Un tribunal federal ordenó a la Fiscalía General de la República determinar qué delitos pueden todavía perseguirse contra la ex procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, y el hoy fiscal del estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, quien fue subprocurador, por la manipulación de testigos protegidos en el sexenio de Felipe Calderón.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, otorgó un amparo al ex comisario general de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, el cual dejó sin efecto el acuerdo emitido el 23 de noviembre de 2018, donde la PGR determinó que no podía ejercer acción penal contra los ex funcionarios que tenían la calidad de inculpados en una averiguación previa, porque los delitos prescribieron en 2014.
Los magistrados federales revocaron el fallo de la juez Sandra Leticia Robledo Magaña, juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, quien en primera instancia negó la protección de la justicia a Herrera Valles tras considerar que la autoridad ministerial estuvo en lo correcto al señalar que los hechos denunciados por delitos contra la administración de justicia, falsedad de declaraciones judiciales y abuso de autoridad, no podían ya ser juzgados.
Herrera Valles presentó una denuncia en la PGR el 26 de marzo de 2014, después de abandonar la cárcel, al ser absuelto del delito de delincuencia organizada, del cual la PGR lo responsabilizó, luego de que inició una serie de denuncias contra el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Lo anterior dio inició a la averiguación previa AP/113/AP/DGDCSPI/2014, donde Javier Herrera acusó a la ex titular de la Seido y ex procuradora Marisela Morales; al ex subprocurador Irving Barrios Mojica; y Nora Caballero Trejo, quien integró la averiguación previa contra el testigo protegido José Salvador Puga Quintanilla con nombre clave El Pitufo, uno de los tres delincuentes que acusaron falsamente a Herrera de tener nexos con el cártel del Golfo.
Los otros dos delincuentes que se acogieron al programa de testigos colaboradores son el abogado Roberto López Nájera, con nombre clave Jennifer, y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, con nombre clave Mateo, uno de los más sanguinarios y principales líderes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
¿Por qué denunciaron a la ex procuradora?
La ex procuradora fue denunciada por supuestamente utilizar testigos protegidos para que declararan contra Herrera Valles, lo que lo mantuvo cuatro años en la cárcel.
“A fin de resarcir la transgresión a los derechos fundamentales del peticionario de amparo, la autoridad responsable deberá en principio -con base en las constancias que integran la averiguación previa de que se trata-, precisar los delitos que posiblemente se actualicen por cada uno de los inculpados y, de insistir (la FGR) en la actualización de la prescripción de la acción penal, tendrá que especificar de manera puntual el momento a partir del que se consuma cada uno de los ilícitos que previamente determinó”, detalla la sentencia.
El tribunal ordenó dejar sin efecto el acuerdo del Ministerio Público Federal y demandó realizar un estudio integró de las diligencias practicadas en la averiguación previa, para determinar de manera precisa el delito probablemente cometido por cada uno de los inculpados.
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