Antonio de Vargas y Laguna

Ya hemos visto que el ejército invasor iba creando órganos de Gobierno según avanzaba en su marcha hacia el interior de España. Estos órganos subsistían al mismo tiempo que los Gobiernos liberales, al menos hasta el cese del último gobierno liberal de José Luyando, el 30 de octubre de 1823.

Los franceses cruzaron el 7 abril el río Bidasoa, el día 9 ya nombraron una Junta Provisional de Gobierno de España e Indias que se estableció en Tolosa. La Junta la presidía el general Francisco Ramón de Eguía Letona, I Conde del Real Aprecio. La Junta se disolvió el 25 de mayo cuando se constituyó la Regencia.

Antes de disolverse, la Junta creó los Voluntarios Realistas como nuevo organismo militar antiliberal. Posteriormente, la Regencia le dio un Reglamento y una misión consistente en mantener el orden en sus poblaciones respectivas.

El 25 de mayo, se constituyó una Regencia y un gobierno absolutista en Madrid, mientras el rey estaba en poder de los liberales. Esta Regencia duró hasta el 1 de octubre, fecha de la liberación del rey. La Regencia estaba presidida por Pedro Alcántara Álvarez de Toledo y Salm Salm, duque del Infantado. El mismo día, se formó el gobierno que estaba presidido por el Secretario de Estado Antonio Vargas Laguna.

Antonio Vargas Laguna, extremeño, nació en Badajoz en 1763 y murió a los 61 años en Roma, en 1824. Primer Marqués de la Constancia. Diplomático, Embajador de España en Roma. Secretario de Estado nombrado por la Regencia de Infantado, el 25 de mayo de 1823. Vargas Laguna nunca llegó a aceptar el cargo.

El cargo de Secretario de Estado interino lo ejerció Víctor Damián Sáez, hasta el 7 de agosto cuando fue nombrado de forma oficial. En esta fecha Vargas Laguna fue a Roma como Ministro Plenipotenciario.

Víctor Damián Sáez Sánchez- Mayor.

Ante la no aceptación del cargo de Secretario de Estado de Antonio Vargas Laguna, Víctor Damián Sáez Sánchez-Mayor fue nombrado primero Secretario de Estado Interino, desde el 27 de mayo hasta el 7 de agosto, cuando de forma oficial fue nombrado por la Regencia Secretario de Estado.

Víctor Damián Sáez y Sánchez Mayor nació en Budia, Guadalajara en 1776 y murió en Sigüenza a los 63 años, en 1839. Eclesiástico, político absolutista, maníaco antiliberal, canónigo de las catedrales de Sigüenza y Toledo, obispo de Tortosa y confesor privado del Rey Fernando VII.

Desde su puesto de Secretario de Estado dirigió la reacción absolutista con tal rigor que su sucesor, el marqués de Casa Irujo, en nombre de la Santa Alianza, pidió su dimisión. Su nombramiento fue ratificado por Fernando VII el 1 de octubre de 1823, el mismo día de su liberación en el Puerto de Santa María. El 19 de noviembre, el rey crea el Consejo de Ministros que presidirá el Secretario de Estado. A partir de este momento, los encargados de un departamento de gobierno empiezan a ser llamados ministros. El Consejo de Ministros de 1823 era un órgano consultivo al servicio del rey, presidido por el mismo e integrado por cinco Secretarios de Estado y de Despacho (Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina y Hacienda). El ministro de Gracia y Justicia actuaba como secretario. El Consejo no tenía poder resolutorio. El Secretario de Estado hacía de presidente y lo presidía en ausencia del rey. Esta nueva forma de organización mejoraba la coordinación entre ministerios.

El rey llegó a Madrid, el 2 de diciembre de 1823. Quiso nombrar a Damián Sáez como Secretario de Estado para un Gobierno Ordinario, pero hubo protestas y fue cesado. El rey se vio obligado a ello por las protestas de las potencias europeas ante la intensidad y extrema dureza con la que el Secretario de Estado se dedicó a perseguir a los liberales. Su sustituto fue el marqués de Casa Irujo.

Después de su cese fue nombrado obispo de Tortosa, quedando relegado de la actividad política.

Durante su mandato la Regencia proclamó traidores a los que habían, en su opinión, secuestrado al rey y se lo habían llevado a Cádiz.

Por esta época apareció un grupo llamado los Apostólicos dedicados a perseguir y dar muerte a los liberales.

