Roque Barcia en el Cantón de Cartagena: entre la esperanza federalista y la controversia política

El 26 de julio de 1873, el popular propagandista y diputado constituyente Roque Barcia anunció la suspensión temporal de La Justicia Federal, el periódico que había fundado en Madrid a mediados de abril de ese mismo año con el único fin, según sus propias palabras, de ensayar la federación. Con este objetivo en mente, agitó con enorme virulencia la revolución cantonal y asumió el liderazgo intelectual del movimiento que, finalmente, estalló en el verano de 1873.

En el contexto de finales de julio, con una veintena de ciudades sublevadas, Barcia excusaba la interrupción de La Justicia Federal porque, según aseguraba, había pasado la hora de escribir y había llegado la hora de hacer. Partió de inmediato hacia Cartagena, convertida a esas alturas en el escenario de una lucha sin cuartel por hegemonizar el proceso de construcción del Estado federal.

Desde una perspectiva política más amplia, el movimiento cantonal instigado por Barcia encarnó una de las posibles soluciones al problema de la construcción efectiva de la democracia, tal y como se planteó tras el triunfo de la Revolución Gloriosa de 1868. La lógica política que subyacía a la propuesta no era ni improvisada ni nueva, sino que se inscribía plenamente en la tradición federal.

Roque Barcia: a la Federación por la práctica

Roque Barcia se encontraba entre los propagandistas que, como Francisco Pi y Margall o Fernando Garrido, habían defendido desde la década de 1850 que los principios democráticos solo hallaban su expresión plena bajo una república federalmente constituida.

Por esta razón, al igual que otros muchos federales, rechazó la monarquía democrática de 1869 y prestó su respaldo a iniciativas organizativas que emergieron de las provincias, como los Pactos Federales de ese mismo año. Si bien estos pretendían articular el partido, también apuntaban hacia la realización práctica de los principios federales.

Desde aquel momento, Barcia dedicó buena parte de sus esfuerzos publicísticos a dictar la conducta que, a su juicio, debían seguir los federales en el caso de un hipotético advenimiento republicano. 

En el marco de la arraigada tradición soberanista gaditana, defendió la inmediata formación de juntas soberanas que realizasen la federación por la práctica, mediante la proclamación de sucesivas constituciones que articulasen el poder político desde los municipios al Estado federal.

Con objeto de preparar al partido para este escenario, publicó en 1870 su Constitución federal, cantonal, provincial y municipal, que era en buena parte una adaptación de la Constitución suiza de 1848 al caso español. Derivado de esta circunstancia, introducía por primera vez en su publicística la demarcación cantonal.

En 1872, alineado de manera explícita con el sector intransigente, se mostró muy crítico con la actitud benevolente y legalista de los líderes del partido en Madrid, a quienes acusó de carecer de espíritu federal, al tiempo que proponía la formación de una Asamblea federalmente constituida en un lugar alejado de la capital. Solo así sería posible fabricar un mundo nuevo que diese cumplimiento al sueño de la Federal.

Precisamente, la ruptura entre federales intransigentes y benevolentes a lo largo de 1872 constituye un proceso clave para comprender la escalada cantonal que se desató unos meses después. La decisión de los intransigentes de optar por la vía insurreccional y de organizarse al margen del partido en un Consejo Provisional de la Federación Española, presidido por el futuro líder cantonal Juan Contreras, prefigura la práctica política observada por los agitadores del cantonalismo en la primavera y el verano de 1873.

La escalada cantonal

La sima de desconfianza abierta entre intransigentes y benevolentes no hizo sino profundizarse tras la proclamación de la I República. La decisión de la Asamblea nacional de dejar en manos de unas Cortes constituyentes el diseño federal o unitario del futuro Estado republicano alarmó a los sectores intransigentes, quienes esperaban la inmediata constitución federal de la república desde los municipios mediante un movimiento de corte juntista.

El proceso constituyente, además de ser largo, contravenía toda la lógica federal. En principio, como miembro de la Asamblea Nacional, Barcia acató la decisión y recomendó paciencia a sus lectores, pero esta actitud cambió tras el fallido golpe de Estado del 23 de abril.

La retórica de la república en peligro se extendió rápidamente entre los intransigentes, organizados en diversos clubs en los que se debatía acerca de las acciones que se debían llevar a cabo para salvarla.

