Perú es uno de los diez países de América Latina con más criminalidad y delincuencia organizada de acuerdo al Índice Global de Crimen Organizado 2023. Y es que, en los últimos años, en el Perú, se han incrementado exponencialmente los números referidos a los delitos. Por ejemplo, de acuerdo a un reporte de la Policía Nacional del Perú y de IDL Reporteros, en el 2019 se denunciaron poco más de mil casos de extorsión; pero, en 2023, se denunciaron más de siete mil.
Encender la televisión y ver casos de homicidio, secuestros, robos y extorsión se ha convertido en algo de cada día. Al menos un 80% de los peruanos se siente expuesto a la delincuencia, de acuerdo a una encuesta de IPSOS. El que se haya discutido la posibilidad de implementar el “Plan Bukele” en Perú, o que se haya optado por declarar en Estado de Emergencia en distritos como Lince o San Martín de Porres dice mucho respecto a la inseguridad ciudadana.
Pero, la criminalidad también implica el tráfico de armas, drogas, minería ilegal y, sobre todo, los constantes delitos de corrupción en torno al Estado peruano. Erika Solís, abogada investigadora del Equipo Anticorrupción del IDEHPUCP, analiza la compleja situación de la criminalidad en el Perú, destacando la confusión entre bandas criminales y crimen organizado, así como los desafíos del sistema de justicia para adaptarse a las nuevas modalidades delictivas.
En comparación con años anteriores, ¿qué tanto percibe que ha aumentado la criminalidad?
Es difícil evaluar el nivel de criminalidad sin una comprensión clara de lo que realmente constituye el crimen organizado. Actualmente, los medios de comunicación tienden a destacar los delitos asociados con el crimen organizado, pero en realidad se refieren a actividades perpetradas por bandas criminales, no necesariamente a crimen organizado según lo define el código penal. Estas bandas han existido durante mucho tiempo, pero lo que ha cambiado es la intensidad de la violencia que emplean. La falta de datos concretos sobre la incidencia del crimen organizado en el país se debe, en gran medida, a la confusión jurídica entre bandas criminales y crimen organizado. Esto conduce a una etiqueta de «criminalidad organizada» aplicada a una amplia gama de delitos que involucran diversos actores delictivos. Más allá de un aumento en los números del crimen organizado, lo que vemos es un incremento en la violencia asociada. Esto ha llevado a una mayor cobertura mediática y a una percepción amplificada de esta dinámica criminal. Aunque la violencia no es algo nuevo, ahora se manifiesta más abiertamente en las calles, especialmente en Lima, y se observa una expansión geográfica de las actividades de las bandas criminales. Además, se están formando redes entre estas bandas, incluso con la participación de grupos criminales de otros países, lo que no implica que este tipo de actividad no haya existido previamente en nuestro país.
¿Cuál es la diferencia entre banda y organización criminal?
La organización criminal es una figura más compleja: requiere la participación de más de tres personas y actividades organizadas específicas que perduran en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, se vio una estructura bien definida donde se pudo notar quién financiaba, quién operaba cada función y cuáles eran los individuos que cometían los ilícitos. En contraste, las bandas criminales son más reducidas, no necesitan más de dos personas, y no implican la imputación de funciones específicas, sino que representan una pluralidad de agentes que cometen delitos. Desde la perspectiva del Derecho Penal, incluso requieren menos elementos para su imputación.
Sin embargo, adoptar el enfoque de la organización criminal puede complicar los casos y llevar a un desarrollo más lento e incluso al archivo de muchos de ellos. Fuera del ámbito judicial, en la vida cotidiana, tanto las bandas criminales como las organizaciones criminales se consideran parte del crimen organizado. La problemática en nuestro país, y en la región en general radica en la detección y la investigación, las cuales no están siendo tan eficaces como se desearía.
La criminalidad organizada tiene una estrecha relación con el tráfico de armas, drogas, minería ilegal, etc. ¿La tipificación de los delitos en la regulación nacional son acordes a las nuevas modalidades delictivas?