Inmediatamente se tomaron las primeras medidas de contra-reacción liberal: disolución de las partidas realistas no integradas en los regimientos realistas; restablecimiento de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte; la vuelta de los eclesiásticos a sus iglesias; se inició un proceso de depuración de liberales y de reposición de los cesados durante la etapa anterior; se derogaron todos los impuestos creados por los liberales, etc.

Los Voluntarios Reales se crearon oficialmente el 9 de junio cuando se les dio el Reglamento de actuación. Dirigidos por Francisco Tadeo Calomarde, iniciaron la caza y captura de liberales por pueblos y ciudades. Calomarde, como miembro de la Regencia, emitió un decreto, el 23 de agosto, por el que fueron condenados a muerte todos los que habían sido diputados durante el período anterior y todos los conocidos como partidarios de los liberales.

El Gobierno de Damián Sáez, aplicó el decreto de Calomarde persiguiendo muy activamente a los liberales.

La persecución empezaba por los que habían portado armas o combatido con los liberales. Fueron detenidos los miembros de la Regencia creada, cuando fueron declarados incapacitados Valdés, Císcar y Vigodet.

Después de la liberación del rey, la represión se hizo más cruel y brutal. Un nuevo decreto de 4 de octubre amparaba nuevas medidas represivas. El Secretario de Estado se encargó de llevar a cabo una de las represiones más brutales de la historia de España. Encarceló a cuantos liberales pudo y asesinó a muchos usando una organización llamada “El Ángel Exterminador”.

El clero inició una campaña de misiones para eliminar las doctrinas erróneas, perniciosas y heréticas que habían enseñado o practicado los liberales.

España en el verano de 1823 era socialmente un desorden total, faltaba autoridad y la violencia estaba a la orden del día. Las partidas realistas cometieron todo tipo de desmanes contra los liberales y éstos, tomaron represalias semejantes contra los absolutistas.

La violencia ejercida por los ultra católicos españoles escandalizó a los miembros de la Santa Alianza, que llegaron a enviar un representante para pedir amnistía a Fernando VII.

El duque de Angulema llegó a recordarle a Fernando VII la promesa hecha a Luis XVIII de perdón y paz. Fernando se vio obligado a dictar, el 6 de octubre, la primera medida de perdón ordenando liberar a los prisioneros de guerra de baja graduación.

El problema militar, durante el verano de 1823, era muy grave para los absolutistas. El ejército español había servido a los liberales, por tanto no era fiable para los absolutistas. Se decidió crear un nuevo ejército español, pero surgió el eterno problema, no había dinero. Había que tomar una decisión sobre los miles de prisioneros tomados durante el avance de los Cien Mil Hijos de San Luis.

Unos 12.500 soldados españoles que habían colaborado con los exaltados fueron enviados a Francia. Su regreso a España se hizo de forma escalonada y paulatina.

Los embajadores de las potencias Europeas recomendaron al rey, en una visita conjunta en octubre, no volver a la política de 1814, abandonar las detenciones, conceder una amnistía y dar alguna seguridad de futuro a los liberales.

El Gobierno estaba sometido a presiones en ambos sentidos. Del exterior, en contra de la brutal represión que se estaba llevando a cabo contra los liberales y, en sentido contrario, de los apostólicos ultraconservadores que pedían endurecerla aún más.

Las potencias europeas pedían que la Inquisición no fuese restablecida; las Universidades, obispos, militares pedían que se restableciese. Obedeciendo a las presiones exteriores, Fernando VII se negó a restablecer formalmente la Inquisición con gran disgusto de los realistas, pero permitió que existieran las Juntas de Fe, llamadas también Tribunales de la Fe. Eran tribunales eclesiásticos católicos y diocesanos que, algunos obispos, crearon con el objeto de sustituir a la Inquisición.

Estas Juntas funcionaron sin ningún respaldo legal, solo con la complicidad de las autoridades. Los apostólicos se sublevaron contra las derogaciones de los órganos de represión, sus jefes fueron fusilados.

La Inquisición siguió existiendo, de forma más o menos legal, hasta su abolición el 15 de julio de 1834 por Decreto firmado por la Reina Regente María Cristina de Borbón.

Pocos días más tarde, Fernando pidió al Secretario de Estado un proyecto de Amnistía, pero los realistas no estaban dispuestos a hacerlo y le presentaron como alternativa una lista de delitos perdonables y otra de no perdonables.

Joaquín de la Santa Cinta. Ingeniero aeronáutico, economista e historiador