El Sexenio Democrático comienza, el 18 de septiembre de 1868, con el pronunciamiento de la Armada en Cádiz al mando del almirante Juan Bautista Topete y del ejército dirigido por los generales Juan Prim  y Francisco Serrano.

Como en toda revolución que se precie, por todas las ciudades importantes de  España empezaron a surgir Juntas que asumían el poder y en las que predominaban los partidos de la oposición: los progresistas y los demócratas. Algunas eran elegidas por sufragio universal y recogían las reivindicaciones propias de las clases populares como: supresión de impuestos, abolición de quintas, libertad de culto, etc. Las primeras juntas en constituirse fueron en Andalucía, en Cádiz y en Sevilla, siguiéndolas las de Valladolid, Barcelona, Madrid, Valencia,  etc. Algunas de ellas llegaron a reclamar la República  como la formada en Barcelona el 30 de septiembre.

Tras la batalla del Puente de Alcolea, el Presidente del Consejo de Ministros, José Gutiérrez de la Concha, delegó sus poderes en su hermano Manuel, Marqués del Duero, que formaba parte de los generales sublevados.  Éste, a su vez, nombró a Pascual Madoz como presidente de la Junta Revolucionaria y Gobernador de Madrid, el día 30 de septiembre. El día 3 de octubre, Madoz cesa en su puesto de presidente de la Junta Revolucionaria y es nombrado en su lugar Joaquín Aguirre de la Peña, quien cede su puesto, el mismo día de su nombramiento,  al presidente del Gobierno Provisional el general Francisco Serrano Domínguez.

El triunfo de la Revolución del 1868, “La Gloriosa”, supuso el fin del reinado de Isabel II y el comienzo del Sexenio Democrático caracterizado por ser la primera vez que los españoles accedían  al sufragio universal masculino (para mayores de 25 años) y  a los derechos y libertades plenos (expresión, difusión, reunión y asociación).

También es conocido éste periodo de la Historia de España como Sexenio Revolucionario debido a la intensa agitación social del período: juntas revolucionarias, cantonalismo, guerra carlista y guerra de Cuba, las repercusiones en España de la creación, en Londres, de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) y el nacimiento del movimiento obrero.

El Sexenio comprende varias etapas: el Gobierno Provisional;  El Poder Ejecutivo; la Regencia del General Serrano; el Reinado de Amadeo I;  la Primera República Española  Federal y República Unitaria  del general Serrano.

Gobierno Provisional

Francisco Serrano Domínguez

Francisco Serrano Domínguez, Duque de la Torre,  gaditano, nacido en San Fernando en 1810, muerto en Madrid a los 75 años, en 1885. Militar y político. Ocupó los puestos de Regente, Presidente del Consejo de Ministros y Presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Española.

De familia militar, combatió en la Primera Guerra Carlista donde ascendió rápidamente por méritos de guerra. Condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando.  Colaboró con el general Espartero durante la Regencia de  éste último, pasándose posteriormente al movimiento del general Narváez. Estuvo entre los generales  que derrotaron a Espartero acabando con su regencia.

Favorito de la Reina Isabel II, era conocido como “ El General Bonito”, su influencia sobre ésta estuvo a punto de provocar una crisis institucional, resuelta con su salida, y apartamiento, de la Corte y su nombramiento de Capitán General de Granada primero y, tras su dimisión,  enviado  a Rusia a estudiar el ejército zarista.

Regresó a la política con la Vicalvarada  y el retorno del general Espartero durante el Bienio Progresista, en 1854. Contribuyó a la creación del partido político Unión Liberal liderado por O. Donnell. A la muerte de éste, fue su sucesor en el liderazgo de partido. Capitán General de Cuba entre los años 1859 y 1862,  se hizo rico permitiendo el tráfico de esclavos. Firmante del pacto de Bruselas por el que su partido  se unió a la conspiración contra la Reina, fue desterrado a Canarias.

Su ideario político era pragmático, se amoldaba a las circunstancias, lo mismo se unía a Espartero como a los grupos interesados en derrocarle o reprimía la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil como firmaba, poco después, el pacto de Bruselas para acabar con el régimen, solo atendía a su ambición personal. Su fidelidad a las fuerzas armadas estaba por encima de la lealtad al gobierno de turno y a la propia monarquía.

Encabezó, junto con Prim y con Topete, la Revolución de 1868. Fue el vencedor de la batalla del puente de Alcolea sobre los defensores de la Reina.

