequilibrio desde el lado de los ingresos. Moncloa cuenta con la oportunidad de incluir nuevas subidas de impuestos en los presupuestos para 2025.
