3 fracciones dudan de aplicar etiquetado frontal de advertencia en productos

CRH.

Un proyecto de ley busca que los alimentos con altos contenidos de azúcar, sodio o grasa, tengan un etiquetado de alerta frontal en sus etiquetas, iniciativa que de momento genera dudas en al menos 3 fracciones del Congreso.

Las diputadas del Partido Liberación Nacional (PLN) Andrea Álvarez y Montserrat Ruiz presentaron el proyecto de ley, (expediente 23.861) para obligar a la industria alimentaria a exponer este tipo de etiquetado negro en sus productos.

En otros países de Latinoamérica, los productos altos en estos ingredientes llevan una marca negra que indica este contenido, y advierte al consumidor el riesgo de su consumo en exceso.

El proyecto del PLN se discute en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor, del Congreso y se encuentra en la etapa de audiencias.

Dudas

Los jefes de prensa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Liberal Progresista (PLP) señalaron que ninguno de sus diputados conoce el proyecto, por lo que no pueden tener una posición oficial.

La socialcristiana Vanessa Castro indicó que ella se opone al etiquetado frontal, ya que las etiquetas que ya hoy deben portar estos productos, son suficientes para que el consumidor tome una decisión consciente.

Castro agregó que este tipo de etiquetado podría más bien confundir al consumidor.

Mientras que la diputada del PLP, Kattia Cambronero, señaló que ella, de forma personal, apoyaría cualquier medida que permita una mejor decisión al consumidor, como podría ser este etiquetado.

“Me parece que es una medida acertada desde la perspectiva del respeto y la decisión que tiene que tomar el consumidor, pero que tampoco signifique costos adicionales a los sectores productivos que ya tienen una carga muy pesada en sus procesos en el país”, explicó.

El jefe de fracción de Nueva República, Pablo Sibaja, sí conoce el proyecto ya que integra la comisión donde se analiza la propuesta.

Dijo que han tomado papel en la construcción de la reforma, y señaló la preocupación que ha externado cámaras y empresas sobre la iniciativa, un posible obstáculo para el libre comercio.

Sibaja dijo que quieren conocer la resolución completa que la Sala Constitucional emitió sobre este asunto días atrás.

Esto porque en junio del 2023, el Ministerio de Salud emitió una circular, ordenando ocultar el etiquetado frontal presente en algunos alimentos importados.

Esto debido a que tanto la reglamentación nacional, como la centroamericana, no establece un etiquetado que declarar cuando un alimento tiene “alto/exceso de” calorías, grasa, azúcares, sodio.

Pero la Sala IV anuló esta circular, por lo que ahora este etiquetado no tendrá que ocultarse.

“Nosotros vemos, con buenos ojos, todo lo que sea mejorar la salud pública, sin que esto signifique una afrenta a los empresarios y emprendedores”, comentó Sibaja.

Impedimento legal

La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, explicó que ellos estarían de acuerdo con los fines que propone el proyecto, pero que hay temas pendientes que resolver como lo es el Reglamento Técnico Centroamericano.

“Creemos que cuanto más información tenga el consumidor al hacer su compra, mejor”, indicó.

Precisamente, la ministra a.i del MEIC Patricia Rojas Morales, explicó en audiencia con los legisladores el pasado 17 de abril, que el proyecto se opone a tratados internacionales firmados por Costa Rica y sería además inconstitucional, según lo que indica el artículo 7 de la Carta Magna.

Rojas señaló que el país es parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que, según el Reglamento Técnico Centroamericano, obliga a Costa Rica a discutir cambios en este tipo de legislación desde esa vitrina.

La jerarca señaló que cambios como el sugerido deberían ser discutidos en el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) y no en la Asamblea Legislativa.

Recordó que las leyes nacionales no pueden de manera unilateral dejar sin efecto disposiciones de los tratados regionales.

Industria en contra

Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, también compareció ante los legisladores donde mencionó las razones para rechazar la propuesta.

Calificó la iniciativa como “un montón de incoherencias” y pidió que el proyecto no avance.

