Tratado de L�mites con Colombia

Los reclamos territoriales de Colombia al Perú se remontan a 1822, cuando formaba parte de la Gran Colombia. Don Joaquín Mosquera, en calidad de Ministro Plenipotenciario, llegó a Lima a fin de obtener la anexión de Guayaquil a Colombia, gestión que no tuvo éxito. Luego, en 1823, tenemos el Tratado de Límites Galdeano-Mosquera, el mismo que no fue ratificado por Colombia al no satisfacer sus pretensiones de dominio sobre los territorios peruanos de Tumbes y Maynas

Las pretensiones territoriales colombianas resurgen en 1828 cuando Bolívar, ofendido por el despido de sus tropas y la expulsión de su Ministro Plenipotenciario colombiano, Armero, exigió al representante peruano en Bogotá, José Villa, la “restitución” de las provincias de Jaén y Maynas. Tales sucesos desencadenaron en enero de 1829 la Guerra de Colombia, llegándose a su término con la suscripción del Tratado de Paz, Amistad y Límites del 22 de setiembre del mismo año, conocido también como Tratado de Guayaquil o Tratado Larrea-Gual, el cual nunca entró en vigor

Luego, desde 1830 hasta 1894, la cuestión de límites con Colombia solo aparece en las protestas diplomáticas formuladas por esta, contra actos internacionales y administrativos que acreditaban la continuidad y efectividad de la posesión peruana en los territorios disputados, tales como las convenciones fluviales entre el Perú y Brasil de 1851 y 1858 o el establecimiento del Gobierno Litoral de Loreto en 1853. Durante todo este largo periodo, el debate territorial era seguido únicamente entre el Perú y el Ecuador; y más bien, las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia eran básicamente normales.

En 1894, Colombia entonces reaparece solicitando ser parte de los intentos de arreglo territorial entre el Perú y el Ecuador, manteniéndose a partir de esa fecha expectante y activo en los diferentes procesos de conversación territorial llevados adelante por dichos países.

Sin embargo, será recién a principios del siglo XX, que Perú y Colombia buscarían bilateralmente una solución a su diferendo territorial, para lo cual se debió superar una etapa de 20 años de negociación pero también de diversos incidentes y crisis, tales como los protocolos secretos Abadía Méndez-Herboso –que subordinaron la acción de Colombia al interés de Chile–, los incidentes del Putumayo y de la Pedrera, precedidos por los “escándalos del Putumayo”, así como la interferencia de Colombia en el arbitraje de Madrid, producto de la política de solidaridad con el Ecuador. Todo ello mientras el Perú enfrentaba una difícil situación en sus fronteras con Bolivia y Brasil, y por supuesto con Ecuador.

Superadas estas crisis, finalmente se celebra el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Alberto Salomón y el Ministro Plenipotenciario de Colombia, Fabio Lozano y Torrijos, el cual fue suscrito el 24 de marzo de 1922, siendo aprobado por los parlamentos de ambos países y ratificado por los respectivos gobiernos y producido el canje de los instrumentos de ratificación el 19 de marzo de 1928, entre el Ministro peruano Celso Pastor y el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Uribe.

La nueva demarcación establecida en el tratado incluía, dos aspectos de importancia: el primero consistente en la cesión a Colombia del territorio situado al este de la línea recta confluencia del río Yaguas con el Putumayo-confluencia del río Atacuarí en el Amazonas, que delimitado al norte por el Putumayo y al sur por el Amazonas, conforman el espacio llamado “Trapecio de Leticia”, cuyo lado oriental estaba formado por la recta que desde Tabatinga se prolonga, cruzando el Putumayo, hasta la confluencia del Apaporis con el Caquetá, convirtiéndose en la divisoria entre Colombia y Brasil. Esta cesión no solo era territorial, sino que también afectaba a la población histórica y totalmente peruana de Leticia. El segundo aspecto implicaba el trazado por el meridiano de la boca del Cuhimbé, que determina el llamado “Triángulo de San Miguel o Sucumbios”, en el extremo noroccidental, originalmente incorporado por el Ecuador a Colombia en el tratado Muñoz-Vernaza-Suárez, y ahora cedido al Perú. Sin embargo, el Perú no pudo ocupar el Triángulo de Sucumbios, al existir en el río Putumayo una solución de continuidad en la demarcación que interpone al Ecuador en una pequeña ribera de ese río, al sur de la desembocadura del río San Miguel.

Este acuerdo fue duramente criticado en el Perú. La gran objeción residió en la entrega a Colombia de un tramo en la orilla izquierda del Amazonas, lo que tenía implicancias no solo soberanas y económicas sino también de orden estratégico y político, a tal extremo que motivó la oposición del Brasil y, por la referida cesión de Colombia al Perú del Triángulo de Sucumbios, el acuerdo fue también rechazado por Ecuador.

Esta difícil situación interna e internacional, provocada por el Tratado de 1922, dio lugar a una negociación tripartita que concluiría con la suscripción del Acta de Washington el 4 de marzo de 1925, entre el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Charles E. Hughes y los representantes de Brasil, Colombia y Perú.

