La Audiencia Nacional ha absuelto este miércoles al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, juzgado por blanqueo y que permaneció 22 meses en prisión preventiva. La pertinencia de esta medida cautelar, que afecta actualmente a otras personas conocidas como, por ejemplo, algunos de los acusados en el juicio del 'procés', ha vuelto al debate público, así como la posibilidad, muy restringida, de ser resarcido con una indemnización.

Es una medida cautelar personal que puede tomar un juez durante la instrucción de una causa o tras una sentencia, hasta que esta sea firme. Es temporal y, si el procesado es finalmente condenado por el delito del que se le acusa, el tiempo pasado en la cárcel se resta de la pena definitiva de prisión. Se trata de una medida de carácter extraordinario y tiene que decretarse mediante un auto motivado. Puede ser con o sin fianza e incomunicada.

Sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia, se puede tomar esta medida, en primer lugar, si el delito del que se acusa a la persona implica una pena de prisión de dos años o más (si es menos, se tienen en cuenta los antecedentes penales). Asimismo, el juez puede decretar prisión preventiva si aprecia serios indicios de la comisión del delito, si cree que hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas o si piensa que se puede volver a cometer el mismo delito u otros.

En principio y en términos generales, mientras los motivos anteriores sigan vigentes (tiempo imprescindible). En todo caso, si solo existe un riesgo de destrucción de pruebas, el tiempo máximo es de seis meses. Y si hay riesgo de fuga o de comisión de delitos hay unos tiempos máximos de: de un año, con posibilidad de prórroga de seis meses si el juicio se demora (esto en el caso de delitos castigados con pena igual o inferior a tres años); o de dos años, con posibilidad de prórroga de otros dos (pena superior a tres años). Si el autor ya ha sido condenado, la prisión podrá prorrogarse "hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando esta hubiere sido recurrida", según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Existe la posibilidad de reclamar una indemnización, pero no en todos los casos. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 294.1, dice que solo tendrán derecho a ella aquellos absueltos "por inexistencia del hecho imputado" o los que hayan recibido un "sobreseimiento libre", y siempre que hayan sufrido perjuicio. También lo dicen sentencias del Supremo. Esto, en la práctica, hace que muy pocos absueltos en una causa tengan derecho a reclamar, ya que, por ejemplo, la falta de pruebas para condenar a una persona no implica que el delito no haya existido. A no ser que exista una "declaración previa de error judicial".

Precisamente, el Tribunal Constitucional está estudiando flexibilizar las restricciones anteriores. Él mismo se planteó y admitió a trámite una "cuestión interna de inconstitucionalidad" después que en 2012 le llegara el recurso de amparo de un hombre que había pasado 358 días en la cárcel, fue posteriormente absuelto junto a otros acusados de los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones y se le negó la indemnización, según avanzó El Mundo. En un auto de 2018, el Tribunal ya avanzó que el artículo 294.1 podría suponer un "trato diferenciado" entre condenados y que este caso podría "aclarar o cambiar" su propia doctrina al respecto: no solo para que se incluyera la inexistencia "objetiva" del hecho, sino también la "subjetiva". El tema está todavía "pendiente de decisión" y no hay plazo estimado para la misma, explican fuentes del tribunal a 20minutos.

No hay una cantidad fija. La LOPJ dice que "se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido".

En 2018 había 9.205, 8.425 hombres y 780 mujeres, según la Estadística penitenciaria del CGPJ. Entre ellos, algunos acusados en el juicio del procés.

En 2018 se iniciaron 104 expedientes de responsabilidad patrimonial por prisión preventiva; solo se estimó uno. En 2017 se iniciaron 122 y se estimaron 7.

Hay que acudir al Ministerio de Justicia. El plazo es de un año desde que la sentencia es considerada firme. Se presenta -presencialmente o por correo- un formulario que hay que acompañar con diversa documentación -datos del reclamante, autos de prisión y libertad, sentencia absolutoria, etc- y en el que se debe concretar la cuantía que se pide.

El expresidente del FC Barcelona, absuelto este miércoles, ha pasado 22 meses en prisión y se enfrentaba a 6 años de cárcel por blanqueo. La sentencia dice que "no se han podido acreditar las acusaciones y, por tanto, ante las dudas sembradas, debe primar el principio de in dubio pro reo (si hay dudas, se falla a favor del acusado)". "Nos quedan, al menos, dudas, tanto en relación con la ilegalidad de las comisiones (soborno) como respecto de las sospechas apuntadas sobre las distintas sociedades", añade. La Audiencia Nacional no dice que el delito no existiera, solo que tiene dudas razonables sobre lo que el Ministerio Fiscal le ha planteado. Y considera que la prisión preventiva no vulneró ni el derecho de defensa de Rosell ni su presunción de inocencia.

Por su parte, el abogado defensor de Rosell, Paul Molins, ha tildado de "abusiva y desproporcionada" la medida, que fue adoptada en la instrucción por la juez Lamela, y ha dicho que su figura debe replantearse, ya que existen "otras medidas menos gravosas con las que se puede conseguir el mismo resultado".