En plena Revolución se produjo un intento de insurrección armada en la Isla de Puerto Rico.  Contando con el apoyo Norteamericano y Dominicano, el 23 de septiembre se dio el Grito de Lares en la hacienda propiedad de uno de los insurrectos, Manuel Rojas, en las proximidades de La Pezuela, en las afueras de Lares. Los rebeldes  desplegaron la bandera boricua, abolieron el sistema de libretas de jornaleros donde se anotaban las jornadas de trabajo de cada individuo y declararon libres a los esclavos que tomaran las armas contra las autoridades.   Al día siguiente, declararon la República de Puerto Rico y formaron un gobierno provisional  integrado exclusivamente por puertorriqueños  y presidido por Francisco Ramírez Medina.

Los insurrectos se dirigieron hacia el pueblo de San Sebastián de las Vegas del Pepino e intentaron tomarlo. El pequeño pueblo resistió varios ataques de los rebeldes, la llegada de unos soldados del ejército regular hizo que los atacantes derrotados se retiraran hacia Lares. Reunidos en Lares, los dirigentes insurrectos decidieron separarse en pequeñas bandas para practicar una guerra de guerrillas. El ejército español, a las órdenes del Gobernador, Julián Pavía, acabo rápidamente con los insurgentes. Hubo unos 800 detenidos que fueron indultados por el nuevo Gobernador, José Laureano Sanz, en enero de 1869.

El 3 de octubre de 1868, la Junta Provisional Revolucionaria de Madrid encargó al general Serrano la formación de un Gobierno Provisional que administrase el  Estado hasta la reunión de las Cortes Constituyentes. La Junta provisional Revolucionaría de Madrid no consultó sus decisión con las otras juntas que habían sido creadas en otras ciudades.  El Gobierno  de Serrano  quedó constituido el día 8 del mismo mes.

En el Gobierno figuraban los tres artífices de la revolución: además del Presidente Serrano, Prim era Ministro de la Guerra y Topete de la Marina. También formaban parte del Gobierno todos los firmantes del Pacto de Bruselas: Juan Álvarez de Lorenzana y Guerrero como Ministro de Estado, Antonio Romero Ortiz como Ministro de Gracia y Justicia, Laureà Figuerola i Ballester como Ministro de Hacienda, Práxedes Mateo Sagasta como Ministro de Gobernación, Manuel Ruiz Zorrilla como Ministro de Fomento y Adelardo López de Ayala como Ministro de Ultramar. Los demócratas rehusaron entrar en el gobierno porque solo se les ofreció un ministerio.

El Gobierno estaba formado por los líderes de la partida unión liberal, el Presidente y tres ministros más, y del partido progresista con cuatro ministros.

La trama civil de la Revolución había formado las juntas revolucionarias con un ideario muy radical. El primer objetivo del Gobierno Provisional era el control de la Revolución, disolviendo las juntas a base de prometer compensaciones a sus dirigentes. La mayoría de sus miembros se integraron en los nuevos ayuntamientos y diputaciones. Un decreto del Gobierno del 13 de octubre, autorizaba a los miembros de las juntas su conversión en concejales y diputados provinciales. Además, el Gobierno se comprometió a celebrar elecciones municipales cuanto antes. El Gobierno, que  disolvió las juntas asumiendo el ideario democrático de éstas, rechazaba la posibilidad de la vuelta de los Borbones al trono, pero se declaró monárquico.

Fue el partido de la unión liberal quien empezó a hacer claras manifestaciones a favor de la monarquía, rompiendo el pacto con los otros partidos de no hacer manifestaciones monárquicas  antes de la reunión de las Cortes. Los dos partidos del Gobierno estaban convencidos de que las clases populares carecían de educación política necesaria para ser la base de un sistema democrático fundado en el sufragio universal, pensaban que era necesario el contrapeso de la monarquía. Por ello, el Gobierno, olvidando lo pactado en Ostende y en Bruselas, se manifestó a favor de la monarquía  el 25 de octubre de 1868.

No todas las juntas aceptaron disolverse a cambio  de promesas, algunas presentaron resistencia a su disolución como las de Alcoy, Barcelona y Jerez que pretendían una verdadera revolución social. La Junta de Barcelona protestó por no haber sido consultada y por haber dejado fuera del gobierno a los demócratas.

Más complicado para el Gobierno Provisional fue hacer cumplir la orden de desarme de las milicias de Voluntarios de la Libertad. Se produjeron luchas callejeras en algunas ciudades andaluzas como Jerez, Málaga, etc., que obligaron a intervenir al ejército. En otras, como Barcelona y Cádiz, no se logró el desarme hasta finales de año, en  el caso de Cádiz, el gobernador militar se vio obligado a bombardear la ciudad por la Armada. En Burgos, los partidarios de la reina destronada asesinaron a navajazos al nuevo gobernador civil a las puertas de la catedral.

