La asesina de Gabriel, aislada tras denunciar la madre del niño que estaba grabando un documental desde la cárcel

El pasado sábado por la tarde, varios funcionarios de prisiones accedieron a la celda de la reclusa Ana Julia Quezada, la cachearon y registraron su habitáculo en busca de un teléfono móvil que no encontraron. Quezada fue trasladada después, “preventivamente”, a un módulo de aislamiento, según confirman fuentes de centro penitenciario de Brieva (Ávila) en el que se encuentra. La mujer fue condenada en 2019 a prisión permanente revisable por asesinar en febrero de 2018 en Almería a Gabriel Cruz, el hijo de ocho años de su entonces pareja, Ángel Cruz. Estos últimos movimientos en su celda y en la cárcel se producen justo después de que la madre del pequeño, Patricia Ramírez, convocase una rueda de prensa ese mismo sábado por la mañana en la que denunció que tenía constancia por “fuentes directas” de que la asesina de su hijo estaba participando, desde la cárcel, en la grabación de un documental sobre la muerte del menor y con fines lucrativos. El documental está promovido supuestamente por quien fuera en su día el abogado de oficio de Quezada, Esteban Hernández Thiel.

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Madre de Gabriel: ¿Cómo se le permite que grabe algo con lo que nos va a volver a lesionar?"

El aislamiento es una medida de precaución para separar a un preso del resto de la población reclusa. Lo decide la dirección y es una limitación regimental, según indican fuentes del centro penitenciario. Es decir, la presa va a otro departamento, en este caso aislamiento, pero no por sanción sino para protegerla. “No es que haya pasado nada, pero es una medida preventiva, en vista del revuelo mediático, para que no se alterara el orden en la prisión”, explican estas fuentes.

Patricia Ramírez arremetió en su comparecencia contra el Ministerio del Interior y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por no haber impedido presuntamente esas grabaciones pese a que ella, personalmente, lo había puesto en conocimiento del secretario de Estado, Rafael Ruiz, y del secretario general, Ángel Luis Ortiz. En Interior y en Instituciones Penitenciarias se han remitido este miércoles a lo comunicado al respecto el pasado fin de semana. “El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha recibido a Patricia Ramírez y ha escuchado sus peticiones, actuando desde el primer momento y en el marco de sus competencias en la investigación de cualquier posible irregularidad en el ámbito penitenciario”, señalaron entonces. “El Ministerio del Interior colaborará con la Justicia para atender cualquier requerimiento que pueda derivarse de las acciones legales emprendidas por Patricia Ramírez”, insistían. Fuentes del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska subrayan que “no se pueden facilitar datos acerca de ningún recluso concreto”.

Según Ramírez, Quezada ha realizado esas grabaciones “al estilo de como lo hizo desde la cárcel Ana Rosa Peral” (acusada del llamado crimen de la guardia urbana) y en contra de la familia del menor. “Menoscabando su imagen y su memoria, haciéndonos aún más daño si cabe y obligándonos a exponernos públicamente de nuevo para detenerlo”, denunció la madre de Gabriel. De este modo, Ramírez abrió así la semana pasada un debate sobre los límites del True Crime (las producciones de ficción basadas en crímenes reales) y pidió a instituciones y plataformas de televisión “que se pare” tanto el supuesto rodaje como su posible emisión.

La madre de Gabriel Cruz aseguró que había pedido ayuda a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en calidad de víctima, tras obtener pruebas por “una fuente directa” de que funcionarios de prisiones facilitaron el acceso a un teléfono móvil a la asesina de su hijo. Instituciones Penitenciaras señala que no puede dar datos sobre ningún preso concreto, pero remarcan que para realizar entrevistas en prisión existe un protocolo que exige poner en conocimiento tanto de la dirección de la prisión como de la secretaría general del departamento el posible acceso con fines divulgativos a cualquier recluso.

Ramírez aseguró que informó en varias ocasiones (incluso en una reunión personal el pasado 27 de diciembre) tanto al secretario de Estado de Seguridad como al Secretario General de Instituciones penitenciarias. Y afirmó que, aunque inicialmente ellos le aseguraron que no se le había dado ningún tipo de permiso a Ana Julia Quezada para grabar en prisión, ella ha podido constatar que sí se ha producido ese hecho y que, por tanto, “se están cometiendo irregularidades en las prisiones”.