Contratos falsos, decenas de correos y supuestos sobornos: la batalla de Banco Azteca en EE UU

El escándalo de sobornos que rodea al congresista estadounidense Henry Cuellar y a su esposa, Imelda, por recibir hasta 600.000 dólares de dos entidades extranjeras ha salpicado al tercer hombre más rico de México: Ricardo Salinas Pliego y a una de sus empresas estrella, Banco Azteca. La acusación del Departamento de Justicia de EE UU señala que a través de un entramado de compañías fantasma y contratos falsos, el demócrata recibió de 2014 a 2021 más de 238.000 dólares del banco mexicano a cambio de frenar las leyes antilavado en ese país. La denuncia no menciona a Banco Azteca por su nombre, sin embargo, las referencias apuntan a su perfil al ser descrito como parte de un conglomerado mexicano con una subsidiaria de préstamos a corto plazo y negocios de entretenimiento y medios de comunicación en español. Las autoridades añaden que el banquero que negoció con Cuellar los presuntos sobornos fue presidente de la Asociación de Banqueros de México en 2019, justo el año en que Luis Niño de Rivera, en ese entonces presidente de Banco Azteca, fue elegido como titular de la Asociación de Bancos de México. El legislador ya ha negado las acusaciones, mientras que Banco Azteca ha replicado en sus redes sociales que opera con honestidad y se rige con los más altos estándares internacionales de cumplimiento. Este diario solicitó su versión a la entidad financiera, pero no obtuvo respuesta.

El cerco contra Banco Azteca y el congresista Cuellar pone en la mira decenas de correos, empresas fantasma, pagos mensuales por “consultorías estratégicas” y mensajes de texto entre el demócrata, el banquero mexicano y otros intermediarios, entre los que se alude, también, a un político del Estado de Nuevo León. De acuerdo con la acusación, los sobornos fueron blanqueados a través de las compañías fantasma de Imelda Cuellar. A cambio, el legislador prometió influir en la regulación del sector financiero en beneficio de Banco Azteca y presionar a los funcionarios en EE UU para flexibilizar las medidas contra el lavado de dinero. Los fiscales señalan que el banco mexicano dependía de las relaciones con otras instituciones financieras en Estados Unidos para facilitar las transacciones transfronterizas. Sin embargo, con el endurecimiento de la regulación se comenzaron a cerrar estas vías de acceso, una de las principales razones que llevaron a Banco Azteca a buscar a Cuellar, hace una década.

Los primeros acercamientos entre Cuellar y un político mexicano, que fungió como intermediario de Banco Azteca, ocurrieron en mayo de 2014, según la denuncia. Estas negociaciones derivaron en la firma de un contrato de consultoría falso y el pago de 238.390 dólares en sobornos al congresista, a través de compañías fantasmas y facturas falsas. El documento detalla que en diciembre de 2014, Cuellar y su esposa viajaron a México para reunirse con el ejecutivo del banco y discutir el acuerdo corrupto. Un año más tarde, el contrato de las supuestas consultorías fue firmado en Ciudad de México.

Dicho contrato establecía que, a partir del 1 de enero de 2016, el banco le pagaría a la compañía 15.000 dólares mensuales por “servicios de consultoría y asesoramiento estratégico”. El acuerdo, con vigencia de dos años, contaba con una tabla de rendimientos que oscilaban entre los 500.000 y 615.000 dólares. Dichas tarifas de éxito se pagarían solo si la consultora lograba “los objetivos acordados”. Por esas fechas, Cuellar y el político mexicano intercambiaron mensajes de texto en los que reconocían que era necesario buscar a otro intermediario para encubrir los pagos.

En paralelo a esta supuesta relación comercial, el banquero mexicano y Cuellar se enviaron correos electrónicos con documentos referentes a las leyes sobre los corresponsales bancarios en EE UU. “Cuellar asesoró y presionó a un funcionario estadounidense de alto rango y responsable de la supervisión de los bancos, para que tomara medidas oficiales en beneficio del banco extranjero″, se afirma en la denuncia de Estados Unidos.

—Lenguaje añadido en comité— escribió Cuellar al banquero mexicano, en junio de 2015.

—Excelentes noticias. Por favor, hazme saber si podemos ser de más ayuda. Nuestro diálogo con los reguladores de México y Estados Unidos sigue avanzando— respondió el representante del banco.

El demócrata informó al banquero mexicano, en septiembre de 2016, que sus más recientes reuniones con senadores y oficiales de Estados Unidos estaban moviendo la discusión “en la dirección correcta”.

La acusación también vincula a Cuellar con un ejecutivo con responsabilidad en asuntos legislativos del conglomerado mexicano al que pertenece el banco. De diciembre de 2018 a junio de 2019, el congresista y el empresario intercambiaron múltiples mensajes de texto y tuvieron al menos una reunión en persona para discutir un “tema delicado”. En agosto de 2019, Cuellar le envío dos correos electrónicos con el proyecto de ley de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la falsificación a discutirse en EE UU, ese año.

Las pesquisas indican que el congresista de Texas, de 68 años, y su esposa utilizaron los sobornos para pagar impuestos, deudas, cubrir gastos familiares y realizar compras, por ejemplo, 58.000 dólares de una tarjeta de crédito y la adquisición de un vestido de 12.000 dólares, entre otros desembolsos.

El legislador estadounidense y su esposa están acusados de varios cargos federales de soborno, fraude electrónico, lavado de dinero e interferencia extranjera tanto por el caso donde se vincula a Banco Azteca como por supuestos sobornos recibidos de una empresa de petróleo y gas propiedad del Gobierno de Azerbaiyán. Cuellar compareció ante el tribunal federal de Houston la semana pasada y negó los cargos. “Imelda y yo llevamos 32 años casados. Además de ser una esposa y madre increíble, es una empresaria consumada con dos títulos. Pasó su carrera trabajando en banca, impuestos y consultoría. La acusación de que ella no está calificada ni trabaja duro es errónea y ofensiva”, refirió el congresista en un comunicado.

En alusión a esta demanda, Banco Azteca indicó en sus redes sociales el pasado sábado que es un banco líder en su compromiso con la seguridad y la ley, innovando e incorporando controles, procesos y la tecnología más avanzada en sus servicios. “Queremos reiterar que nuestras operaciones se rigen bajo los más altos estándares internacionales de cumplimiento. Siempre operamos con ética, honestidad y profundo compromiso con nuestros clientes y nuestro país”, zanjó la institución financiera sobre el caso.

Banco Azteca es la décima institución más grande en la banca mexicana con 281.292 millones de pesos en activos, una cifra que lo sitúa con una participación del 2% del sector. El banco, parte del conglomerado del Grupo Salinas, reporta más de 30 millones de clientes y ofrece créditos de consumo, préstamos y servicio de envío y recepción de remesas en México y Centroamérica.

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