Sí, hay una mano humana detrás del devastador efecto de las inundaciones en Brasil

Desde hace días el mundo asiste atónito a unos de los mayores desastres medioambientales de Brasil. Las lluvias más intensas que se recuerdan han devastado Rio Grande do Sul, uno de los Estados más prósperos de este país latinoamericano. El año pasado, ocupaba el cuarto lugar en el ránking nacional de mayor renta per cápita, que analiza los 27 Estados federados. Ahora, con el 70% de su territorio inundado, esta región suma al menos 126 muertos, 1,9 millones de afectados, 395.000 desplazados y 441 ciudades bajo el agua.

A todos los efectos, se ha tratado de un evento climático extremo, originado según los expertos por una mezcla de varios factores, que van desde el cambio climático hasta el fenómeno meteorológico de El Niño, junto a una coyuntura desfavorable que combina lluvias de una intensidad fuera de lo común y una masa de aire caliente en el centro de Brasil que impide el paso de las nubes. Sin embargo, la devastación de este territorio, que va a obligar a varias ciudades a cambiar de lugar, no se debe solo a causas naturales.

El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fue alertado en más de una ocasión sobre el riesgo de una tragedia ambiental sin precedentes, pero hizo oídos sordos. Concretamente, un diputado del Partido de los Trabajadores (PT), la formación política fundada en 1980 por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presentó en agosto de 2023 un informe con distintas propuestas para combatir los efectos del cambio climático en varios municipios de este Estado. "Una de ellas era hacer más inversión en las áreas de prevención y de la Protección Civil. También pedimos que hubiese una legislación más estricta en el tema de preservación ambiental", señala el diputado Adão Pretto Filho, coordinador de este estudio.

La mayoría de las medidas sugeridas no fue adoptada, algo que impidió reducir el impacto de este cataclismo. Pero el gobernador no es el único responsable de esta tragedia, según la oposición. El año pasado, el Ayuntamiento de Porto Alegre, la capital de Rio Grande do Sul, no hizo ninguna inversión en la prevención de las inundaciones, según revela una investigación llevada a cabo por un diario brasileño y basada en datos del Portal de Transparencia. Y eso a pesar de que, en 2023, este Estado sufrió tres ciclones extratropicales, que dejaron un rastro de destrucción y 80 fallecidos.

TE PUEDE INTERESAR

Brasil enfrenta dos epidemias al mismo tiempo: el dengue y los antivacunas

Valeria Saccone. Río de Janeiro

El alcalde de Porto Alegre, Sebastião Melo, también es acusado de haber desmontado el Departamento Municipal de Aguas y Alcantarillado, que en los últimos años perdió la mitad de sus empleados. A pesar de esta dramática reducción, Melo se habría negado a hacer nuevas contrataciones. Por su parte, el alcalde ha contestado esta información y ha asegurado que en 2023 invirtió cerca de 20 millones de euros en obras para prevenir las inundaciones. Al margen de la diatriba entre políticos y periodistas, llama la atención un detalle: el vicealcalde de esta ciudad, Ricardo Gomes, es un reconocido negacionista, ligado a la productora Brasil Paralelo. Se trata de una plataforma multimedia conocida por difundir contenidos que niegan el cambio climático. Desde su canal de YouTube, Gomes ha rechazado en distintas ocasiones la tesis del calentamiento global o de la responsabilidad humana por la crisis climática, que tilda de "mentira".

Mientras tanto, desde el mundo académico se han levantado cada vez más voces que denuncian la negligencia de las autoridades locales. En opinión de Gean Paulo Michel, profesor del Instituto de Investigaciones Hidráulicas (IPH) de la UFRGS, el sistema de contención de agua en Porto Alegre no pudo soportar el nivel de agua del río Guaíba, que por primera vez en la historia superó los cinco metros, debido a la falta de manutención de los 68 kilómetros de diques, muros de contención, compuertas y bombas, construidos en la década de 1960 para proteger la ciudad. Esta situación de abandono a lo largo de las décadas es considerado un factor decisivo que empeoró las inundaciones.

Otro elemento que contribuyó a la magnitud del desastre es la relajación de la legislación que regula la licitación de obras públicas. El gobernador Eduardo Leite recortó y modificó 480 puntos del Código Ambiental de su Estado en 2019, en su primer año de mandato. A pesar de casi una década de intensos debates, Leite optó por flexibilizar los requisitos para la concesión de licencias ambientales e introdujo la autocertificación. La reforma fue aprobada en un tiempo récord y dejó en pie de guerra a los ambientalistas, que en aquel entonces denunciaron fallos en el nuevo Código Ambiental y el favorecimiento de los intereses empresariales.

