Los caminos del ‘rey de los buses’ se empinan en Galicia con otro frente judicial por las adjudicaciones de la Xunta
El dominio del dueño de Monbus, Raúl López, que puso bajo la lupa hace años a Feijóo por los regalos que le hacía, vuelve a salpicar a cargos del PP. Es la mayor empresa de autocares de capital español
Hace ahora ocho años que, durante 72 horas, el magnate de los buses Raúl López supo lo que era dormir en los calabozos de la Guardia Civil. Después de meses de pinchazos telefónicos, en la víspera del Día del Padre de 2015 la jueza Pilar de Lara arrancó el motor del caso Cóndor. Hubo 27 registros. Fueron días de vértigo y noches en vela. En el juzgado de Instrucción 1 de Lugo siempre había luz. Cuando el empresario quedó en libertad después de declarar, bajo fianza de 20.000 euros, dijo a la prensa: “Estoy totalmente tranquilo”. Es la misma frase que López emplea cada vez que se le pregunta por el caso, que sigue su curso, o por cualquier otro revés en la imparable carrera de Monbus por conquistar el mercado. La misma frase que dijo también Alberto Núñez Feijóo cuando le preguntaron por los lotes de Vega Sicilia que recogieron su madre y otros parientes en su piso de Vigo, remitidas durante años por la empresa de autocares. El hoy presidente del PP también vaticinó que aquellas sospechas de cohecho iban a quedar “en nada”. Y quedaron en nada: el Tribunal Superior zanjó que los vinos de lujo regalados a Feijóo y su ahora sucesor, Alfonso Rueda, eran detalles de “cortesía”.
Sin embargo, los caminos del empresario gallego, de 73 años, lejos de allanarse, vuelven a ponerse cuesta arriba. Como en la canción, la Cóndor pasó, aunque todavía no del todo. La parte primigenia de las pesquisas —por blanqueo, falsedad contable y fraude a la hacienda pública— no ha llegado todavía a su última estación. Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, esta operación bautizada con el nombre del ave rapaz más grande del planeta “está en trámite de procedimiento abreviado, pendiente aún de que se resuelva el recurso de apelación” del dueño de Monbus. Mientras tanto, la máxima instancia judicial en Galicia ha dictado en los últimos meses un par de sentencias contra sus intereses y los de la Administración gallega. Una de ellas ha obligado a la Xunta a entregar a la asociación Galibus, que aglutina a empresas del sector que se consideran damnificadas por el innegable dominio de López en los concursos públicos, “la relación de vehículos y expedientes sancionadores de todos los contratos de las líneas regulares”. El otro fallo, conocido la semana pasada, ordena a un órgano adscrito a la Administración autonómica a investigar si Monbus y otra de las grandes firmas que operan en España, Alsa, de capital británico, llegaron a un “concierto para obtener una posición dominante, si no excluyente, del transporte público gallego” en el concurso de importantes concesiones en las zonas más pobladas.
Fernando García, portavoz de Galibus, cuenta que este colectivo integrado “por 15 empresas gallegas” ha presentado desde febrero “en juzgados penales de Vigo y Santiago” diversas demandas contra una decena de altos cargos y funcionarios de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade y de la de Educación. Alguna de sus denuncias por prevaricación ya ha sido admitida a trámite, y todas ponen el foco en los procesos de adjudicación e inspección de las líneas regulares y escolares desde hace tres años, en las que Monbus y las compañías que se presentaron con ella en UTE (Unión Temporal de Empresas) salieron como grandes triunfadoras. Desde que la Xunta se ha visto obligada, por sentencia, a facilitar la documentación a Galibus, la asociación se vuelca en un trabajo de “revisión de matrículas” y García asegura que Monbus ganó los concursos a los lotes “repitiendo vehículos en las cuatro provincias”. “Tanto es así, que la matrícula del autobús del accidente [en el que murieron siete personas en Nochebuena, en la línea Lugo-Vigo] aparece en 15 lotes”, afirma el empresario, responsable de la compañía Melytour. Desde el día siguiente de la tragedia hasta ahora, Monbus siempre ha asegurado que el autocar había pasado “todos los controles e inspecciones”.
