La Mafia de la Aduana, la más grande causa de contrabando en la que están procesados tres ex directivos de la Aduana K, pasó a juicio oral

La Mafia de la Aduana, la causa por contrabando en la Aduana más grande de la historia argentina y que permitió frenar el ingreso ilegal de cerca de 1500 contenedores que generaron un fraude de más de 300 millones de dólares al Estado, pasó el viernes a juicio oral y público.

En la causa, que investigó el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky desde el 2016, están procesados tres altos jefes de la Aduana de Cristina Kirchner, los hermanos Paolantonio y despachantes de Aduana, entre otros.

Como jefes de una asociación ilícita fueron elevados a juicio oral Diego Raúl Paolantonio, Alejandro Cesar Paolantonio. El tercero de los hermanos Paolantonio falleció durante el proceso. Otros de los integrantes de la “banda” de los Paolantonio, según el juez, son Darío Donolo, Alejandra Carames y Paola Noemí Díaz.

Como miembros de la banda también quedaron ex directivos de la época de la gestión al frente de la Aduana y de la AFIP de Ricardo Echegaray. Se trata del ex subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Daniel Santanna y los directores del organismo en Buenos Aires, Eduardo Bernardi y Edgardo Paolucci. En total son casi 100 procesados.

En cuanto a los responsables de los depósitos fiscales que guardaron la mercadería de contrabando en el auto de elevación a juicio figuran Horacio Norberto “Cholo” Palmieri (ex número 5 de Boca), Maximiliano Carlos Montero, Terminal Carga Tigre, Néstor Alberto Suarez, y Carestiba S.A, a quienes Elisa Carrió vinculó con el massismo y un sector del PRO. Por su parte los despachantes de Aduana involucrados son Juan Manuel Benavides y Sicem BA S.R.L.

La causa se abrió en el 2016 en base a una investigación del ex periodista de Clarín Matías Longoni, a quien el abogado de los Paolantonio, Maximiliano Rusconi, intentó violar su secreto profesional periodístico. Además, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió aportó los apoyos políticos que tenían los empresarios y funcionarios procesados a quienes supuestamente vinculó con el ex candidato presidencial Sergio Massa y el operador judicial macrista Daniel Angelici.

Los procesados están acusados por asociación ilícita según el artículo 210 del Código Penal, delito que tiene una pena de prisión de 3 a 10 años. En el caso de jefes tiene un mínimo 5 años de cumplimiento efectivo. Y contrabando agravado según los artículos 863 y 864 del Código Aduanero que contemplan una condena de entre 4 a 10 años de prisión.

Los hermanos Paolantonio controlaban las empresas “Diferent Imports S.A., New Unique Imports S.A., Corport S.A., Las Cortaderas S.R.L., Origin Rm S.R.L. Y Sicem Ba S.R.L. las cuales resultarían personas jurídicas de existencia meramente formal que serían utilizadas presuntamente para ocultar la real identidad del verdadero dueño o real importador de la mercadería, como así también, que la mercadería declarada ante el servicio aduanero diferiría presuntamente de aquélla realmente importada”, agrega el fallo de la Cámara de apelaciones que confirmó los procesamientos.

En realidad, la causa de la Mafia de la Aduana incluye varios expedientes judiciales. El juez como estrategia para asegurar el avance de la investigación, decidió no tratar el tema como una sola megacausa, porque la experiencia de la Justicia argentina con los trámites de grandes objetos procesales es difícil de tramitar. Por ejemplo, el caso del cuñado de Julio De Vido, Claudio “Mono” Minnicelli, se sustanció en otra causa.

De esta manera, ningún contenedor de los 1.500 ha quedado sin ser investigado en el período de tiempo que abarca la causa entre el 2014 y 2016 en esta maniobra de productos de contrabando traídos desde China. La mayoría de los productos de contrabando fueron donados a entidades sin fines de lucro.

En estos 8 años de trabajo hubo impugnaciones de todo tipo, pedidos de nulidad, recusaciones, intervención de distintas instancias revisoras dentro de la Justicia, incluso hasta la Cámara Federal de Casación Penal.

En el acta de elevación a juicio, el juez Aguinsky recomendó al recomendado al Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, que en el futuro la Aduana implemente la tecnología llamada de “body cam” para que todas las verificaciones de cargas que ingresen al país queden grabadas en video.

En su resolución sobre los procesamientos en la causa de la mafia de la aduana, Aguinsky recordó que desde 1983 estallaron los casos de contrabando conocidos como “Los Galpones de Tierra del Fuego” (año 1988), “Contrabando de autos para discapacitados” (1991), “La Mafia del Oro” (1995), “Aduana Paralela” (1995), “Autos con franquicias para diplomáticos” (2008), “DJAI” (2016), “Mudanzas” (2016) y la “Mafia de los contenedores” (2016), entre otros.

Estos casos demuestran como "la delincuencia económica organizada en complicidad con funcionarios corruptos provocan daño a la sociedad y el estado" en términos de millones de dólares, subrayó.

En la causa de la mafia de la Aduana “se ha podido observar a lo largo de esta investigación una práctica ilícita estructurada, planificada, temporalmente estable, particularmente homogénea y ejecutada diversificadamente por numerosos actores que difícilmente podrían haber logrado el éxito frente a un serio control establecido en las líneas de la burocracia estatal”.

En ese escenario, “las evidencias colectadas en autos permitieron arribar a la conclusión de que tales maniobras fueron instadas dentro del mismo sistema aduanero, es decir, por quienes paradójicamente debían custodiar los intereses del Estado y sus recursos públicos”.