El derecho penal, como rama del derecho, tiende a ser menos ágil en adaptarse a la realidad cambiante. Actualmente, con fenómenos como la globalización y la migración, por ejemplo, la vida se mueve mucho más rápido que la elaboración y actualización del tipo penal. Todas las formas de organización que tiene la criminalidad siempre van a ir por delante del tipo penal. Por ello, es importante no solo realizar una lectura literal de los artículos, sino también incorporar elementos jurisprudenciales y dogmáticos que permitan comprender estas formas jurídicas que operan dentro del crimen organizado.
Ahora tenemos nuevas formas de operar del crimen organizado, como con los delitos cibernéticos, ¿Cuán preparado se encuentra el sistema de justicia para enfrentar a este tipo de delitos?
El sistema de justicia requiere un impulso considerable, no solo a nivel presupuestario, sino también político y en términos de especialización. La integración de nuevas tecnologías en el crimen organizado es un aspecto poco desarrollado en la región. Por ejemplo, en una investigación que estoy realizando sobre tráfico de migrantes en Chile, se destacaba la necesidad de una mayor capacitación en estas nuevas formas de cometer ilícitos. En el Perú, en algunos casos se requerían más capacitaciones relacionadas con la tipificación y cómo abordar el tema del crimen organizado y sus actividades ilícitas. Yo considero que es esencial abordar tanto los fundamentos de la tipificación y la investigación, como identificar los métodos utilizados para cometer estos ilícitos. Hasta el día de hoy, el sistema de justicia en el Perú sigue siendo bastante lento y no aborda adecuadamente estos aspectos. A pesar de que se ha comenzado a abordar la cibercriminalidad, en muchos casos se trata de forma independiente de otras formas de delincuencia, como el crimen organizado, el lavado de activos y la extorsión, que están estrechamente interrelacionadas.
No se puede trabajar la problemática de la criminalidad organizada sin abordar otras dinámicas criminales como la corrupción, la trata de personas o la migración en términos de tráfico ilícito de migrantes. Todas estas aristas de criminalidad se unen y convergen. El crimen organizado no opera solo, de hecho, este realiza acciones diferenciadas. Por ejemplo, las herramientas tecnológicas que son importantes para comunicarnos en cualquier parte del mundo también han hecho que delitos como la trata de personas se lleven a cabo con individuos fuera de un entorno local.
La criminalidad organizada es como una medusa a la que le quitas una cabeza y rápidamente le crece otra. Tiene una capacidad de organización rápida y su capacidad de resiliencia es bastante fuerte, lo que muchas veces nuestro Sistema de Justicia no tiene debido a muchos factores: escasez presupuestal, mirada política a otros problemas, constantes cambios institucionales, y, sobre todo, el gran problema de la corrupción en todo el sistema operativo estatal.
Es innegable la relación entre la criminalidad organizada y la corrupción en el país. Recordemos, por ejemplo, que el caso “Cuellos Blancos del Puerto” surgió a partir de una revelación de audios-producto de interceptaciones telefónicas lícitas que tuvieron origen en una investigación previa vinculada al crimen organizado, por delitos como narcotráfico y sicariato que involucraban a jueces y fiscales. ¿Qué medidas preventivas se pueden realizar para romper la cadena de corrupción que involucra a todo el sistema de justicia?
Es crucial comprender que el problema de la corrupción no se limita al sistema de justicia, sino que también involucra a la sociedad y a los actores privados. El caso de «Los Cuellos Blancos», si bien se desarrolló al interior del Sistema de Justicia, también implicó la participación de individuos externos que se benefician del mismo sistema. Lo mismo ocurrió con casos como “Odebrecht” o “El club de la construcción”, donde hubo una convergencia entre actores públicos y privados. Es fundamental crear conciencia, no solo a través de capacitación, sino también mediante la sensibilización en el sistema judicial, no solo basándonos en números. Detrás de estas cifras hay realidades humanas, como escuelas no construidas, programas sociales no implementados y personas en situaciones de pobreza o desventaja estructural que necesitaban esas inversiones. Durante mucho tiempo, hemos visto una serie de casos en el sistema judicial, uno tras otro, pero estos solo representan una fracción de la realidad, ya que existe una cifra negra considerable de casos no detectados. Aquí es donde podríamos considerar reestructurar áreas y enfocarnos en la sensibilización y capacitación. Sin embargo, también es esencial considerar el papel de la sociedad civil: cómo puede identificar y denunciar actos corruptos, promover la ética y organizarse comunitariamente en diversos sectores. La participación activa de la sociedad civil es crucial, ya que, sin ella, es difícil abordar eficazmente la corrupción no solo a nivel público, sino también como comunidad.
