Ahora que se ha puesto de moda hablar de la brecha que hay entre la justicia, la ley y sus instituciones, sería buen momento para regresar al sistema de justicia que prevaleció en el país durante seis largas décadas y que fue abolido en 1929
El jurado popular desapareció en México en 1929, como reacción directa al juicio que sentenció a muerte a León Toral, el asesino confeso del candidato presidencial Álvaro Obregón. Su abolición entregó la justicia a unos cuantos individuos que, desde entonces, han monopolizado la interpretación de la ley penal. Ahora que se ha puesto de moda hablar de la brecha que hay entre la justicia, la ley y sus instituciones sería buen momento para regresar al sistema de jurados que prevaleció en el país durante seis largas décadas.
Los testigos que vieron a León Toral cometer el homicidio de Obregón no le arrebataron al momento la vida porque comprendieron que era crucial saber quién estaba detrás de sus actos y cuáles habían sido las motivaciones de ese crimen.
El asesino confesó así que no representó ningún problema indiciarlo. Más difícil fue definir el delito que había cometido, porque según las leyes de la época la pena que iba a caer sobre Toral sería muy distinta si el jurado determinaba que se había tratado de un homicidio común o de una ejecución con propósitos políticos. La paradoja merece mencionarse. Si se probaba la motivación política, de acuerdo con el texto constitucional de la época, no podría ser ejecutado. En cambio, de corroborarse que Toral había cometido un homicidio común, con agravantes, entonces le esperaba la pena de muerte.
El juicio dio comienzo la mañana del viernes 2 de noviembre de 1928. Habían transcurrido casi cuatro meses desde que Obregón perdiera la vida en un restaurante al sur de la ciudad. El lugar del asesinato determinó la dirección de la sala de audiencias donde Toral iba a explicar sus motivaciones y también el domicilio de los vecinos que participarían como integrantes del jurado. La sala de reuniones del cabildo del ayuntamiento de San Ángel se convirtió en el escenario de una obra que iba a ser transmitida en tiempo real por la radio pública y cubierta con la mayor acuciosidad por los periódicos de la época.
De acuerdo con el historiador Pablo Piccato, “si bien no cabía la menor duda de la culpabilidad de Toral, el juicio hipnotizó a la nación”. En su libro Historia Nacional de la Infamia, publicado en 2020, se recrean magistralmente los argumentos sociológicos detrás de este juicio que marcó, como pocos, el porvenir del país.
Entre los integrantes del jurado había un par de dueños de pulquerías próximas a la sala del cabildo, también participaron obreros de la industria textil, como el señor Cruz Licea que, cuando fue entrevistado por la prensa, se comprometió a resolver el caso apegándose a los criterios de su propia conciencia.
El abogado Demetrio Sodi fue el defensor de Toral y Juan Correa Nieto, procurador de Justicia de la Ciudad de México, actuó como fiscal. Sin embargo, no serían estos señores, tampoco el juez, quienes iban a atraer mayormente la atención del público.
La gente común se identificó con el jurado y por eso el acusado se dirigió cada vez que tuvo uso de la palabra a ese grupo selecto de personas que eran la representación concreta de un pueblo que, afuera de ese edificio, se interesó masivamente en esta tragedia.
Afirma Piccato que Plutarco Elías Calles, presidente en funciones, había tomado la decisión de procesar a Toral de una manera ejemplar porque quería evitar, a toda costa, que se repitiera el nacimiento de un mártir, como sucedió con el padre Miguel Agustín Pro, quien un par de años antes también había intentado asesinar a Álvaro Obregón. Políticamente fue un error haberle fusilado sin derecho a juicio. En contraste, esta vez había que dejar que el público debatiera, escuchara argumentos, tomara un lugar en la discusión y coincidiera, a la postre, con la sentencia emitida por un jurado de gente común.
Con este mismo propósito, desde la presidencia se instruyó a Radio Educación para que cubriera en vivo el evento y también se promovió que los diarios de la época reportaran con sus fotografías, sus artículos y sus caricaturas hasta el más pequeño de los detalles del juicio.
Junto con León Toral también fue imputada la madre Concepción Acevedo de la Llata, mejor conocida como la madre Conchita. Si bien el asesino material aceptó haberse inspirado en algunas ideas de esta mujer, en sus declaraciones fue cuidadoso a la hora de exculparla. Una cosa era haberse hospedado en el convento clandestino que ella dirigía y otra muy distinta que él hubiese sido el ejecutor de una conspiración maquinada por aquella religiosa.
Con todo, Toral se esmeró en convencer al jurado de que él no era un homicida común. Afirmó, mirando a los ojos a cada jurado, que no movió el odio su proceder, ni tuvo nunca aversión personal contra el occiso. Si había asesinado al general sonorense fue por la convicción de que solo con su muerte México podría ofrecer libertad religiosa para la población católica practicante.
Guiado por el interrogatorio de su abogado defensor, el asesino justificó políticamente sus actos. La única manera de que Cristo reinara de nuevo en el país era concluir con la guerra religiosa emprendida por el gobierno. Para ello supuso Toral indispensable que Obregón no pudiera cruzarse de nuevo sobre el pecho la banda presidencial.
Fue en este punto donde las cosas comenzaron a salirse del cauce planeado. Toral debía ser ejecutado, después de recibir una sentencia condenatoria dictada por el jurado popular. Sin embargo, las intervenciones del asesino, que se escucharon con mucha atención fuera y dentro de la sala del cabildo de San Ángel, estuvieron a punto de convencer de que el suyo había sido un asesinato político y no un homicidio cualquiera.
En el transcurso del juicio, Radio Educación recibió de nuevo instrucciones, esta vez para que dejara de transmitir y algo parecido sucedió con los periódicos que se habían comprometido a cubrir con rigor este proceso penal. Calles y su gabinete habrán temido que el argumento político detrás del homicidio pudiese triunfar y con ello Toral se iba a salvar de la horca.
El final de esta historia es bien conocido. Toral fue condenado a muerte y la madre Conchita enviada a las Islas Marías por su presunta complicidad en el asesinato de Álvaro Obregón. La tentación por arrancar de las manos del jurado la sentencia fue demasiado grande. La política autoritaria debía coincidir con una impartición de justicia también autoritaria y tal cosa era incompatible con la institución del jurado popular.
Un año después de este juicio se promulgó un nuevo Código Penal para el Distrito Federal en el cual quedaron abolidos los jurados. Esta decisión devolvió el monopolio de la justicia a los jueces y sus oscuras oficinas. Quizá haya llegado el día en que, para sacarla de ahí, México deba recuperar del cajón de su historia la figura del jurado popular. Como solución sería mucho más inteligente y garante de legitimidad que la propuesta de someter a las urnas el nombramiento de los jueces.