El Gobierno, a demás, tuvo que hacer frente a una creciente conflictividad social. Se produjeron ocupaciones de tierras en las aéreas de latifundio, motines reclamando alimentos y conflictos urbanos relacionados con los salarios. Todos ellos fueron severamente reprimidos.

La política tan severa de mantenimiento del orden fue acompañada del reconocimiento de los derechos y libertadas reclamados por los sublevados de las juntas disueltas, así, una serie de decretos  reconocieron: la libertad de enseñanza (21 de octubre), la libertad de imprenta (23 de octubre), sufragio universal para varones de más de 25 años (1 de noviembre),  derechos de asociación (21 de noviembre), eliminación de los impuestos al consumo (12 de octubre). No pudieron eliminarse las quintas por el estallido de la Guerra de los Diez Años en Cuba.

En la actividad política de estos años  participan cuatro grupos políticos: los unionistas liderados por el general Serrano; los progresistas dirigidos por el general Prim y, después de su asesinato, por Práxedes Mateo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla; los demócratas monárquicos,  llamados “los cimbrios”, encabezados por Cristino Martos y Nicolás Rivero y los republicanos federales mandados por Estanislao Figueras, Francisco Pi i Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Además, el partido moderado se  empezaba a decantar hacia  las posiciones de los alfonsinos dirigidos por Antonio Cánovas del Castillo.

El partido demócrata apostó claramente por la República y cambio su nombre por el de Partido Republicano Demócrata Federal en 1868. La minoría demócrata, que creía compaginable la monarquía con la democracia, se separó del partido demócrata  formando el partido Demócrata Monárquico, “los cimbrios”.

El partido republicano federal, a su vez, estaba dividido en varias tendencias: la más conservadora,  que quería una España unitaria y centralista, la encabezaba Emilio Castelar y la que defendía una España federal,  con una federación pactada de estados regionales históricos, la lideraba Francisco Pi i Margall. Ambas tendencias aceptaban la legalidad y se oponían a la insurrección armada. Además, existía la tendencia llamada “los intransigentes”,  partidarios  de la insurrección armada para construir un Estado Federal de abajo a arriba,  que seguían a José María de Orense. Las bases sociales republicanas estaban en la pequeña burguesía, las clases populares urbanas y el movimiento obrero y campesino.

Los republicanos federales demostraron el apoyo popular de que gozaban en las elecciones municipales, celebradas el 18 de diciembre, donde consiguieron el triunfo en 20 capitales de provincia entre ellas Barcelona, Sevilla, Valencia, etc.

La Hacienda española seguía con los mismos problemas que hemos venido contando desde principios de siglo, si a ello se une los mayores gastos del gobierno salido de la Revolución, la situación  se hacía más difícil de solucionar. El Ministro de Hacienda del Gobierno Provisional, Laureà Figuerola, tomo dos medidas que consideraba necesarias para intentar solucionar el problema.

La primera medida,   promulgada  por decreto del 19 de octubre,  fue la reforma del sistema monetario creando  la peseta como unidad monetaria. La moneda adopto el Sistema Métrico Decimal dividiéndose en 100 céntimos.  Al mismo tiempo, se centraliza todas las cecas, donde se fabricaba y acuñaba monedas, en la ceca de Madrid, el origen de la actual Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM). Además se reemprendió la desamortización parada por los últimos  gobiernos de Narváez.

La segunda medida consistió  hacer las acciones adecuadas para nivelar el presupuesto de forma gradual, eliminando todos los tributos que supusiesen un freno a la libertad de comercio y de circulación de mercancías. Puso en marcha una política de librecambio con el exterior rebajando de aranceles y derechos de aduanas.

El Ministro de Hacienda anuló el impuesto de los derechos de puertas, también llamados consumos, que era una de las reivindicaciones populares más importantes. Era un impuesto indirecto que  gravaba una veintena de artículos y se cobraba al entrar por las puertas de las ciudades. Encarecían el precio final de los productos de primera necesidad. Fueron suprimidos y sustituidos por otro impuesto, la capitación, que deberían pagar  todas las personas mayores de 14 años.  El nuevo impuesto fue tan  impopular como los suprimidos. También se suprimió el estanco de la sal, otra petición popular, pero siguieron los del tabaco y el papel timbrado.

