Pedro Alcántara Álvarez de Toledo. Duque del Infantado.

Pedro Alcántara Álvarez de Toledo y Salm-Salm, madrileño, nació en 1768 y murió a los 73 años, en Madrid, en 1841. XIII Duque del Infantado, IX de Pastrana, IX de Estremera entre otros títulos. Político absolutista y militar.

Fue Presidente de la Regencia formada por los absolutistas en 1823, cuando los Cien Mil Hijos de San Luis ocuparon Madrid expulsando a los liberales. La Regencia duró hasta primeros de octubre, cuando Fernando fue liberado en Cádiz por los últimos liberales cercados por los franceses y absolutistas en dicha ciudad.

Luchó en la Guerra del Rosellón, contra la Convención Francesa y en la Guerra de la Naranjas. Activo participante en los sucesos de la Conjura del Escorial y en el Motín de Aranjuez, fue un activo conspirador anti-Godoy. Acompañó al rey en su viaje a Bayona donde se opuso a la abdicación. Regresó a España acompañando al rey intruso, José I, a quien abandonó, como otros muchos, cuando éste tuvo que retirarse de Madrid como consecuencias de la victoria de Bailén. Derrotado por los franceses en la Batalla de Uclés, apartado del mando por la Junta Suprema Central fue enviado a Londres como embajador. Fue miembro de la Tercera Regencia.

Fue nombrado Secretario de Estado el 24 de octubre de 1825. Su mandato fue breve, duró poco más de ocho meses, hasta el 16 de agosto del año siguiente cuando fue sustituido por Antonio Saavedra.

Su nombramiento abrió una época de terror antiliberal más moderado. Infantado era ultra-realista, pero era capaz de trabajar con ministros moderados siempre que fueran útiles. En el Gobierno continuaban como ministros de Gracia y Justicia Calomarde, de Marina Luis María Salazar y de Hacienda Luis López Ballesteros.

Infantado era absolutista, conservador a ultranza con gran experiencia en la Administración adquirida a lo largo de los años y cargos que había ido desempeñando. Su política estaba basada en el orden público y en el mantenimiento de buenas relaciones con las potencias europeas.

Se oponía a reconocer la deuda del Trienio Liberal lo que causó problemas a Hacienda al no poder pedir créditos al exterior. A pesar de las derrotas y la nula presencia de España en las colonias se negaba a reconocer la independencia de las naciones Americanas. Deseaba que los franceses abandonasen España cuanto antes y desconfiaba de los mandos militares.

A comienzos de su mandato disminuyó la presión sobre los perseguidos. El ministro de Hacienda inició una liberación y un relanzamiento económico, empezando una colaboración entre el Gobierno y los afrancesados y liberales moderados.

El rey quería emprender algunas reformas con las que contentar a todos, era una mezcla de propuestas liberales y ultraconservadores que no contentaron a nadie y que todos contribuyeron para que fracasasen y no fueran aplicadas.

Los realistas notaron el cambio de la política antiliberal y reaccionaron inmediatamente.

Ya en noviembre de 1825, el Secretario de Estado hubo de poner orden en las disputas entre la policía y los Voluntarios Realistas. La policía estaba mal vista por todos los estamentos de la sociedad. Las causas eran diversas, desde el desencanto de los campesinos a los que quitaban las armas y los dejaba indefensos antes los bandidos, hasta al cobro de los impuestos. Arrestaban a realistas y liberales por igual y esto molestaba a los absolutistas. A todo este descontento general se unían las circunstancias climatológicas con malas cosechas por la sequía, el retraso en recibir las pagas a los militares, empleados y funcionarios, culpándose, como es natural , de todo al Gobierno.

A primeros de 1826, se creó el Consejo de Estado formado por 19 consejeros entre los que se encontraban algunos ministros del Gobierno. Era un organismo propio del Antiguo Régimen, más propio de los reinados de Carlos III o Carlos IV. Recordaba el Consejo de Estado creado por el Conde de Aranda y por los absolutistas en noviembre de 1823, al comienzo de la Década Ominosa. Se reunía, a diario, con el rey y sus competencias eran universales. Su primera y principal tarea era conocer los problemas del país y buscarle solución. Los ministros tenían que reportar al Consejo, es decir éste los supervisaba. El Consejo chocaba con los ministros moderados. Se discutía mucho, sobre todo de la represión contra los liberales y de la amnistía pedida por Europa, pero se hacía poco debido a las discrepancias internas, por lo que no se ocupaba de los asuntos fundamentales. Duró poco, un año después de su creación fue cerrado.

En enero de 1926, se hizo el Reglamento de General de las Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades, escuelas de enseñanza media de las cuales habría una en cada capital de provincia y cabeza de partido juridicial. Solo habría dos, en Madrid y Barcelona. Con esto se establecía la enseñanza española en tres niveles, primaria, secundaría y universitaria.