Estas últimas semanas, en las cárceles de Ecuador, se produjeron secuestros en televisión en vivo y asaltos a hospitales y comisarías, así como la ejecución de policías y guardias penitenciarios. Ante esto, el ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Loffredo, declaró: “Si se meten con la población, se meten con las Fuerzas Armadas». ¿Qué tan eficaz es militarizar la lucha contra la criminalidad organizada?
Es difícil decir si es eficaz o no. Es una medida a corto plazo que se está aplicando en muchos países de una manera que sobrepasa el respeto por los derechos humanos y las garantías que tienen todas las personas en un país en democracia.
La criminalidad organizada operaba mucho antes de los problemas actuales en Ecuador. El verdadero desafío no radica en la cantidad de represión que se ejerce, sino en la eficacia de las medidas tomadas para poner fin a esta situación, algo que no parece estar sucediendo. La militarización simplemente desplaza la criminalidad, creando una falsa sensación de seguridad para las personas afectadas por estas actividades ilícitas. Es importante destacar que las Fuerzas Armadas no cuentan con los recursos suficientes para garantizar una presencia total y constante en todos los lugares. Aunque Ecuador ha implementado políticas de mano dura, esta no es una medida nueva y tampoco ha sido efectiva en otros países, como Estados Unidos, donde no ha logrado reducir la criminalidad ni la violencia. La criminalidad es un problema arraigado en problemas estructurales regionales y, en el caso de Ecuador, la represión puede reducir temporalmente los índices de criminalidad, pero no aborda las causas fundamentales.
¿Los Estados de Emergencia han sido útiles para combatir el crimen organizado?
No son eficaces. La implementación de estados de emergencia, tanto durante la pandemia de COVID-19 como en diversos distritos en durante 2023, no ha logrado reducir la criminalidad. Esta medida se percibe como una respuesta pasiva ante el crimen, ya que existen enfoques más activos de investigación que podrían ser más efectivos. Aunque el estado de emergencia puede generar una sensación de seguridad en la población, esto no garantiza una protección real. Por ejemplo, la presencia de cámaras de vigilancia puede crear la ilusión de que alguien está supervisando, pero estas cámaras podrían no estar funcionando correctamente. Es necesario emplear estrategias más robustas y sostenibles en el tiempo, aunque requieran más recursos financieros e institucionales.
Ante la crisis de violencia que atraviesa Ecuador, Perú ha optado por realizar operativos masivos en las 68 cárceles de su territorio en un intento por prevenir un estallido armado similar. ¿Cuánto podría ayudar esta medida para evitar las conexiones entre el crimen organizado y los penales?
Son acciones inmediatas. En una cárcel no hay seguridad permanentemente, no debido a que no se de un buen servicio, sino porque se destina, por ejemplo, once efectivos para una cárcel de mil personas. Se hace una tarea titánica el poder sostener la seguridad. En estos entornos, ocurren innumerables actividades que una requisa o un operativo momentáneo no pueden cambiar de manera significativa.
Es crucial entender que abordar eficazmente estos problemas requiere políticas y acciones continuas y sostenidas en el tiempo. No basta con realizar operativos esporádicos de un día o dos. Además, la viabilidad de mantener estos operativos a gran escala en Ecuador es incierta, dada la limitación de recursos presupuestarios, de personal y de capacidad de gestión de la información.
Aunque la confiscación de objetos ilícitos puede temporalmente reducir la actividad delictiva en las cárceles, esta medida no es constante ni permanente. Es posible que se logre evitar temporalmente llamadas telefónicas, peleas o el ingreso de nuevas armas, pero estas actividades pueden reanudarse una vez que el operativo concluye. Los operativos masivos en las cárceles pueden proporcionar una sensación temporal de seguridad, pero no ofrecen una solución integral y sostenible. Es más de lo de siempre: una medida inmediatista.