En estas circunstancias, Barcia exigió personalmente a Francisco Pi y Margall, ministro de Gobernación, que proclamara de manera inmediata la República Federal, sin esperar a la reunión de las Cortes constituyentes. Ante la negativa de Pi, el propagandista inició una campaña muy dura contra el gobierno republicano desde La Justicia Federal, que rápidamente se erigió órgano de los intransigentes.

Fue elegido diputado constituyente por Vinaroz, pero no concurrió a las sesiones de Cortes. Al contrario, puso en duda el carácter federal de los representantes nacionales y negó que la federación pudiese surgir de unas Cortes como aquellas.

La tensión aún se incrementó tras la esperada proclamación de la República Federal el 8 de junio de 1873. Para muchos, una vez proclamada la Federal solo quedaba realizarla desde los municipios y, de hecho, los cantones que se insurreccionaron en el mes de julio argumentaron de manera generalizada que solo estaban cumpliendo un acuerdo de la Asamblea constituyente.

El 19 de junio, el anuncio por parte del gobierno de elecciones a ayuntamientos y diputaciones provinciales para mediados del mes de julio decidió a los intransigentes a dar los primeros pasos hacia la realización práctica de la federación. Al día siguiente, Barcia llamó a hacer efectiva la solución que llevaba años proponiendo: era el momento de constituir la federación por la práctica mediante la formación de juntas de gobierno, creadoras del nuevo sistema, que realizasen la soberanía de los Estados particulares.

Ese mismo día, el Centro Republicano Federal Español, club intransigente en cuya formación habían participado algunos redactores de La Justicia Federal, convocó una reunión pública para preparar la formación del Cantón de Castilla la Nueva.

Los preparativos desembocaron en la formación, el 29 de junio, del Comité de Salud Pública de Madrid a propuesta de Barcia, quien también ocupó su presidencia. Al mismo tiempo, dio directrices para la reunión de los representantes de los distintos cantones y dictó el procedimiento que se debía seguir para su construcción institucional desde los municipios.

Inmediatamente, salieron agentes intransigentes desde Madrid hacia diferentes provincias con objeto de insurreccionarlas, una maniobra que dirigió el propio Barcia y en la que también participó, partiendo en persona a El Ferrol y otros puntos.

De manera clara, los cantonales encabezados por Barcia trataban de hegemonizar la construcción del Estado federal, en abierta competencia con el proceso constituyente de la Asamblea. A pesar del apoyo que obtuvo el Comité de Salud Pública, la rápida actuación del gobierno de Pi y Margall atajó la insurrección que se preparaba en Madrid.

La primera ciudad en proclamar el cantón fue Cartagena, donde el joven médico Manuel Cárceles, en contacto con Barcia, llevaba tiempo agitando la sublevación. El 12 de julio, día de las elecciones municipales, el levantamiento cantonal se resolvió mediante la instalación de una Junta de Salvación Pública que asumió todos los poderes.

El general Juan Contreras y Antonio Gálvez, miembros del Comité de Salud Pública y también diputados constituyentes, se pusieron al frente de la situación en Cartagena.

El gobierno provisional de la Federación Española en Cartagena

Roque Barcia llegó a Cartagena el 27 de julio, invitado por las autoridades cantonales a ocupar la presidencia del Gobierno Provisional de la Federación Española. El periódico El Cantón Murciano anunciaba el acontecimiento y celebraba lo oportuno de su nombramiento para un cargo de tanta representación, destacando su calidad de iniciador del movimiento cantonal. Añadía además que el pueblo sería reticente a dejarse guiar por otros que no fueran los caudillos amados que habían sido el alma de la revolución.

En principio, parece que Barcia fue reticente a abandonar sus compromisos revolucionarios en Madrid, pero la persecución a la que estaban siendo sometidos los miembros del Comité de Salud Pública por el nuevo gabinete de Nicolás Salmerón forzó la huida de muchos de ellos a Cartagena, donde ocuparon lugares destacados en las nuevas instituciones cantonales.

La concentración en la ciudad de destacados diputados intransigentes que provenían de Madrid imprimió un carácter particular al cantón cartagenero que lo distingue del resto. En principio, como pasó en todos los cantones, la Junta de Salvación Pública reconoció la soberanía de la Asamblea constituyente, pero esta actitud cambió tras el conocido decreto del 21 de julio por el que se declaraban piratas a los buques de la Armada que se habían sumado a la rebelión.