De esta manera, ya no solamente son “iniciativas privadas apalancadas por ciertos integrantes del órgano de control”, sino “una suerte de institucionalización del delito de contrabando enquistado en la estructura del servicio aduanero, coordinado por estudios y profesionales del comercio exterior y utilizado por determinados empresarios”.

Resaltó que “indudablemente no todo el personal aduanero está impregnado de aquella corrupción de la que venimos haciendo referencia. Sin embargo, pareciera que quienes no se encuentran inmersos en tales prácticas poco hacen para modificar el curso de esa inercia” en alusión a los sucesivos administradores de la Aduana.

Puso como ejemplo el llamado “patio de valijas” del aeropuerto de Ezeiza. “Un espacio que concentra una delgada pero estratégica línea de autoridad estatal, donde en el pasado eran mucho más frecuentes los episodios de “pedido de coima” para asegurarles a supuestos infractores su traspaso sin sobresaltos”, resaltó.

Ese lugar “es quizás el que cuenta con mayor cantidad de cámaras “domo” por metro cuadrado en todo el país. La razón de esto es muy simple: es por plata. También hay dinero latiendo en cada operación aduanera que se concreta fuera de ese patio de valijas. Y ya no es por lo que un pasajero pueda traer en su equipaje. Es por toneladas, en contenedores”.

Por eso el juez propuso que “exista registro fílmico de toda operación aduanera donde intervenga un representante estatal en su interrelación con todos los operadores del circuito aduanero. Cada contenedor con su historial documentado en imágenes. Desde su ingreso a puerto, con observación obligatoria a través de scanners pórticos reportados a un centro de monitoreo con control cruzado por parte de organismos no subordinados entre sí”.

Y si resulta “necesario para cuidar aún más los recursos del fisco, disponer la portación de una “body cam” para que el agente aduanero sea el que genere el registro con su propia actividad, tal como en la actualidad lo usa el personal de la Policía de la Provincia de Córdoba para casos de alta complejidad”. “No sólo es cuestión de dinero o prevenir la corrupción, es también contar con los mejores procedimientos para saber qué es lo que realmente ingresa al país”

Además, durante la causa se hicieron unos 120 allanamientos realizados se secuestraron mails de los empresarios en que explicaban la maniobra de contrabando. Por ejemplo, los mensajes de los contrabandistas enviados a “Perkerman” eran, en realidad, para el entonces director de la aduana de Buenos De Bernardi a quien se le secuestró US$ 500 mil en efectivo en su lujosa casa del country Abril.

El fallo se refirió, como una prueba clave, al documento electrónico denominado “BAPLIE”, que es la planilla de la estructura de cargamentos de los barcos portacontenedores que no puede contener datos falsos sobre el peso que llevan por cuestiones de seguridad de la navegación. En este caso entre China y la Argentina. Los pesos registros en los BAPLIE no eran los de flores de plástico como decían las declaraciones aduaneras sino electrodomésticos o textiles de mucho valor.

En el auto de elevación a juicio también figuran procesados como ssupuestos testaferros y titulares de empresas apócrifas Carlos Luis Ferreyra, Gonzalo Alberto Álvarez, Pablo Vicente Montone, Corport S.A., Claudio Fabián Alisio, María Belén Acosta, Eduardo Oscar Montone, Gustavo Jorge Cabrejas, Different Imports S.A., Martín Alejandro Royo, Las Cortaderas S.A., Sebastián Daniel Ghigo, Víctor Daniel Ghigo, Origin RM S.R.L. Pablo Miguel Flores, y Carlos Antonio Royo.

Como supuesto ccontador “reclutador” de colaboradores figura Pablo Eduardo Martínez y como los verdaderos dueños de la mercadería, Osvaldo Manuel Batista, Oscar Lucio González Tami, Simon And Arrington S.A., Juan Zhang, Jun Zhou y Oslona S.R.L.

Los agentes de carga (forwader) procesados son Luciano Nicolás Antonio Ruzicska, . Carlos Daniel Chávez, Lucas Gamietea y Lion Trade S.R.L.

Por su parte, la agente de transporte aduanero que va a juicio son Liliana Isadora Leguiza y el intermediario es Marcelo Alejandro Pontoriero.

A su vez los verificadores de Aduana procesados son José Antonio Mocciola, Gladys Carina González, Rubén Mario Casas, Gastón Esteban Lema, Silvia Lilian Costantino, Alejandro Javier Alonso, Aldo Juan Cimiotto, Edgardo Enrique Mingrone, Marcos Antonio Catrini, Alba Alicia Cetrini.Gabriela Cocca, Gabriel Dabenigno, Viviana Alejandra Enseñat, Héctor Ismael Escobar, Gustavo Claudio Figueroa y Claudio Horacio Garofalo. Y en la misma condición a Alejandro Oscar Gil, Alejandro Ezequiel Inella, Eduardo Omar Loto, Oscar Enrique Lowcewicz, Adrian Pablo Macri, Marisa Sara Miller, Luis Alberto Moroni, Alfredo Reynaldo Navarro, Jorge Manuel Parada, Orlando Humberto Perdoncin, Elisabet Pérez, María Dolores Pérez Castro, Luis Daniel PrietoArena,Viviana Noemí Ramos, Emma Angélica Sandri, Gustavo Claudio Tobar, Valeria Soraya Torres, Martha Fabián Prada, Gustavo Pablo D´Angelo, Néstor Raúl Italiano, Liliana María Baima, María Belén Ballesteros, Lisandro José Barbieri, Gabriela Andrea Bertoglio, Marcela Patricia Biaggi, Gustavo Enrique Cannata, Omar Antonio Cardozo, Jorge Leandro Grioli, Karina Raquel Palombo, José María Moschini, Edgardo Salvador Lepera, Sergio Luis Mendoza, Nancy Rojas y Patricia Inés Fernández.