La reforma de Calomarde fue aceptada por los liberales con ligeros cambios, lo que permitió que durase hasta bien entrado el siglo, hasta 1846.

Las reformas económicas prometidas por Fernando VII eran incompatibles con el mantenimiento y la restauración de los privilegios a los poderosos y a la Iglesia. La única forma viable para disponer de fondos era la igualdad de impuestos, haciendo pagar a los privilegiados y a los clérigos, con objeto de poder financiar las reformas. Un moderado, Francisco Javier de Burgos y del Olmo, realizó una exposición al rey en la que, además de pedirle una amnistía plena y completa, le exteriorizaba la necesidad de solicitar un empréstito de 300 millones de reales apoyado en una desamortización de los bienes del clero para la cual disponía del permiso concedido por Pio VII a Carlos IV y que nunca fue llevada a cabo. También solicitaba la creación de un Ministerio de Fomento para sacar el país de la ruina. Aunque este manifiesto fue muy difundido entre toda la élite política, no tuvo ninguna transcendencia porque no se aplicó nada de lo en él expuesto.

Considerando el nivel de la deuda y el no reconocimiento por el gobierno de la deuda contraída durante el Trienio Liberal, hacía imposible conseguir préstamos en el extranjero, nadie prestaba dinero a España por el riesgo de impago. Así, el ministro de Hacienda, López Ballesteros, para recaudar más y potenciar la producción nacional, en marzo de 1826, estableció un fuerte arancel proteccionista conocido como Real Arancel General de Entrada de Frutos, Géneros y Efectos del Extranjero. Se gravaba la importación de productos textiles, lo que favorecía a Cataluña, principal región productora de telas, pero también se gravaba el algodón para beneficiar la producción interior, lo que perjudicaba a Cataluña pues era más caro el algodón español que el importado. Con algunas correcciones, el arancel siguió en vigor hasta 1846.

El mismo mes, mediante Real Decreto, se publicó la Ley de Patentes para proteger la invención o introducción de inventos en España. El período de protección, que podía llegar desde los 5 a los 15 años, dependía de las cantidades que se abonaban al Estado. Fue una ley que, igual que el Arancel duró muchos años, no fue modificada hasta 1878.

A primeros de 1826, la represión continuaba aunque no tan dura como los dos años anteriores, no obstante, el ministro de Gracia y Justicia, nuestro conocido Calomarde, decretó que los acusados de liberalismo no ocuparan cargos políticos, no conocieran los cargos que se le imputaban y no tuvieran derecho a apelación en caso de ser acusados. Las Comisiones Militares de depuración seguían funcionando prácticamente solo para asegurar, mediante juramento, que los militares no eran masones ni comuneros, lo que no impedía que se alistaran aquellos dispuestos a jurar en falso y a guardar silencio.

Desde 1824, los oficiales del Ejército estaban divididos en dos grupos, los procedentes de la Guardia Real que, al reincorporase a sus cuerpos de origen debido a la reforma de la Guardia realizada por el Marqués de Zambrano, ocupaban los cargos y los grados superiores. Frente a ellos estaban los llamados ayacuchos que se caracterizaban por ser profesionales militares normales sin ascensos por motivos políticos. Los primeros, formaban la parte conservadora del Ejército y los segundos, la parte liberal. Entre los que juraron no ser masones figuraban muchos de los ayacuchos venidos de América y que nunca fueron delatados por otros compañeros ayacuchos.

En febrero, se produjo otro intento de sublevación igualmente abortado. Como ya hemos explicado los líderes de las intentonas eran Espoz y Mina y los hermanos Bazán. En este intento se sublevaron los hermanos Fernández Bazán, el Coronel Antonio y su hermano Juan, quienes desembarcaron en Guardamar, el 18 de febrero de 1826, con 60 hombres. Proclamaron la Constitución y cinco días después, muertos en combate los hermanos, los miembros restantes fueron fusilados en Alicante.

La policía, creada dos años antes en 1824, estaba totalmente desprestigiada, por lo que en abril se decidió reformarla. Se hizo un nuevo reglamento quedando la Superintendencia agregada al Ministerio de Gracia y Justicia.

Como ya hemos comentado en estas notas, los Reyes de Portugal abandonaron la península para trasladarse a Brasil en 1807 cuando los franceses y españoles acordaron repartirse Portugal con el Tratado de Fontainebleau. La reina María I fue incapacitada por demencia y nombrado regente su hijo Juan, futuro Juan VI de Portugal y Brasil que se casó con una hermana de Fernando VII, Carlota Joaquina de Borbón. Ambos, Juan y Carlota, eran muy absolutistas

Juan, en 1821 había nombrado como regente de Brasil a su hijo y heredero Pedro, mientras él se volvía a Portugal. Pedro era el cuarto hijo del rey y el primer varón vivo.

