En la historia del México independiente, podemos observar que el voto no ha tenido el mismo significado que tiene hoy.

En dos siglos, el voto ha transitado de una participación limitada y cooptada, a la exigencia de representatividad y democracia.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, se estableció un voto “universal”. Pero no era tan universal, porque si bien todos los varones mayores de 21 años tenían derecho a ejercer sufragio, lo cierto es que la mitad de la población no tenía acceso a él.

Además, se trataba de un sistema indirecto de elección, ya que se votaba por electores, que eran personas que, a su vez, elegían a los diputados y al presidente de la República.

En 1916, se convocó a un Congreso Constituyente, órgano electo para redactar la Constitución de 1917, en la cual se estableció el voto directo.

En cuanto al derecho de la mujer al voto en México, el 12 de febrero de 1947, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición al artículo 115 Constitucional, para permitirles la participación en los sufragios. Pero no fue sino hasta el 17 de octubre de 1953 que se concluyó el trámite legislativo y hasta el 3 de julio de 1955 es que las mujeres en México votaron por primera vez en una elección federal.

En la década de los setenta, se comenzaron a gestar diversos movimientos sociales que demandaban sus derechos políticos y civiles. Uno de ellos fue el movimiento feminista, que logró visibilizar los obstáculos que enfrentaban las mujeres para ejercer su derecho a ser votadas y ocupar cargos de elección popular.

En años posteriores, se sumaron otros movimientos que han logrado la implementación de mecanismos para garantizar el derecho al voto de personas que históricamente han sido excluidas de la participación política, como las personas migrantes, con discapacidad, privadas de su libertad y pertenecientes a la población LGBTIQ+.

Así, hemos podido ser testigos de una transición democrática hacia un sistema de “cuotas”, que ha sido pieza clave para saldar la desigualdad política, ha colocado poco a poco a estos grupos dentro de diversos cargos públicos y ha incentivado su participación política, logrando que hoy resulte casi inminente el acceso de una mujer a la Presidencia de la República, lo cual indudablemente tiene un impacto cultural y simbólico.

De igual forma, hemos transitado a que, en la actualidad, las personas recluidas en prisión preventiva, puedan votar, así como las personas que residan en el extranjero o aquellas que tengan alguna enfermedad o impedimento físico para acudir a las urnas, a través de la modalidad del voto anticipado. Asimismo, los pueblos originarios también tienen acceso y representación política.

En esta entrega, decidí abordar este tema, para tener presentes los esfuerzos que se han dado a través de la historia de México, para consolidar el ejercicio del voto.

Vemos en medios de comunicación y redes sociales una gran actividad para incentivar el acudir a las urnas el día de la jornada electoral y los motivos para hacerlo son diversos, pero también valdría la pena concientizar que el derecho actual que tenemos para ir a votar, es el producto de grandes esfuerzos y luchas sociales históricas, reivindicatorias, las cuales vale la pena conocer, apreciar y agradecer. Que todo esto nos permita darnos cuenta de su trascendencia.

Poder tener en nuestras manos una boleta electoral, contar con la posibilidad de tomar una decisión libre, secreta, directa y personal, no es gratuita, sino el resultado de grandes esfuerzos para consolidar nuestro sistema democrático.

Démosle su justo valor a cada cosa que hacemos, el derecho a votar es un hecho trascendente y valioso. Otorguémonos como personas, el crédito y la importancia que tenemos cuando ejercemos nuestro voto, porque ese acto tiene un gran valor, con repercusiones personales, para nuestros hijos y para la sociedad, tanto en la actualidad como a futuro.