Unos días antes, el 10 de octubre de 1868, estalló una insurrección independentista en la Isla de Cuba dando lugar al mayor problema de España en el último tercio del siglo. Su líder, Carlos Manuel Céspedes, dio el llamado Grito de Yara, un manifiesto de la Junta Revolucionaría de la Isla  en la que se exponían los agravios contra la metrópolis que justificaban la secesión entre los que se encantaban: el rechazo al sistema fiscal, las trabas el libre comercio, el mantenimiento de esclavitud,  la nula capacidad de autogobierno, etc.

Las diferencias entra la sociedad cubana y española eran cada vez mayores. El principal  mercado de los productos cubanos eran los Estados Unidos de Norteamérica  y los potentados cubanos dedicaban más atención a su mercado natural que al español lo que daba lugar a tensiones entre los criollos cubanos y los peninsulares. Por otro lado, la autoridad del Capitán General era equivalente al de un monarca absoluto. Los problemas de la isla no tenían representación, cauce ni respuesta  de las autoridades peninsulares que, además, llevaban todo el siglo dedicadas a resolver sus propias cuestiones internas.

Los independentistas cubanos, contando con el apoyo de Estados Unidos, elaboraron una Constitución propia para la Isla y nombraron a Céspedes como presidente.

Al comenzar la insurrección, el Capitán General de la Isla era el general  Francisco Lerchundi y su jefe de operaciones el general Blas Villate, Conde de Valmaseda. Reorganizaron la división de la Isla en Comandancias Generales para facilitar su control. La guarnición de la Isla se componía de unos 20.000 soldados de los cuales solo eran operativos entre 8.000 y 10.000 debido  a las numerosas bajas por enfermedad.

Una de las consecuencias inmediatas del comienzo de la insurrección cubana fue el incumplimiento de una de las más importantes reivindicaciones de las juntas provisionales de septiembre, la abolición de las odiadas quintas. Las quintas eran los sorteos por el cual un número determinado de los mozos de los pueblos eran destinados al reemplazo anual para el servicio  militar. Se sorteaban en cada pueblo e, inicialmente, se sacaba a suerte  uno de cada cinco mozos.

El gobierno necesitaba soldados para hacer la guerra en Cuba. Prim se vio obligado a abandonar las promesas hechas de suprimirlas. Mientras duro la guerra, España necesitó enviar a Cuba 25.000 soldados, soldados que veían incrementarse el riesgo que corrían al tener que desplazarse y luchar tan lejos de su hogar.   Éste incumplimiento de  lo prometido hizo perder mucha credibilidad popular al Gobierno.

Los republicanos fueron los únicos que  defendieron en las Cortes la abolición de las quintas, mientras que por todas partes se producirán motines contra ellas.

Entre tanto, en diciembre de 1868,  en la principal colonia española del Pacífico, Filipinas, hubo una sublevación en la zona de Cavite – Manila. La sublevación comenzó en el mismo momento en que se conoció los sucesos de septiembre en la metrópolis. El Gobernador, José de la Gándara Navarro, respondió que el sistema político vigente en Filipinas no lo iba a cambiar  pasara lo que pasara en España y acabó con la sublevación. Poco después, en marzo del año siguiente, se nombró un nuevo Gobernador en la persona de Carlos María de la Torre Navacerrada que llegó a Manila el 23 de junio de 1869.

Por decreto de 6 de diciembre, se convocaron elecciones constituyentes a Cortes. En el preámbulo del decreto de convocatoria,  el Gobierno indicaba que se sentiría muy satisfecho si resultasen victoriosos de las urnas los mantenedores del principio monárquico.

Las  elecciones se celebraron entre los días 15 al 18 de enero de 1869 y fueron por sufragio universal masculino directo con circunscripción provincial. Se dividiendo en más de una demarcación aquellas provincias con mayor población, con el resultado de 80 circunscripciones electorales. Los electores eran casi cuatro millones, la mayoría de ellos analfabetos.

La victoria fue para la coalición gubernamental monárquica: unionistas, progresistas y demócratas monárquicos.  Votó el 70% del censo. La composición del Parlamento quedo como sigue: progresistas 159 diputados, unionistas 69, republicanos federales 69, demócratas 20, carlistas 18,  isabelinos o liberales moderados 14 y republicanos unitarios 2. El gran derrotado fue el partido moderado que se quedó sin representación. Aunque los republicanos federales denunciaron injerencias del gobierno en el proceso electoral, y las hubo,  fueron las elecciones más limpias que todas las celebradas durante el reinado de Isabel II.

Las Cortes iniciaron sus sesiones el día 11 de febrero de 1869. En la sesión inicial, el general Serrano fue refrendado como Presidente del Poder Ejecutivo y el demócrata  Nicolás María Rivero fue elegido presidente de las Cortes.

