Ilustración hecha por Global Voices.

La gestión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha caracterizado por la adopción de medidas que tienden a restringir las libertades fundamentales de los ciudadanos, censurar el debate abierto e inclusivo sobre asuntos de interés público, la libertad de expresión, asociación y asamblea, además de una excesiva injerencia en el funcionamiento regular de los órganos estatales. La situación se ha agravado aún más a partir de marzo de 2022 con la declaración de un estado de emergencia, inicialmente durante un mes, pero que se ha extendido periódicamente hasta el 25 de mayo de 2024.

¿Cómo se vive el estado de excepción en El Salvador? ¿Cómo ha afectado a la población y al manejo institucional de los derechos humanos?

Las víctimas continúan esperando reparación

En 2019, la campaña presidencialdel ahora electo mandatario estuvo marcada por un discurso colmado de promesas de atención y solución efectiva a algunos de los problemas sociopolíticos del país. Esto incluyó una amplia agenda enfocada en la continuidad del proceso de justicia transicional que se adelanta allí con el fin de rendir cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos, reparar a las víctimas y dilucidar la verdad de lo ocurrido entre 1980 y 1992, período en que el Estado se vio inmerso en un complejo conflicto armado interno que dejo un saldo de más 75.000 mil civiles muertos a manos del ejército y las fuerzas paramilitares. 

No obstante, ninguna de estas medidas se ha materializado desde que vez asumió el cargo, pues los sobrevivientes y sus familias aún luchan por obtener reconocimiento, justicia, y reparación. 

Ello, anudado a la implementación de reformas legales permanentes y regresivas en materia de derechos humanos han desatado una alarmante crisis caracterizada por los abusos y el uso desmedido de la violencia por parte de las autoridades. En el transcurso de los últimos años, han surgido diversas denuncias relacionadas con casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas recluidas, muertes ocurridas bajo custodia estatal, hostigamiento judicial contra periodistas y defensores de derechos humanos, y la falta de investigación para identificar a los autores de estas atrocidades y dilucidar el paradero de las víctimas de tales abusos. 

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Como resultado de esta compleja situación, diversas organizaciones locales han manifestado su preocupación, indicando que, pese a que el régimen de excepción no cumple con los requisitos que los estándares internacionales exigen para dicha medida, el mismo se ha prorrogado de manera continua por dos años, para cumplir con un objetivo: la erradicación de las pandillas y del crimen organizado.

El régimen de Bukele también ha impactado de manera desmedida a las personas que viven en situación de pobreza, particularmente aquellas que cuentan con un bajo nivel educativo, empleos precarios y que residen en áreas estigmatizadas por la exclusión social o el control de grupos armados.

Periodistas, medios de comunicación independientes, activistas, defensores de derechos humanos y líderes sindicalistas se han visto igualmente afectados a consecuencia de marcos normativos que otorgan una apariencia de legalidad a la limitación de un conjunto de derechos y garantías judiciales, que, según los estándares e instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, no pueden ser objeto de restricción alguna. 

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Crisis carcelaria en El Salvador 

Uno de los principales desafíos que enfrenta El Salvador es la difícil crisis de seguridad ciudadana fruto de la lucha entre las autoridades y las pandillas locales que se disputan el control del tráfico y el microtráfico.

El 26 de marzo de 2022 el país alcanzó una cifra récord de 62 asesinatos en un día tras meses de relativa disminución de los niveles de violencia de las maras, nombre con el que se denomina a las organizaciones criminales operando en el territorio salvadoreño. A raíz de ello el presidente Bukele tomó la radical decisión de declarar el estado de emergencia nacional, un pretexto para que ciertas libertades constitucionales, pudieran ser restringidas.

Tal decisión ha desembocado en la adopción de un enfoque predominantemente punitivo para abordar la inseguridad y la criminalidad particularmente relacionada con los grupos criminales. También se han implementado patrones de capturas y encarcelamiento masivos, además de la precarización del contexto penitenciario, que han resultado en alarmantes cifras de hacinamiento en las cárceles. 

Preocupan particularmente las deplorables condiciones de detención que enfrentan las personas privadas de la libertad en el país. En específico, la sobrepoblación, negligente atención médica, alimentación insuficiente, restricción en el uso y consumo del agua potable, ausencia de contacto con el mundo exterior causada por la suspensión de visitas y llamadas, malas condiciones de salubridad e higiene, malos tratos como golpizas y el empleo de gas pimienta, además del uso excesivo del aislamiento como castigo a los reclusos.

Libertades vulneradas

Muchas de las políticas gubernamentales representan un retroceso en materia de derechos humanos. Sectores de la sociedad civil han documentado un incremento sostenido de las acciones que vulneran la libertad de expresión y asociación. Las principales víctimas de estas operaciones han sido periodistas, activistas, sindicalistas y líderes comunitarios, generando un contexto de hostilidad para el ejercicio de estos derechos fundamentales.

También se registró un aumento en los discursos estigmatizantes en redes sociales dirigidos contra personas defensoras de derechos humanos, corresponsales y medios de comunicación independientes. Estos provienen de las más altas autoridades del Estado, quienes han utilizado los recursos y métodos estatales de forma inapropiada, extendiendo sus intimidaciones y restricciones a los entornos virtuales.

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El incremento de las manifestaciones sociales y protestas convocadas y organizadas por diversos colectivos sociales, movimientos organizados de víctimas, sindicatos, lideres y lideresas comunitarias para denunciar violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, y reiterar la exigencias en el respeto a derechos económicos, sociales y culturales y la defensa de la tierra han generado una ola interferencias en el ejercicio de este derecho, restricciones a la libre circulación a través de bloqueos o controles y puntos de acceso a ciertas áreas para impedir la participación ciudadana. 

Se ha observado asimismo un cambio en el enfoque de la Policía Nacional Civil con respecto a las protestas pacíficas. En el pasado, este órgano se enfocaba en proteger y facilitar el ejercicio de estos derechos fundamentales. Sin embargo, en la actualidad, se evidencia una tendencia hacia una visión del rol policial orientada a intimidar, vigilar y, en última instancia, frustrar la participación de las personas en este tipo de acciones colectivas. Más preocupante aún resulta el acrecentamiento de las acciones penales o administrativas contra individuos que participan en las protestas, especialmente aquellas convocadas y lideradas por organizaciones sindicales en defensa de los derechos laborales de sus afiliados. 

En definitiva, el complejo panorama que atraviesa el país centroamericano deja entrever la urgente necesidad de adoptar una serie de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Como lo afirman diferentes organizaciones de derechos humanos, incluyendo Human Rights Watch y Cristosal al incluir una serie de recomendaciones en sus Reportes sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador, las autoridades debe emprender reformas legales integrales en consulta con las organizaciones de la sociedad civil que prioricen la rehabilitación y reinserción social, en lugar del enfoque punitivo actual. Es crucial fortalecer la independencia judicial y garantizar el debido proceso para todos los ciudadanos. Adicionalmente, El Salvador debe promover la transparencia y rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad para generar confianza pública.