Uno de los elementos centrales de la política curricular planteados en el documento de trabajo Marco curricular y Plan de estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana tiene que ver con los profesionales de la educación y particularmente con la revalorización docente.
En este punto, se reconoce, tomando como base el artículo tercero constitucional, a las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y su contribución a la transformación social.
Con la finalidad de profundizar en el sentido de estas ideas, es necesario distanciarnos del vacío que provoca su finalidad discursiva política y centrarnos en la esencia de lo que implica la profesionalización y la revalorización docente.
Independientemente de su proceso formativo inicial, quienes se desarrollen en el ámbito educativo en actividad pedagógica-didáctica y/o de gestión, particularmente las maestras y maestros en sus distintas funciones (docencia, dirección, supervisión, apoyo técnico) tienen el reconocimiento de ser profesionales de la educación (término incorporado al discurso político-educativo desde la década de los noventa del siglo pasado). Por profesional de la educación se concibe al sujeto que tiene las cualidades del saber, saber-hacer y valer en un equilibrio que se expresa en su actuar cotidiano.
Es un profesional que conoce los fundamentos del currículum vigente; desarrolla estrategias metodológicas-didácticas y de evaluación acorde a las situaciones educativas de su entorno; conoce y utiliza los saberes científicos, humanísticos y tecnológicos del campo educativo que apoyen sus capacidades en la construcción de propuestas innovadoras en su ámbito de acción, con responsabilidad y visión prospectiva.
Diseña, organiza y pone en práctica estrategias sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que le permita desempeñarse como profesional crítico, creativo y autónomo; y se desempeña profesionalmente en tareas y responsabilidades con una adecuada ponderación de sus posibilidades de acción individual y colectiva.
Si partimos de la anterior idea de profesional de la educación, una política y proceso de revalorización debe ser acorde a ello. La revalorización de los docentes debe dejar de ser el centro de los discursos político-educativos y político-sindicales para expresarse en acciones concretas que reconozcan la labor de las maestras y maestros en dos sentidos: el pedagógico-social y el político-institucional.
El primero de ellos debe procurar el fortalecimiento de la formación inicial y formación permanente con propuestas que debidamente elaboradas que ofrezcan a los futuros docentes los elementos filosóficos, históricos, pedagógicos, didácticos, políticos y culturales sobre el campo educativo, que les permita comprender la tarea docente en todo su sentido social y político. Y que ofrezca a los docentes en servicio, programas formativos en una lógica racional comprensiva que los lleve a reflexionar y actuar permanentemente en su práctica. La capacitación y actualización ligera y relajada debe ser desechada de estos programas formativos, más aún si no esta articulada, con sentido, al currículum vigente.
El segundo de ellos, tiene que ver con mejorar las condiciones del trabajo docente. El destino final del gran parte del presupuesto educativo debe ser el equipamiento y mejora de la infraestructura escolar, con un ejercicio presupuestal racional y equitativo.
Es necesario también replantear los criterios para el número de alumnos por grupo y número de alumnos por docente (en el caso del nivel de secundaria). Recordemos que la lógica de concreción de las teorías de aprendizaje y de enseñanza no son acordes a grupos numerosos.
A lo anterior se suma la enorme necesidad de replantear la política salarial del magisterio y revisar la política de “bonos” y “estímulos” que sólo han llevado a un estancamiento del salario y de su poder adquisitivo.
Por otra parte, la revalorización en un sentido estricto implica el respeto social a la labor de las maestras y maestros. Los embates mediáticos de los años recientes colocaron al magisterio como una de las profesiones más desvalorizadas socialmente, con las consecuencias naturales en el desempeño de la función: enojo, molestia, desmotivación, estrés, etc.
La profesión docente merece un respeto social y recuperarlo y revalorizarlo es tarea conjunta. Los docentes debemos asumir nuestra profesión con compromiso y responsabilidad social en todos y cada uno de los días que trabajemos con nuestros alumnos; las autoridades educativas deben procurar el cumplimiento y mejora de las condiciones institucionales para un buen ejercicio de la labor; las madres y padres de familia deben articular sus esfuerzos con la tarea docente en beneficio de sus hijos; la sociedad en conjunto debe coadyuvar para que la tarea docente se consolide y sea más productiva. No olvidemos que la educación es tarea de todos y la formación de una mejor ciudadanía nos compete por igual.
Alfonso Torres Hernández
