“Es muy triste ver lo que sucedió en la Línea San Martín. La decisión de lograr el déficit cero por parte del presidente Milei genera estos resultados”, expresó inmediatamente después del accidente ferroviariio del viernes Martín Marinucci, titular de Trenes Argentinos durante la gestión de Alberto Fernández, puesto allí por Sergio Massa, que en el reparto del poder del Frente de Todos que gobernó la Argentina entre 2019 y 2023 se hizo cargo entre otras cosas del área de Transporte. Exconcejal de Morón, donde fue precandidato a intendente, exdirector del Organismo de Control de la Energía Eléctrica, exdirector regional del IOMA y excoordinador técnico de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Salud de la Nación, Marinucci es un dirigente massista todoterreno.

Sus dichos también sirven para advertir que en la pelea política, todo vale para horadar al adversario. A partir del choque de trenes, en el massismo -derrotado en el balotaje de noviembre pasado- se escucharon muchas voces alardeando sobre la “destrucción de lo que tanto costó recuperar”. Sin esperar los peritajes, Marinucci cargó de responsabilidades a “la desinversión llevada adelante en estos 5 meses en Trenes Argentinos”, y alertó sobre “obras abandonadas, que eran fundamentales para la seguridad operacional”, como así también “el freno de las licitaciones para el mantenimiento de locomotoras, y la no provisión de cables de señalamiento, son algunas de las consecuencias que sufre el servicio y los trabajadores”.

Sin duda las consecuencias del freno abrupto que impuso el “no hay plata” provocará consecuencias en todo el ámbito estatal, no solo el ferroviario, y lo que acaba de suceder debería ser un llamado de atención para quienes muy a su pesar deben hacerse cargo del manejo del Estado. Pero está claro que los problemas del ferrocarril no pueden circunscribirse a los últimos 5 meses. De hecho María Luján Rey, una voz autorizada por su demanda de justicia por la tragedia de Once, sostuvo que “durante los últimos años se han producido cientos de incidentes” y se preguntó “si volvemos al 2012”.

Vale escuchar la voz de los que día a día hacen circular los trenes en el AMBA, uno de los cuales dijo el viernes a este medio que el sistema ferroviario “hace años que viene sin mantenimiento”. Todo lo que se presenta como “problemas técnicos” es en realidad atribuible a la falta de repuestos, dijo esa fuente. El año pasado -cuando no estaba este Gobierno y sí mandaba en el área Marinucci- “tenían órdenes de no comprar repuestos y para poder arreglar una formación le sacaban a otra”. Y fue más lejos al advertir que en ocasiones quieren hacer salir trenes que no tienen frenos.

No es algo que se les escuchado decir a los gremios, que sí han protestado en reclamo de aumentos y contra la privatización. A propósito, en el debate de la ley de Bases, Trenes Argentinos se sacó de la lista original de privatizaciones directas y el texto final incluye entre las empresas pasibles de “privatización/concesión” al Belgrano Cargas y Logística SA, y a la Sociedad Operadora Ferroviaria SE. Un representante de un conglomerado extranjero interesado en hacer inversiones de todo tipo en la Argentina contó a este medio que el menú de opciones que ellos manejan incluía todo el complejo ferroviario, pero no de la manera que se ofrece. Ellos querrían hacerse cargo de todo el sistema, no de determinadas áreas, de ahí que la negociación se terminara de entrada. Y advertían que la forma de venta o concesión propuesta por el Gobierno de Javier Milei no tenía viabilidad económica para encontrar eventuales interesados.

Más allá de los cuestionamientos que siempre existirán en materia de privatizaciones, ese no es el eje de las críticas que encuentran las leyes propuestas por el Ejecutivo y que tienen un paso por el Senado más azaroso del que esperaba el oficialismo. La Cámara alta siempre fue un ámbito complicado para cualquier gobierno no peronista. Mauricio Macri puede dar cuenta de ello, pues allí se frenó por ejemplo la Boleta Única Electrónica que impulsó durante su gestión, como así también murió antes de nacer la reforma laboral que amagó promover. Todo eso a pesar de contar con Miguel Pichetto liderando a la principal oposición en esa Cámara, pero dispuesto a no hacer un gobierno de obstrucción.

El actual oficialismo también supo de sus propias dificultades en el verano, cuando el kirchnerismo lo sorprendió al respaldar el dictamen impulsado por la rionegrina Mónica Silva sobre boleta única. Logró así anticipar un empate que consiguió su objetivo de evitar en definitiva que el proyecto fuera aprobado en el recinto.