Se  eligió la comisión constitucional encargada de la redacción del proyecto de  la nueva constitución.  De la que formaban parte los líderes progresistas, unionistas y demócratas presididos por Salustiano Olózaga. Quedaron excluidos de la comisión los republicanos federales. La comisión presento, para su discusión  por el pleno, el proyecto de constitución el día 30 de marzo. A primeros del mes siguiente, empezaron las discusiones del proyecto. Fue votada el día 1 de junio y aprobada por las Cortes Constituyentes por 214 votos a favor y 55 en contra. Se promulgó el 6 de junio de 1869.

En  la sesión extraordinaria de las Cortes Constituyentes celebrada el 18 de junio, se nombra al general Francisco Serrano Domínguez Regente del Reino con el tratamiento de Alteza  y con todas las atribuciones que la Constitución de 1869 concede a la Regencia. Quedaban exentas las atribuciones  de sancionar las leyes y de suspender y disolver las Cortes Constituyentes. El mismo día, es nombrado Presidente del Consejo de Ministros el general Juan Prim i Prats.

La Constitución de 1869 será la última de carácter progresista y liberal del Estado Español en mucho tiempo. Se acerca mucho a la Constitución de Cádiz de 1812. Uno de sus apartados más destacados es el sufragio universal masculino de todos los mayores de 25 años, sea cual sea su poder adquisitivo.

La primera cuestión  de la nueva constitución que fue objeto de un duro debate,  entre los partidos del grupo gubernamental y los republicanos federales, fue la forma de gobierno de la Nación Española. Por votación fue elegida la Monarquía como forma de gobierno por 214 votos a favor y 71 en contra, pero una Monarquía con poderes limitados, pues el poder legislativo residía, exclusivamente, en las Cortes. La  nueva Monarquía no establece la Constitución, no contribuye a establecerla, sino que ella es establecida por la norma constitucional, el rey está subordinado a la soberanía nacional. El poder residía en la Nación,   se  reconocía la separación y división  de poderes: el poder legislativo correspondía a las Cortes, el judicial a los Tribunales de Justicia y el Ejecutivo al Rey con responsabilidad de los ministros y los jueces ante las Cortes.

La Corona mantenía muchos poderes propios de una monarquía constitucional entre los que se encontraban: el poder de disolver las Cortes y  el poder de designar y separa gobiernos. Tenía la libertad de sanción, pudiendo aprobar, diferir o desaprobar las decisiones de los ministros. En la práctica, cuando el rey se negaba a la sanción, el gobierno se sentía desautorizado y dimitía. El gobierno lo nombraba la Corona y no el Parlamento.  El gobierno era responsable ante el Congreso y ante el Senado. La Constitución establecía en la jefatura del Estado en un Rey, en consecuencias, el General Serrano fue nombrado Regente mientras el nuevo Presidente del Consejo de Ministros encontraba  un Rey.

El centro del poder reside en las Cortes formadas por un sistema bicameral, el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas  Cámaras eran electivas. El Senado era elegido por un sistema indirecto de elección y con condiciones censitarias de elegibilidad. El Congreso se renovaba cada tres años y el Senado por cuartas partes cada tres años.

Nunca,  en ninguna Constitución anterior, se habían proclamado tan amplia declaración de  derechos y libertadores. El texto recoge, además, de los derechos de asociación,  de juicio por jurados, de sufragio universal  directo y de libertad de culto,  consagra otros  derechos, hasta entonces desconocidos  en nuestras constituciones, como: la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia,  las libertades  de reunión pacífica, de asociación, de circulación, de enseñanza, de expresión, etc. Todos los derechos individuales eran naturales, absolutos e ilegislables.

La libertad de reunión ponía  limitaciones a las asociaciones religiosas y a las asociaciones obreras.  A éstas últimas solo  se les reconocía los objetivos de la educación y la asistencia mutua.

En cuanto a la cuestión religiosa, la Constitución estableció la tolerancia religiosa por primera vez en una Constitución española, en  la nonata de 1865 si figuraba la tolerancia religiosa pero no se llegó a promulgar. En el artículo 21, Titulo Primero de los Españoles y sus derechos,  se puede  leer: “La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantido a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones  que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión  que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior”. Obviamente éste articulo levantó  las protestas de los diputados carlista y de la jerarquía católica.

A pesar de todo lo que la Constitución recogía, ésta no contentó a casi nadie, los republicanos se oponían al principio monárquico, los católicos a la libertad religiosa, los librepensadores al mantenimiento del culto. A unos les pareció demasiado avanzada y a otros muy tímida.

Joaquín de la Santa Cinta, Ingeniero aeronáutico, economista e historiador