Para el presidente de la Asociación Gaúcha para la Protección del Medio Ambiente Natural (Agapan), Francisco Milanez, se produjo un retroceso de 40 años en la legislación ambiental de este Estado. Otros expertos criticaron la reducción de las medidas de protección en zonas sensibles, la externalización de la inspección, la liberalización de la tala de árboles y la explotación salvaje de los recursos naturales.

En su momento, el Gobierno de Leite defendió el proyecto como una "modernización necesaria para equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico", argumentando que los cambios brindarían mayor seguridad jurídica y fomentarían la participación de la sociedad. Las inundaciones que en la actualidad devastan la región metropolitana de Porto Alegre y la gran mayoría de las ciudades gaúchas han devuelto actualidad al debate sobre la relación entre políticas ambientales y desastres naturales. Entidades como Agapan piden con urgencia acciones concretas para enfrentar la crisis climática, incluida la restauración de áreas de conservación y la recuperación del entorno natural de los ríos.

Como si todo eso no fuese suficiente, este año se espera la aprobación de nuevas medidas que podrían relajar aún más las regulaciones ambientales previstas en el plan de Leite, como la construcción de represas en áreas de preservación permanente. Esta eventualidad ha generado preocupación e indignación entre los defensores del medio ambiente. No se trata de un caso aislado: hace exactamente un año, el Congreso de los Diputados, de mayoría conservadora, ablandó el Código Forestal nacional y estableció nuevas reglas que contribuyen a la deforestación de áreas protegidas en todo el país.

En medio de este escenario, en las redes sociales ha sido lanzada una virulenta campaña de desinformación, que de facto está obstaculizando la llegada de ayudas a los afectados. Entre las principales fake news, cabe destacar la (falsa) exigencia por parte de Hacienda de facturas, que estaría impidiendo la entrada de camiones con donaciones a Rio Grande do Sul; y el bulo de que habría niños flotando en las aguas de algunos ríos por falta de ayuda de las autoridades.

"La difusión de información falsa sobre la tragedia de Rio Grande do Sul, que dificulta la prestación de asistencia a las víctimas, se ve alimentada por la percepción inicial de que la reacción del Gobierno de Lula ante la tragedia ha sido bien evaluada. Sí, una parte de los que se dicen patriotas difunden mentiras que afectan la vida de otros brasileños simplemente para evitar que su oponente político sea visto como alguien que respondió al caos", escribe el columnista Leonardo Sakamoto.

La apertura de una investigación oficial por parte de la Policía Federal no ha impedido que políticos de renombre, como el gobernador del Estado de Santa Catarina, sigan difundiendo mentiras sobre el mayor desastre ambiental de esta región. Jorginho Mello, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, publicó un video en el que afirma que los camiones de suministros provenientes de su Estado y con destino a Rio Grande do Sul fueron detenidos y multados en los controles en las carreteras, algo que calificó de "vergonzoso". La información ha sido desmentida públicamente por la Agencia Nacional de Transportes Terrestres.

Ante esta situación catastrófica, el Gobierno federal liderado por Lula ha anunciado ayudas por un valor de 51.000 millones de reales (unos 9.167 millones de euros), destinadas a la reconstrucción. Esto acontece en medio a una ola de saqueos, que ha llevado a muchas víctimas a no querer dejar sus casas inundadas por miedo a perderlo todo. Además, se han registrado los primeros casos de corrupción e intentos de desvío de dinero público. De hecho, la Fiscalía general de Rio Grande do Sul está investigando algunos municipios que han declarado la calamidad pública sin verse realmente afectados por las inundaciones.

En medio del caos, ni siquiera los abrigos para los desalojados son seguros. Esta semana, el Ayuntamiento de Porto Alegre ha anunciado la creación de albergues destinados exclusivamente a mujeres y niños, tras la detención de seis hombres sospechosos de cometer abusos y violaciones. Estos centros contarán con vigilancia privada.

En el extremo opuesto, están los millares de brasileños anónimos que se han volcado en la red de solidaridad y que están enviando todo tipo de ayuda a los afectados por las inundaciones, y los voluntarios que, junto a Fuerzas Armadas, los bomberos y la Protección Civil, trabajan incansablemente desde hace días para rescatar a las víctimas, ya sean humanas o animales. Hasta la fecha, se calcula que unas 10.000 mascotas han sido retiradas del agua, una muestra de que cualquier vida, incluso la de puercos y gallinas, importa.