Huelga de autobuses
“Estamos con el recuento en estos momentos... Por ahora nos sale que a Monbus le faltan 544 autobuses” de acuerdo con los pliegos, explica García, que sostiene que muchos de los que circulan están “obsoletos”, y “no cumplen con los horarios” o los “requisitos medioambientales”. Esta “sobreexplotación” de los vehículos y el personal, advierte, está “detrás de las protestas de los usuarios y también de la huelga” de conductores convocada para este viernes 31 por los sindicatos, que denuncian precariedad y “condiciones del siglo pasado”.
Pero Monbus lo niega todo. Consultada por este diario, el grupo rompe su silencio sobre Galibus: “Resulta obvio que fue constituida con el único objetivo de atacarnos y presionar a la Administración”. La empresa lucense señala que “las firmas que componen la asociación concurrieron en UTE, sin éxito, a distintos concursos, una práctica habitual en los contratos del sector público y que, sorprendentemente, decidieron cuestionar”. “Monbus nunca incumplió las reglas de los concursos, por mucho que a las compañías integrantes de Galibus no les gustara el resultado de las adjudicaciones”, recalcan los servicios jurídicos del grupo de Raúl López: “La entidad, más que una sociedad una asociación”, concluyen, “no busca en absoluto justicia, sino una vía alternativa para recuperar mercado después de fracasar en el procedimiento diseñado por la Administración y admitido por el sector”.
Pero el Tribunal Superior de Galicia ha puesto una señal de stop en la vía: obliga a la Comisión Galega da Competencia a investigar si Monbus y Alsa llegaron a un “concierto para obtener una posición dominante, si no excluyente, del transporte público gallego” en uno de los concursos de líneas generales. Competencia, que se define como “órgano colegiado independiente” adscrito a la Xunta, y está presidida por el veterano del PP Ignacio López-Chaves, había desoído en 2021 las denuncias presentadas por las empresas aspirantes que quedaron en la cuneta en la carrera por estas contratas. López-Chaves es un hombre de partido que ha hilvanado cargos públicos desde principios de siglo. El TSXG reprocha al órgano que dirige que archivase las actuaciones sin incoar expediente sancionador ni “comprobar los hechos denunciados, existiendo indicios racionales de infracción”.
Según la sentencia del Superior, que Monbus recurrirá en casación, Competencia deberá investigar si la alianza en UTE entre las dos poderosas compañías para concurrir a cinco lotes de líneas juntas (y al resto por separado y sin coincidir en ninguna) fue una práctica “anticompetitiva”, para “falsear la libre competencia”. La empresa de López se defiende: dice que “siempre actúa con absoluto rigor e integridad en el marco de la legislación vigente” y avisa de que tiene “argumentos muy sólidos” para armar su recurso contra la decisión del Superior.
Tras la última sentencia del TSXG, el portavoz de Movilidad del Bloque Nacionalista Galego, Paulo Ríos, hizo “responsable máxima de las adjudicaciones y los incumplimientos en los contratos del transporte público” a la consejera de la materia en la Xunta, Ethel Vázquez. Por su parte, el sindicato CIG recordó que “tiene presentada denuncia” ante la Xunta “por la posición de dominio de Monbus en el mercado gallego, porque está presente en el 75% de las UTE adjudicatarias en los contratos de movilidad [líneas regulares] y en el 50% de los contratos de Educación”. El sindicato también destaca que el grupo empresarial pilotado por López desde 1977 —al tomar el relevo de su padre, que empezó en Sarria (Lugo) en plena Guerra Civil con una camioneta que compró por 500 pesetas— se ha ido haciendo, además, con la adjudicación de la gestión de “todas las estaciones” intermodales y de autobuses que han salido a concurso “en los dos últimos años”. A través de otras divisiones como la de renting de vehículos, la marca atesora más contratos con la Xunta: en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), el Consorcio de Benestar o la Secretaría de Xuventude, enumera la CIG.
