La cuestionada jueza Abelina Cruz dictó una nueva resolución que libra de juicio al exdiputado y excandidato presidencial Estuardo Galdámez, quien se habría beneficiado con Q2 millones por la adjudicación del proyecto de construcción de un hospital en Ixcán, Quiché, actualmente inconcluso.
Por Alexander Valdéz
La jueza de mayor riesgo “D”, Abelina Cruz, dictó una resolución favorable para el exdiputado Estuardo Galdámez, quien no deberá enfrentar juicio pese a evidencia aportada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en 2019, que acreditó la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo y lavado de dinero, en el caso conocido como Asalto al Ministerio de Salud.
A criterio de la jueza no había medios de prueba que pudieran demostrar la posible comisión de los delitos. Sin tomar en cuenta los medios de investigación recopilados por la FECI, de Juan Francisco Sandoval, que determinó la forma en que operaba una estructura dentro del Ministerio de Salud Pública.
La resolución implica que el caso relacionado al exlegislador y excandidato presidencial sea cerrado y no enfrente juicio. Además, abre la puerta para que los exfiscales que tuvieron el caso sean criminalizados, como ocurrió en otros expedientes sobre corrupción.
En los últimos meses, la jueza Cruz, también ha favorecido a José Luis Benito, Alejandro Sinibaldi, Gustavo Alejos, a los acusados del caso Construcción y Corrupción, entre otros.
Acá otra nota que puede leer:
Jueza Abelina Cruz definirá futuro del caso Asalto al Ministerio de Salud
La acusación en contra de Galdámez reveló que el exdiputado del Partido Patriota formó parte, entre 2013 y 2014, de una estructura que operó en el Ministerio de Salud Pública. Se le vinculó por la influencia que habría ejercido en las autoridades de Salud para la contratación de personal y la adjudicación anómala del proyecto de construcción del Hospital de Ixcán, Quiché, por Q2 millones.
El 23 de diciembre de 2020, el Ministerio de Gobernación informó que la detención de Galdámez se efectuó en un operativo de seguridad instalado en la ruta al puente La Prosperidad, en Villa Nueva, en el que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron el vehículo en el que movilizaba, tras haber estado prófugo.
En impunidad
En 2019, la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) expusieron que con el nombramiento del fallecido Jorge Villavicencio Álvarez, ministro de Salud durante el período 2012 al 2014, se inició el funcionamiento de la estructura criminal, quien en conjunto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez y otros, lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una organización criminal integrada por más de 50 personas entre funcionarios públicos y particulares.
La investigación identificó irregularidades en compras de bienes y servicios, contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Pero, la estructura supuestamente se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud, comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).
Durante la etapa de apertura a juicio, el MP contaría con el análisis de informes policiales de investigación; de análisis criminal y financieros, de la Contraloría General de Cuentas; ocho horas de grabación de conversaciones; 37,211 correos electrónicos analizados; un colaborador eficaz; declaración de dos colaboradores dentro de otros casos y testimonios de personas, quienes por ser funcionarios del Ministerio de Salud conocieron de lo ocurrido, contabilizando una investigación con más de 100.000 folios.
En la investigación, el exasesor del ministro de salud, Jorge Estuardo Estévez Cabrera fue colaborador eficaz y aportó documentación, correos y comunicaciones que se tuvieron en la concertación de los negocios.
Los fiscales que inicialmente tuvieron el caso ya no integran la FECI, algunos de ellos salieron al exilio a raíz de la criminalización de operadores de justicia que conocieron casos de corrupción en Guatemala.
Además, indicó que al influir en la entidad nominadora para la adjudicación de algunos cargos dentro de la cartera de Salud, el exdiputado obvió preceptos constitucionales y legales, por lo cual solicitó que se aceptara la acusación planteada por el Ministerio Público, por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.
La Procuraduría, en su calidad de agraviada, manifestó estar de acuerdo con la acusación que hizo el órgano encargado de la persecución penal y por los delitos por los cuales se pidió que enfrentara debate.
? #URGENTE ? Jueza cierra caso y favorece a Estuardo Galdámez
La jueza de mayor riesgo “D”, Abelina Cruz, cerró el proceso contra el exdiputado Estuardo Galdámez, señalado de pertenecer a una estructura criminal en el caso Asalto Al Ministerio de Salud. Galdámez fue señalado… pic.twitter.com/KUYx78corf
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) May 16, 2024
Cuentas millonarias
En este caso también se evidenció que la empresa Agromec, relacionada al exdiputado Galdámez, tenía cuentas bancarias en Suiza, Estados Unidos, Alemania y Guatemala, todas vinculadas al exlegislador procesado por la supuesta recepción de sobornos.
El documento fue decomisado por el MP en uno de los allanamientos realizados, en marzo de 2021, por el caso Asalto al Ministerio de Salud, antes de la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
En un reporte financiero de 2013, se reporta una cuenta bancaria de Alemania de €2.5 millones; en Estados Unidos, US$1.6 millones, y en otras cuatro en Guatemala que suman Q35.3 millones y otra en dólares, por US$29 mil 500. Sobre la cuenta de Suiza, se indica que la misma es “reservada”. El total del dinero en quetzales y, de acuerdo con el tipo de cambio de ayer, la cifra asciende a Q68.4 millones.
La fecha del reporte bancario coincide con el año en el que se imputa al exfuncionario los supuestos actos de corrupción.
El informe es parte de los medios de investigación del expediente judicial en el que está acusado el excandidato presidencial de recibir sobornos por la construcción del hospital de Ixcán, Quiché. A la fecha este proyecto está inconcluso.