Ahora el debate en las comisiones se extendió más de lo que voluntariosamente había imaginado el oficialismo. Previsiblemente la oposición más dura (Unión por la Patria) se mostró dispuesta a extender los tiempos el máximo posible, pero también el principal bloque dialoguista, la UCR, expuso sus reparos. El Gobierno se encuentra ahora ante la disyuntiva de ningunear al Senado y acelerar igual en busca de la aprobación en general, a sabiendas de que las modificaciones en particular que logre imponer la oposición en su conjunto serán después rechazadas por mayoría simple en Diputados.

Acertadamente el oficialismo optó a priori por evitar mostrar esa actitud. Se mostró abierto a escuchar y a que sus funcionarios respondieran todas las preguntas que les hicieran. O casi todas, como cuando Martín Lousteau leyó un artículo donde se advertía que si en el futuro “en algún lugar de la Argentina uno de los insumos que usa un VPU pasa a ser clave y es escaso, tiene prioridad el VPU sobre la gente”. El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, a quien se sindica como uno de los autores del proyecto de ley de Bases original, confesó que no había leído el artículo 191. “Lo estaba leyendo mientras lo explicaba”, admitió, y tras esbozar su interpretación, terminó reconociendo que “quizá la redacción no es feliz, de eso estoy de acuerdo”.

Las negociaciones entre el Gobierno y la oposición que forma parte de esos 39 senadores que en diciembre pasado habían conformado con el oficialismo una mayoría que les permitió elegir autoridades y dominar las comisiones, se desarrollaron a lo largo de toda la semana. Ya el primer día del debate en el plenario se advirtió la posibilidad de postergar la firma del dictamen prevista para el jueves venidero, para las dos leyes en cuestión. Los senadores le dejaron claro al oficialismo que si en Diputados la discusión se había extendido 4 meses, no podían esperar agotarla en dos días en esa Cámara. Finalmente se llegó al jueves en que los senadores de UP pegaron el faltazo, adhiriéndose al paro de la CGT, pero el oficialismo evitó aprovechar esas ausencias para poner el dictamen a la firma, pues hubiera sido su sentencia para lo que pudiera suceder en el recinto. Radicales y provinciales no hubieran dado sus votos ni siquiera para la aprobación en general.

Así, se determinó que a lo largo de esta semana sean escuchados los invitados propuestos y recién después se firmen los dictámenes. En el ínterin, se negociarán modificaciones que el oficialismo aceptaría. Estarían en el RIGI, donde se objeta mucho que los proveedores locales queden en una situación de desventaja frente a productos importados que no pagarían aranceles, mientras que los proveedores nacionales deberán hacerlo. El ministro Guillermo Francos mostró disposición a contemplar la necesidad de “clarificación en algunos aspectos del RIGI que algunos senadores entienden que dice una cosa; nosotros entendemos que dice otra”. Si no terminan estableciendo que esas cosas vayan a corregirse en la reglamentación, deberá haber modificaciones en el recinto.

Lo mismo con el tema Ganancias, que figura en el paquete fiscal y podrían llegar a atender al reclamo de los patagónicos por hacer una distinción por “zona desfavorable”, que les permita a los empleados de esa región pagar una alícuota menor del impuesto. Sería del 22%.

Hechas esas modificaciones, podría darse la posibilidad de que los senadores de Unión por la Patria se plegaran a votar esos artículos, que podrían así alcanzar una mayoría especial de 2/3. Si eso sucediera, tendría que asegurarse el oficialismo de que no se les escapara la aprobación de otra modificación que no fuera a ser aceptada, por ejemplo en la parte laboral, pues en ese caso La Libertad Avanza y la oposición dialoguista necesitarían 2/3 en su vuelta a Diputados para rechazar todo lo aprobado en el Senado.

Así las cosas, todo indica que los proyectos llegarían al recinto recién en la Semana de Mayo. Si hubiera modificaciones, no habría ley antes del 25 de Mayo. Sin embargo desde el Gobierno ya se ha hecho saber que ese día se firmará el Pacto de Mayo, aun si no hubiera antes aprobación de las leyes del Ejecutivo.

Probablemente también haya alguna modificación en el texto a firmar ese día en Córdoba, incluyéndose algo en materia de educación, como reclamaron desde el radicalismo. Habría que sacar en ese caso un ítem del decálogo esbozado por Javier Milei el primer día de marzo, en ese caso.