A su llegada a Portugal, Juan VI, proclamó una constitución liberal que previamente habían aprobado los Cortes portuguesas. La Reina Carlota Joaquina no juró la citada constitución y pasó a convertirse en líder de los absolutistas.

Juan era un buen negociador, posibilista, por lo que reconoció la independencia de Brasil en 1825. Pedro regresó a Portugal y fue reconocido como heredero.

En abril, después de la muerte del Rey Juan VI, su sucesor Pedro I de Brasil, Pedro IV de Portugal, en un intento de reconciliación con los liberales portugueses publicó una Carta Constitucional, una Carta Otorgada al estilo de la concedida por Luis XVIII en Francia, que fue muy mal acogida por el rey de España y que provocó una gran tensión en Portugal entre los ultra absolutistas y los liberales. Pedro renunció a la Corona a favor de su hija María Gloria, que era menor de edad, dejando como regente a su hermana, la infanta Isabel María, tía de María Gloria y sobrina de Fernando.

Pedro era sobrino de Fernando VII, pues era hijo de su hermana Carlota Joaquina casada con Juan VI de Portugal,

Carlota Joaquina aspiraba a hacer rey a su hijo menor Miguel de Braganza y Borbón apoyada en los absolutistas. Con ello se iniciaba una situación paralela a la española entre el miguelismo y el carlismo, ambos de tendencias ultra absolutistas.

El triunfo del liberalismo moderado en Portugal asustó a Fernando VII que encargó a Calomarde el seguimiento de la evolución del Reino vecino. Los absolutistas portugueses huyeron a España lo que obligó al control estricto de las fronteras con intención de vigilarlos.

El rey desconfiaba de su hermano Carlos y temía que, aprovechando la situación y la fuerza de los emigrados, se produjese una rebelión absolutista. Si los Voluntarios Realistas se unían a los absolutistas portugueses podía dar por perdida la corona, por lo que inició una política de castigo a ambos extremos, a los absolutistas y a los liberales.

A mediados de julio, y ante la llegada de miles de refugiados, se propuso preparar una acción militar. Se ordenó dejar pasar a los absolutistas, desarmarlos, impedir la entrada a sus perseguidores y agrupar a los exiliados en unos campos de refugiados repartidos por las proximidades de la frontera.

En mayo de 1826, los tejemanejes de Espoz y Mina continuaban en sus intentos de proclamar la Constitución. Por estas fechas, Espoz contactó con Juan Olavarría, otro exiliado, quien tenía un proyecto de plan de actuación dentro de España para acabar con los Borbones españoles, el Rey Fernando y sus hermanos Don Carlos y Don Francisco de Paula, y proclamar la Constitución. Para ello, era necesario enviar a España a una persona de confianza y capaz de llevar a cabo la tarea. Poco después llegaba a España esa persona, se llamaba Juan de Mata Echevarría. Era un ex-fraile exclaustrado. El plan incluía ganarse la confianza de los liberales, los moderados e, incluso, los apostólicos. Mata consiguió llegar hasta el rey, a quien encontró asuntado con los apostólicos y convencido de la necesidad de hacer algunas reformas. Le pidió a Mata un informe de la situación de España y de Europa. Obviamente el plan que le presentó era el de Olavarría. El plan propuesto exigía un poder fuerte en una sola mano, una dictadura que lo llevara a cabo. El dictador sería el ministro de la Guerra, quien debería nombrar a cargos de la confianza del rey en los puestos importantes del Ejército. Los apostólicos serian detenidos y desterrados a las Filipinas. Parece ser, que el rey se avino a todo, incluso a que el general Espoz y Mina fuera el dictador. Enterado Don Carlos del Plan, convenció a Fernando de no llevarlo a cabo. Éste pidió consejo a los ministros Salazar, López Ballesteros y Zambrano quienes consideraron el plan irrealizable y así se lo comunicaron al rey, en septiembre, cuando ya no era Secretario de Estado Infantado que había sido sustituido, el 16 de agosto, por González Salmón.

En junio de 1926, se publicó el Reglamento para el Cuerpo de Voluntarios Realistas. En las mismas fechas se implantaron desde el Gobierno los Voluntarios Realistas en todos los Ayuntamientos del país. Se nombró un Inspector General del Cuerpo nombrado por el rey, era un general del ejército que dependía directamente de Fernando VII. Se les marcó un objetivo, combatir a los revolucionarios y conspiradores.

Los voluntarios no cobraban nada, pero el servicio permitía hacer méritos para otros cargos, para aumentar la antigüedad en el ejército o en las Milicias. El servicio consistía en mantenimiento del orden en sus pueblos.

El 16 de agosto, Fernando sustituyó a Infantado, nombrando en su lugar como Secretario de Estado Interino a Manuel González Salmón

Joaquín de la Santa Cinta. Ingeniero aeronáutico, economista e historiador