La nueva reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador revive el ‘Plan B’ de principio a fin. Se trata de la misma propuesta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo el 22 de junio de 2023, por las violaciones en las que incurrió el Poder Legislativo en el proceso de aprobación.
La reforma electoral, nuevamente propone “suprimir” al Instituto Nacional Electoral (INE) y convertirlo en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); llevar a las consejerías y magistraturas electorales a las urnas con perfiles propuestas por el propio Presidente de la República, la Suprema Corte y el Poder Legislativo; reducir el número de senadurías, diputaciones federales y locales, y regidurías; y disminuir el presupuesto a los partidos políticos.
El presidente López Obrador pudo retomar textualmente la propuesta que logró que se aprobara en una primera parte a finales del 2022 y la segunda a principios de 2023, pues al echarla abajo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no analizó a fondo si los cambios realizados al sistema electoral eran constitucionales o no, sino que se basó en las violaciones al proceso legislativo para aprobarla de forma exprés y frente a la resistencia de la oposición.
Por lo que, a pesar de que los partidos políticos y el propio Instituto Nacional Electoral impugnaron la inconstitucionalidad de los cambios, e incluso, MILENIO reveló la opinión que envió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que alertaba que algunos de los ajustes iban en contra de la Constitución, la Suprema Corte no entró a analizar de fondo estos alegatos.
Con esa justificación, la nueva reforma electoral es textualmente el ‘Plan B’. En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, se vuelve a proponer reducir el financiamiento público a la mitad y que el financiamiento privado tenga topes, con la única condición de que un particular no puede apoyar a dos partidos o candidaturas independientes.
Vuelve a plantear con la misma palabra, “suprimir” el INE y crear el INEC, extinguir los Organismos Públicos Locales Electorales y que sea el nuevo instituto el que se encargue de organizar todas las elecciones del país.
También desaparecer los tribunales locales por ser considerados como “irrelevantes” y que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que atienda todos los casos desde sus salas regionales y en definitiva, con la Sala Superior.
Las consejerías del INE y magistraturas electorales del TEPJF se seleccionarían a través del voto popular, como candidaturas, para un período de seis años y ya no de nueve como actualmente sucede. El Presidente de la República, el Poder Legislativo y la Suprema Corte propondrían 10 candidaturas cada poder para el INE y 10 más para el TEPJF.
En este punto, el único cambio es que el ‘Plan B’ proponía la elección el primer fin de semana de agosto y ahora se plantea que sea el primer domingo de junio, para que se empalme con las elecciones cuando sea un año electoral.
En el caso del TEPJF la presidencia se elegirá por las magistraturas para un periodo de cuatro años como sucede actualmente, y no de dos años como proponía el ‘Plan B’.
La Cámara de Diputados se reduciría de 500 a 300 y en el Senado de 128 a 64, en comparación con el ‘Plan B’ que planteaba reducirla a 96, ahora busca ir por la mitad de escaños.
La versión del presidente López Obrador es que se eliminan los plurinominales, sin embargo, como MILENIO explicó con la reforma electoral anterior, la realidad es que los partidos políticos seguirán proponiendo listas partidistas como ahora, con la diferencia de que ya no tendrán un pase directo sino que todas las propuestas deberán contender, ir a las urnas y ahí definir si llegan o no al Poder Legislativo.
También se retoma la reducción de cargos locales. En el caso de Congresos estatales, ninguno podrá tener más de 15 diputaciones con diputación menos a un millón de personas, por cada 500 mil habitantes se incrementa uno hasta llegar a un máximo de 45 diputaciones.
En las regidurías dependerá de la población. Sólo habrá una donde haya menos de 60 mil habitantes, tres regidurías con una población de entre 60 y 370 mil, cinco entre 370 mil y 690 mil personas, siete entre 690 mil y un millón 10 mil personas, y nueve regidurías si la población es de más de un millón 100 mil habitantes.
Además de ajustes en los espacios de radio y televisión, regulando que los mensajes no pueden tener una duración menos a un minuto; que el 90 por ciento de los espacios serán para partidos y candidaturas independientes y el 10 por ciento restante para el nuevo INEC; 30 por ciento del espacio será equitativo y el 70 por ciento restante dependiente de la votación en la Cámara de Diputaciones,
Esta reforma también, retoma impulsar el voto electrónico en el país que hasta ahora sólo se permite en programas piloto con urnas electrónicas presenciales.
IOG