Esto marcó la ruptura de la Junta con la Asamblea y desembocó en la constitución del Gobierno Provisional de la Federación Española entre el 24 y el 27 de julio. Es difícil precisar la influencia de Barcia en su formación, ya que no se encontraba todavía en la ciudad, pero la maniobra trasladaba a Cartagena el fallido intento del Comité de Salud Pública de hegemonizar la construcción del Estado federal desde Madrid.

Bajo su presidencia, el Gobierno Provisional asumió explícitamente la tarea de dar cohesión y unidad al movimiento federal en toda España, atribuyéndose todos los poderes superiores de la Federación Española. Para ejercerlos, se formaron ocho ministerios y se dispuso la convocatoria de una Asamblea Federal, aunque esta nunca llegó a reunirse.

Aun así, Barcia defendió la legitimidad del gobierno de Cartagena, al que consideraba depositario de la voluntad de la Asamblea constituyente. Pese a las acusaciones de separatismo lanzadas por el propio Salmerón, los cantonales no pusieron nunca en duda la unidad nacional, sino que se arrogaron la legitimidad constituyente de una España verdaderamente federal.

El conflicto derivó en una situación de guerra civil en el mes de agosto y aún se agravó desde noviembre, cuando el entonces presidente Castelar ordenó el bombardeo continuado de la plaza. Parece que Barcia no era partidario de prolongar la situación desde que se inició el sitio de la ciudad el 13 de agosto, pero su actuación en Cartagena es controvertida.

A pesar de que más tarde quiso desvincularse del gobierno cantonal, lo cierto es que su actuación al frente del Gobierno Provisional está fuera de toda duda, ya que presidió las asambleas importantes y firmó todos sus decretos. También defendió cerradamente las actuaciones del cantón desde las páginas de El Cantón Murciano e incluso participó en algunas expediciones navales en busca de apoyo y abastecimientos, como la que se dirigió a Valencia en el mes de agosto.

No solo no se desvinculó de las instituciones cantonales, sino que asumió la vicepresidencia de la nueva Junta Soberana de Salvación Pública que sustituyó al Gobierno Provisional a partir del 2 de septiembre, además de ocupar la presidencia de su Comisión de Relaciones Cantonales y Extranjeras.

Según algunos testimonios, su opinión tenía peso y se le dispensaba gran consideración. La ventaja estratégica de Cartagena, una de las plazas militares mejor guarnecidas de España, marcó la pervivencia del cantón. Cuando el golpe de Pavía del 2 de enero de 1874 puso fin al periodo constituyente federal, muchos creían que la ciudad aún resistiría bastante tiempo. De hecho, Cartagena no fue vencida militarmente, sino que la Junta negoció una capitulación con el general José López Domínguez.

Fue Roque Barcia quien, junto a Antonio de la Calle, firmó el documento que ponía fin a la experiencia cantonal. A diferencia de los otros miembros de la Junta, no huyó a Orán en la Numancia, sino que permaneció oculto en el Consulado de Portugal unos días hasta que pudo trasladarse a Madrid y solicitar pasaporte para Francia.

La condena a Barcia como principal instigador del movimiento cantonal fue unánime desde las filas de su propio partido. Como ya anunció el periódico La Discusión pocos días después de la capitulación de Cartagena, el partido republicano no le perdonó jamás.

Se le acusó de alucinar a las masas y de extraviar el buen sentido político del pueblo, e incluso se le responsabilizó de haber forzado con sus acciones el golpe del 2 de enero. Ni siquiera los cantonales tuvieron buenas palabras para él y, en este caso, hay que decir que no es de extrañar.

De manera incomprensible, pocos días después de la capitulación, Barcia publicó unas cartas incendiarias contra sus antiguos compañeros de la Junta de Cartagena. No solo condenaba las acciones de las instituciones cantonales que él mismo había encabezado, sino que cargaba muy duramente contra la capacidad de gobierno de los federales y desaconsejaba cualquier intento de proclamar la república federal, acatando el nuevo régimen interino encabezado por el general Serrano. Nadie comprendió aquellas cartas. Después de su publicación, Barcia quedó anulado como político para siempre.

* Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa de Muy Historia.