Explicó que establecer diferentes envolturas según la diferencias de regulaciones en los países impediría a las empresas poder exportar sus productos.

“¿Y cuál es la afectación real de una situación como esta? Imagínense si ustedes tuvieran una empresa fabricante de galletas que tuvieran que hacer una etiqueta para seis provincias en Costa Rica y una etiqueta diferente para Guanacaste. Simplemente, su negocio sería inviable. Ahora imagínese en un contexto internacional, de comercio internacional, donde nuestros exportadores tengan que hacer una etiqueta para Costa Rica y otra para el resto de Centroamérica. Ese comercio no es viable”, afirmó el vocero de la industria.

Montero luego acusó a las proponentes de proponer un modelo para “construir animadversión en la mente del consumidor”, y dijo que es falso que solo busque informar.

“Es un, deténgase, con la palabra exceso, con la palabra Ministerio de Salud, que son elementos que juntos están creados para construir una relación negativa entre la persona y el alimento. Y eso, evidentemente, cuando se le plantea a quienes viven de la actividad de los alimentos, a los que producen cualquier tipo de alimentos, confitería, galletería, chocolatería, pastas alimenticias, pues esto es una política que es muy lamentable que exista una voluntad política orientada a crear una relación de animadversión”, señaló.

La obesidad es uno de los factores de riesgo.(Foto ilustrativa).

¿Por qué es necesario?

La diputada del Frente Amplio (FA) Priscilla Vindas, quien respalda el proyecto, dio 3 razones para que esta iniciativa sí sea aprobada.

• Es un tema de salud pública, está comprobado que en países que este tipo de etiquetado se aplica las personas han mejorado su consumo nutricional y las empresas han mejorado “las recetas” de sus productos para evitar tener este etiquetado, tal es el caso de la industria de cereales en México que pasó de un 6% libre de etiquetado frontal a un 11% tras el primer año de aplicación.
• Ya la Sala IV se manifestó a favor de este etiquetado, indicando que es perjudicial para la salud de las personas consumidoras que el Ministerio de Salud ordenara ocultar este etiquetado en los productos importados que lo traían. Además, indican que este etiquetado es complementario al Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) y su cuadro nutricional, y no contrario al mismo, por lo que el país no estaría faltando a ningún tratado internacional.
• Mayor y mejor comprensión para personas con visión reducida y personas adultas mayores.

La diputada proponente, Andrea Álvarez, lamentó la posición de la industria y recordó que desde la urgencia de salud pública este proyecto es necesario.

Comentó que ella estudió salud pública en la Universidad de Yale, lo que esta universidad dice, según la evidencia científica, es suficiente, además de lo que dice la Organización Mundial de la Salud.

“En este momento estamos entre una transición demográfica de la mano de una transición epidemiológica en la cual cada vez más las personas están muriendo por mayor incidencia de cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades como hipertensión. Y eso hay cuatro factores de riesgo principales. Uno es la mala alimentación, otro es el sedentarismo, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco”, explicó la verdiblanca.

Recordó que la OMS habla de 3 medidas principales para reducir estos factores de riesgo.

“Uno es proporcionar información a la población, ya sea a través del etiquetado en menús o el etiquetado frontal. Otro aspecto es ponerle impuestos a los alimentos con exceso de azúcares, que son el tipo de medidas que ustedes se han opuesto durante años también. Y lo otro es disminuir la publicidad o restringir la publicidad de alimentación no sana a la población, medidas ante las cuales ustedes también se han opuesto”, le señaló la legisladora a la industria alimentaria.

Álvarez insistió que ella, como salubrista, está cansada, que se hable de que simplemente se le debe dar información a la población para que adopte estilos de vida saludable.

“Esto no es suficiente. Se debe proporcionar un ambiente en el cual las personas puedan tomar las mejores decisiones”, enfatizó.

Según el Ministerio de Salud, para el año 2019, las enfermedades no transmisibles, representaron el 80.73% de las defunciones en el territorio nacional, siendo las enfermedades cardiovasculares las de mayor proporción (31.74%), seguidas por el cáncer (26.58%).