Según los datos facilitados por Monbus el año pasado en una entrevista concedida al grupo Prensa Ibérica por Raúl López, este grupo que reúne decenas de empresas, algunas tan importantes como la catalana Hispano-Igualadina, la gallega Castromil, Eurolines o Alcalabús, esperaba facturar en 2022 unos 180 millones, y tiene 2.200 empleados, 1.350 autobuses y 2.470 turismos en renting. Monbus gestiona estaciones como la de Vigo o la de Barcelona Sants, se encarga de la conexión lanzadera entre Barcelona y el El Prat (Aerobús) y se ha hecho con el contrato de AENA para mover a los viajeros entre las terminales del aeropuerto de Barajas. Está implantada en Galicia, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía o Murcia y atraviesa Portugal en un corredor entre Galicia y Algeciras.
El Gobierno de Aragón pisa el freno
Galibus habla de “meses” de vigilancia “documentados con fotos geolocalizadas” y de “continuas” denuncias por los “graves incumplimientos”. El año pasado, la asociación protagonizó una manifestación de buses que cercó la sede central de la Xunta en Santiago. En Cataluña, Monbus también tiene una gran rival: la empresa Tusgsal, que reconoció haber contratado detectives privados para vigilar sus servicios en el disputado bus lanzadera al aeropuerto barcelonés y así denunciar a la firma gallega ante el Área Metropolitana.
En Aragón, al contrario que lo que Galibus y los partidos de la oposición denuncian en el caso de la Xunta, fue la propia Administración la que pisó el freno, tras detectar “las prácticas de tres licitadoras participadas totalmente por empresas del grupo Monbus”. El Gobierno consultó al Servicio de Defensa de la Competencia regional y vio que “los indicios” eran “suficientemente fundados para poder concluir que dichas licitadoras” habían “operado de forma concertada”. Detrás, recoge el acta de una de las reuniones, habría “un solo licitador” y “se estaría incumpliendo la norma del número máximo de lotes” por empresa. Los responsables de decidir qué se hacía con Monbus valoraron incluso la opción de excluirlo del concurso, pero lo consideraron demasiado “drástico”. Una portavoz oficial del Departamento de Vertebración del territorio explica que, al final, a la firma de López se le han adjudicado la mitad de los lotes en los que inicialmente resultó ganadora, aunque las empresas aún deben demostrar que pueden cumplir sus ofertas y, después, “todavía queda una fase de alegaciones”.
Según Monbus, el de Aragón es un caso “totalmente distinto al de la reciente decisión del TSXG” porque “en modo alguno se ha cuestionado que las agrupaciones, en este caso formadas por empresas del grupo, fuesen conformes con la normativa sobre defensa de la competencia”. “En Aragón los licitadores podían concurrir a todos los lotes, pero había un límite de adjudicación de cuatro para cada uno”, expone la compañía lucense, y “Monbus, cumpliendo con la ley, concurrió en tres agrupaciones distintas, ninguna de ellas con ofertas a más de cuatro lotes”. Lo que sucedió después es que “fueron las mejor valoradas para ocho” de estos lotes. Una de las tres UTE quedó “fuera de controversia” porque en ella participaba también una empresa ajena. Y sobre las otras dos, “el tribunal entendió” que eran “la misma compañía”. “Lógicamente”, anuncia la empresa, “Monbus va a recurrir la decisión”, con el argumento de que se “utilizaron, a posteriori, criterios no previstos en los pliegos”.
Según la CIG, tanto en el proceso de adjudicación del transporte escolar como en las convocatorias de las líneas regulares “hubo denuncias contra Monbus y fueron desestimadas por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia”. Fernando García, de Galibus, cifra en 167 los contratos que obtuvo el grupo lucense desde 2019. Los concursos de los autobuses de línea regular se llevaron a cabo tras una sentencia del Supremo de 2016, que en respuesta a un recurso presentado por la Comisión Nacional de la Competencia contra la prórroga automática por 10 años aprobada por el Gobierno de Feijóo dictó la anulación del proceso. En aquel momento, el grupo Monbus parecía el más perjudicado por el fallo del Supremo, porque dominaba el 60% de los itinerarios. El autobús, recuerda la CIG, es un medio vital en la comunidad autónoma de población más dispersa: en Galicia están casi la mitad de los pueblos y aldeas de España.