En virtud de este acuerdo: Brasil retiraría sus observaciones del 11 de noviembre y convendría en la libre navegación de Colombia por el Amazonas y demás ríos comunes; Colombia reconocería una nueva línea Apaporis-Tabatinga como límite con el Brasil; y el Perú llevaría adelante el trámite interno para el perfeccionamiento de este instrumento, perdiendo toda oportunidad de revisar o modificar el tratado a través de esta negociación, como fue su intención original.

El Conflicto de Leticia

La solución a los problemas territoriales con Colombia afectó, especialmente, el sentimiento de los pobladores del Oriente peruano, lo que sumado a las perturbaciones que en la economía de la región y en el comercio de Iquitos había determinado el incumplimiento por parte de Colombia del artículo 8 del Tratado de 1922, así como las hostilidades puestas en práctica contra la navegación y el tráfico comercial peruanos, determinaron que, en la noche del 31 de agosto al 1 de setiembre de 1932, un grupo de peruanos armados ocupe Leticia, con detención de las autoridades encabezadas por el intendente del Amazonas Alfredo Villamil Fajardo, lo que tomó por sorpresa a los gobiernos de Lima y Bogotá.

Si bien la ocupación había sido decidida por la Junta Patriótica el 27 de agosto, que recibió el apoyo de la Casa Arana (50 carabinas Winchester), esta se produjo días después y fue dirigida por los alféreces Juan La Rosa y Roberto Díaz, aunque en la mañana siguiente sería el ingeniero Oscar Ordoñez de la Haza quien asumiría el mando.

El Presidente del Perú Luis M. Sánchez Cerro inicialmente reprobaría estos hechos, asegurándole además al Ministro de Colombia Lozano y Lozano que el Gobierno del Perú no estaba involucrado en estos sucesos. Sin embargo, posteriormente, los comandantes del Ejército, Marina y Aviación en Iquitos respaldarían la “reincorporación de Leticia”, produciéndose diversas manifestaciones populares a favor de los ocupantes. Todo lo cual provocaría que el Presidente peruano respalde la acción. A partir de ese momento, la situación comenzaría a complicarse al extremo que Perú y Colombia empezarían a adquirir armamento, en especial barcos y aviones.

Luego de varios meses de notas y cables de uno y otro lado, Colombia decide el 16 de febrero de 1933 la ruptura de relaciones diplomáticas con el Perú, iniciando una exitosa campaña internacional dirigida a obtener su respaldo. Si bien en un inicio, el gobierno colombiano sostuvo que se trataba de un asunto de orden interno, luego cambiaría de posición, sometiendo la integridad del conflicto a la jurisdicción de la Sociedad de las Naciones. Fue así, como el Consejo de esta organización autoriza a Colombia a realizar operaciones para el restablecimiento del orden en Leticia, sin violación del territorio del Perú.

Como consecuencia de esto, se produjeron algunas acciones armadas el 17 de marzo (la cañonera Pichincha y las tropas peruanas del puesto Cotuhé intercambian disparos), 18 de marzo (aviones peruanos atacan barcos colombianos en Tarapacá, en la parte norte del Trapecio sobre el Putumayo), 26 de marzo (fuerzas colombianas atacan la posición de Gueppí, la que es ocupada después de un intenso combate), entre otros encuentros, principalmente a lo largo del río Putumayo. Ante estos hechos, la Sociedad de Naciones acuerda el 24 de mayo la cesación del fuego en todo el frente, la que es acatada a partir del día siguiente.

El 25 de mayo de 1933, junto con el mexicano Francisco Castillo, Presidente del Consejo de la Sociedad de Naciones, los delegados del Perú y Colombia firman el Acuerdo de Ginebra, que contiene la “Fórmula de Modalidades”, consistente en un convenio conciliatorio para regular pacíficamente el incidente de Leticia. En virtud de este Acuerdo, el 23 de junio se produce la evacuación de Leticia para encargarse de la administración de la misma a una Comisión de la Sociedad de Naciones.

El 24 de mayo de 1934 se suscribe el Protocolo de Paz, Amistad y Cooperación de Río de Janeiro y el Acta Complementaria que ponen fin al conflicto y el 19 de junio del mismo año la Sociedad de Naciones entrega Leticia a las autoridades colombianas. El Acta Complementaria ratificó la libertad de navegación y de tránsito, estableciendo algunas normas sobre el comercio de cabotaje, medidas de policía, sanidad e inmigración, se previó un régimen aduanero especial (luego incorporado en el Convenio de Cooperación Aduanera de 10 de mayo de 1938), y se aseguró la navegación, el comercio y el tráfico peruano en la zona fronteriza, que el tratado de 1922 había perturbado. Esto puso fin al conflicto de Leticia, que trajo un total de 67 muertos colombianos y una cifra menor en el Perú.

Fuente:[IDEI]